VALLADOLID, 29 (EUROPA PRESS)
Más de 1.300 ciudadanos y empresas de Castilla y León vieron “mejoradas” en 2024 sus relaciones con la Junta a través del registro electrónico de apoderamientos, un servicio público que fue incorporado en 2019 con el objetivo de impulsar una comunicación “fluida y eficiente” entre la Administración autonómica y los castellanoleoneses.
Ya sea de forma presencial en una de las Oficinas de Asistencia que la Junta tiene repartidas por todas las provincias o bien a través de la sede electrónica, todos los ciudadanos pueden llevar a cabo los trámites necesarios para otorgar un apoderamiento.
Como ha señalado el consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, la Junta valora el tiempo de cada ciudadano, por eso facilita que esta solicitud pueda realizarse de forma telemática y que, así, no suponga un inconveniente cotidiano para la persona solicitante.
A este servicio, que es completamente gratuito para los ciudadanos, pueden acceder las personas o empresas (técnicamente conocida como ‘poderdante’) que quieran otorgar poder a otra persona (el apoderado) para que la represente ante la Administración autonómica.
También una persona que solicite convertirse en el apoderado de otra persona o empresa. En este segundo supuesto, la voluntad del poderdante se ha de justificar en el registro electrónico, para que, de forma posterior, se pueda validar que, efectivamente, es deseo de esta persona traspasar sus poderes a un tercero (en un proceso que se conoce con el nombre de ‘bastanteo’).
En el año 2024, los apoderamientos inscritos en este Registro Electrónico han sumado un total de 1.345. De ellos, 229 han sido tramitados presencialmente: esto significa que los ciudadanos se han acercado a una de las Oficinas de Asistencia antes señaladas, donde los empleados públicos de la Junta de Castilla y León les han podido guiar a través del Registro Electrónico, solventar sus dudas y finalizar el trámite de forma satisfactoria.
Los apoderamientos que se pueden solicitar se dividen en tres tipos: A, B y C. Los apoderamientos tipo A deben tramitarse a través de la Administración General del Estado, dado que son los que otorgan poderes para actuar ante cualquier administración: la propia del Estado, la de la Junta o la de cualquier tipo de entidad local (ayuntamientos o diputaciones provinciales).
Los apoderamientos tipo B y tipo C son los que gestiona directamente la Junta de Castilla y León, por estar relacionados exclusivamente con la actuación de la Administración autonómica.
La diferencia estriba en que, mediante el apoderamiento tipo B, la persona o empresa otorga un poder para ser representado ante cualquier actuación administrativa, mientras que el tipo C solamente se refiere a un determinado trámite o expediente, especificado convenientemente en los documentos presentados.
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