VALLADOLID, 14 (EUROPA PRESS)
La Audiencia de Valladolid concluye este lunes el juicio contra cuatro personas acusadas de apropiación indebida por dejar un ‘agujero’ de más de casi dos millones y medio de euros en las cuentas de la sociedad Hergasa durante los años 2006 y 2013.
Los acusados–inicialmente eran seis pero dos han fallecido–se enfrentan a una posible condena de cuatro años de prisión y multa de 2.160 euros por delito de apropiación indebida o, alternativamente, a tres años y tres meses por delito continuado de administración desleal.
En concepto de responsabilidad civil, los encausados, de forma solidaria, indemnizarán con 240.124 euros al socio minoritario G.G.A. por el daño soportado en función de su cuota de titularidad del capital social de Hergasa S.A. o, alternativamente, con 2.401.249 euros a dicha mercantil por el perjuicio económico sufrido por ésta, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.
En su relato de hechos, la acusación pública sostiene que los acusados, operando al margen de la contabilidad oficial y prevaliéndose del control tanto en Hergasa como del Órgano de Gerencia y del Consejo de Administración, entre los años 2006 y 2013 dispusieron irregularmente a su favor de cantidades que retiraron de la sociedad y de sus cuentas, hasta un total de 1.295.440 euros.
Y ello lo realizaron, presuntamente, cobrando cheques bancarios, tanto nominativos como al portador, sin que existiera relación causal subayecente que justificara su emisión, algo que fue reconocido por los propios acusados en acta notarial de la Junta de 3 de marzo de 2016.
RECONOCIMIENTO DE LOS ACUSADOS
Entonces, reconocieron las importantes cantidades obtenidas, desde los 20.250 y 28.650 euros conseguidos por J.V.G.G. y J.M.G.E, respectivamente, pasando por los 73.202 de L.G.D. y hasta los 385.918 euros embolsados por M.E.G.G. o los 525.353 euros que se llevó J.V.G.M.
Pero además, puestos asimismo de acuerdo, los encausados, presuntamente, distrajeron de Hergasa otros 1.105.808 euros con destino a sociedades también controladas por ellos, en lo que calificaron como préstamos irrecuperables y cuyo destino final no ha podido ser verificado. Esta salida de fondos, al no existir contrato ni soporte documental que la amparara, fue detectada por el auditor de cuentas, nombrado por el Registro Mercantil con la oposición de los investigados, al examinar las cuentas del ejercicio 2014.
Ninguna de las citadas actuaciones cuentan con acuerdo social o contrato alguno que las legitime, constituyendo un verdadero vaciado patrimonial de la sociedad perjudicada y del socio minoritario, a juicio de la acusación pública, que también subraya que los seis acusados han desatendido de forma reiterada los continuos requerimientos para que reitegraran el dinero a la sociedad o realizaran las actuaciones necesarias a tal fin.
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