LAGUNA DE DUERO (VALLADOLID), 7 (EUROPA PRESS)
El Grupo Socialista de Laguna de Duero (Valladolid) ha presentado escrito de impugnación del Pleno municipal del 18 de febrero en el que se ratificó la renuncia de la concejal y teniente de alcalde María Isabel Pérez Martín para sustituir en las Cortes de Castilla y León al dimitido vicepresidente de la Junta Juan García Gallardo.
Los socialistas justifican su petición en el incumplimiento de los plazos legales de convocatoria al considerar que no se justifica ni motiva la urgencia requerida, por lo que solicitan la medida cautelar de suspensión del acuerdo.
A su juicio, el pleno extraordinario fue una “cesión” del alcalde, Avelino Álavarez, a VOX para favorecer a su concejal dimitida y nueva procuradora en las cortes.
En esta línea, en un comunicado recogido por Europa Press, han explicado que la convocatoria del pleno con menos de dos días hábiles, como establece la ley, y su “falta de rigor en motivar y justificar la urgencia” es el motivo de la impugnación.
“La ley es clara”, ha añadido el PSOE, que ha recordado que son sesiones extraordinarias urgentes las convocadas por el alcalde o presidente cuando la urgencia del asunto o asuntos a tratar no permite convocar la sesión extraordinaria con la antelación mínima de dos días hábiles exigida por la Ley 7/1985, de 2 de abril.
MOTIVOS RAZONADOS
Además, el Grupo ha explicado que es necesario que las razones aducidas para dicha urgencia tengan por su propia naturaleza “entidad suficiente” para explicarla, “que evidencien que no era posible o conveniente la observancia del plazo de antelación que rige como norma general”.
Por eso los socialistas votaron en contra de la ratificación del mencionado pleno y solicita el cumplimiento de la ley porque el alcalde y la propia concejal conocían la noticia “con la suficiente antelación”, dado que sabían que ella era la sustituta por ser la siguiente en la lista y ya el día 3 de febrero –el 10 se celebró el pleno– era público en los medios, y por tanto, “pudo convocar el pleno sin utilizar la urgencia”.
Así, el Grupo Municipal ha advertido que la nulidad del acuerdo de ratificación de la urgencia conllevaría el mantenimiento de la condición de concejala a la dimitida e implicaría también la nulidad de su nuevo cargo de procuradora por incompatibilidad de ambos cargos, según el reglamento de las Cortes de Castilla y León.
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