VALLADOLID, 20 (EUROPA PRESS)
“¡Me encuentro en esta situación sin tener nada que ver!”, ha alegado Daniel D.G. para desvincularse por completo de los 11 kilos de Speed que la policía intervino en marzo en un piso de la calle María Vargas, en Pajarillos Altos, inmueble que, como así ha dicho el acusado, no era de su propiedad y en cuyo interior jamás había estado en su vida.
El acusado ha comparecido este miércoles ante la Audiencia de Valladolid para defenderse del delito de tráfico de drogas por el que el fiscal del caso solicita para él una condena de ocho años y medio de prisión y multa de 700.000 euros, frente a la petición absolutoria de su letrado, quien ha invocado la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, el de un proceso con todas las garantías y la nulidad de la entrada y registro en el piso.
La detención de Daniel se produjo el 2 de mayo del presente año a raíz de una denuncia por violencia de género de su entonces pareja, moradora del piso situado enfrente de la vivienda donde fue hallada la droga.
Al registro autorizado por el Juzgado de Violencia sobre la Mujer, con participación de efectivos de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) en busca de las numerosas armas y dinero denunciados por su expareja, siguió un segundo media hora después, en este caso validado por el Juzgado de Instrucción número 3, al comprobar los agentes de la primera intervención la existencia de numerosas cantidades de diversas drogas, fundamentalmente speed, repartidas por todo el inmueble.
En su testimonio ante la Sala, Daniel, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha sostenido que el piso donde fue localizado el importante alijo, con un valor de unos 330.000 euros, no era de su propiedad y que no había estado nunca en su interior, ya que él vivía en el domicilio de su padre.
“UN CHICO LATINO”
“Sólo he estado en el piso de mi expareja, que encontraba enfrente y que es donde ella vivía. Ni sé quién es el dueño de ese piso ni he estado en su interior. Alguna vez me he cruzado en la escalera con un chico latino que salía de él, pero no sé nada más”, ha mantenido en todo momento el encausado, quien por ello ha asegurado que nada de lo intervenido en el interior del piso del alijo era de su propiedad.
Sin embargo, cuatro agentes que participaron en los registros, uno de la UFAM y tres del Grupo Octavo de la Policía Nacional de Valladolid, han coincidido al señalar que en todo momento el acusado les fue explicando de qué sustancias se trataba cada vez que daban con un paquete o envoltorio y que en el inmueble hallaron ropa y otras pertenencias que reconoció como suyas e incluso encontraron su propio DNI en una estantería.
Las llaves del piso se las facilitó a la Policía Nacional el propio padre del acusado. No obstante, el progenitor de Daniel ha comparecido también en el juicio para sostener la versión de su hijo de que vivía con él y para explicar que las llaves en cuestión se las entregó el día anterior al registro un agente que conducía el coche patrulla ocupado también por el detenido.
“Me entregaron las llaves de una vivienda y también otras de mi coche que estaban en posesión de mi hijo. Al día siguiente me llamaron del juzgado para que me personara en la vivienda de María Vargas y entregara las llaves de ese piso, cosa que hice”, ha concluido Teodoro D.M.
Frente a la solicitud de condena del fiscal, la defensa plantea al tribunal la absolución de su cliente por la vulneración de derechos fundamentales y en caso de no ser atendida su petición interesa que se tenga en cuenta con atenuante la toxicomanía del acusado.
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