VALLADOLID, 30 (EUROPA PRESS)
El Gobierno, a través del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, colabora con la Junta con actuaciones por un importe de al menos 3.400.000 euros para restauraciones forestales de emergencia, además de realizar trabajos de recuperaciones hidrológicas por otros 800.000 euros en las zonas afectadas por los incendios forestales que han tenido lugar en esta Comunidad durante este verano.
Así, ya han comenzado las restauraciones forestales que el Gobierno lleva a cabo en la zona devastada por el incendio de la Sierra de la Culebra. Según ha explicado el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, a la delegada del Gobierno, Virginia Barcones, en una reunión celebrada esta mañana en Madrid, estas actuaciones de emergencia, que tienen un plazo de ejecución de siete meses, se centran en estabilizar los suelos frente al peligro de erosión por lluvias y en recuperar la integridad de los ecosistemas afectados.
Por otra parte, la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) también ha iniciado actuaciones de restauración medioambiental en cinco cauces afectados por los daños causados por este mismo incendio ocurrido el pasado mes de junio con el fin de recuperar la cubierta vegetal en los márgenes para prevenir la erosión, evitar las pérdidas de nutrientes del suelo y facilitar la recuperación de la fauna y de la flora.
Hugo Morán ha explicado, así mismo, que la Junta ha recibido también del Gobierno la consignación de 39,2 millones para que los invierta en la restauración de ecosistemas, en la elaboración de planes e instrumentos de gestión forestal sostenible y en la mejora de la biodiversidad terrestre.
Este dinero se suma a los otros casi 41 millones de euros para los mismos fines que recibió el Gobierno autonómico en 2021, tal y como ratificó la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente de julio del pasado año, informa la Delegación del Gobierno a través de un comunicado remitido a Europa Press.
A estas aportaciones, que pueden destinarse por parte de la Junta a la restauración ecológica para revertir la pérdida de biodiversidad que provocan los incendios forestales, podría sumarse también la asignación autorizada hoy por el Consejo de Ministros de otros diez millones en zonas de reto demográfico, parte de los cuales deben invertirse en ayudas a la bioeconomía que impulsen, entre otras, acciones de aprovechamiento silvícola, ganadería extensiva, y producciones forestales sostenibles.
“Por lo tanto -ha concluido la delegada del Gobierno- con los 4,2 millones en actuaciones directas para restauraciones forestales e hidrológicas de emergencia, con los 80 millones transferidos a la Junta para restauraciones de ecosistemas y mejora de la biodiversidad terrestre y con los diez millones para impulsar la bioeconomía en zonas de reto demográfico de esta comunidad autónoma son cerca de cien millones los que el Gobierno destina a fines que persiguen restaurar espacios que, por diversos motivos, como los incendios forestales, necesitan ser revitalizados”.
CRÍTICAS A LA JUNTAEn esta reunión entre el secretario de Estado y la delegada se ha abordado también la importancia que debe tener, para frenar incendios tan devastadores como los que estamos sufriendo este verano, el Real Decreto-ley 15/2022, de 1 de agosto, por el que se adoptan medidas urgentes en materia de incendios forestales.
En este sentido, tanto Hugo Morán como Virginia Barcones han lamentado que desde la Junta hayan decidido “hacer política partidista con los incendios forestales” al criticar “con argumentos peregrinos” la nueva normativa.
Así, recuerdan que desde la Consejería de Medio Ambiente han explicado que algunos sistemas de extinción de incendios siguen siendo una “competencia primaria” del Estado, “un invento de la Junta -ha manifestado la delegada- para zafarse de la responsabilidad que le corresponde al Gobierno autonómico por su manejo de la política antiincendios”.
La Junta tiene todas las competencias ejecutivas de gestión de la política forestal porque así lo reconoce su propio estatuto de autonomía, han añadido. La delegada del Gobierno ha invitado a los responsables autonómicos a “leerse el artículo 70, epígrafe ‘Competencias exclusivas'”. “Hay que recordárselas puesto que parecen haberlo olvidado. No es una cuestión de puntos de vista. Es el Derecho, las leyes, que hay que cumplir”, ha apostillado.
El Estado conserva, “como es natural”, ha dicho Barcones, la potestad de dictar leyes básicas en todos los ámbitos y, por supuesto, también en aquellas materias de gestión transferida a las CC AA como la política forestal y de lucha contra incendios. Las leyes básicas tienen el objetivo de armonizar y establecer un marco jurídico común para todos los ciudadanos españoles, independientemente de dónde vivan.
Dentro de esa potestad de fijar legislación básica, el Gobierno aprobó el 1 de agosto este Real Decreto-ley de modificación de la Ley de Montes en las que delimita mejor la responsabilidad de las CC AA y de la propia Administración General del Estado en las políticas de prevención y lucha contra incendios para dar respuesta a la nueva realidad propiciada por el cambio climático: incendios cada vez más devastadores frente a los que no sirven los esquemas antiguos.
Virginia Barcones, ha salido al paso de las “afirmaciones falsas y manipuladoras que desde la Consejería de Medio Ambiente se vierten en algunos artículos de prensa”. “Por ejemplo, con la modificación de la Ley de Montes el Gobierno ‘no se ahorra nada’. Más bien al contrario, lo que hace es consolidar el compromiso de colaboración y solidaridad de la Administración General del Estado, que antes no estaba detallada en ninguna norma”, ha argumentado.
“Es decir, -ha continuado diciendo- antes, el Gobierno no estaba obligado a aportar fondos para la restauración de espacios y áreas afectadas por incendios forestales dado que las competencias son autonómicas. Ahora sí. Y, por supuesto, es falso que el Gobierno no pueda aportar fondos si el incendio no supera las 10.000 hectáreas. Que se lean la ley”.
“También han dicho desde la consejería que el Gobierno descarga responsabilidades indebidas sobre las CC AA. De nuevo esto es falso, dado que las competencias de extinción son de las CC AA, por lo que la Administración General del Estado no tiene que financiar los operativos autonómicos, dado que no es su función. Pero esto no es óbice para que, como viene haciendo, el Gobierno de España esté cumpliendo escrupulosamente su función de apoyo, de ayuda y colaboración, con el despliegue de medios de cobertura nacional, es decir, medios que no están adscritos al lugar donde se ubican, sino que podrán actuar en cualquier punto del territorio donde sean necesarios. Esta es la función de la AGE y no la de financiar los operativos autonómicos”.
Por último, la delegada ha pedido a la Junta que utilice el tiempo en preparar unos planes de prevención y extinción que sean “capaces” de dar respuesta en Castilla y León a este “gravísimo” problema y “se deje de excusas y empiece a trabajar en serio”.
- Te recomendamos -
