SEGOVIA, 13 (EUROPA PRESS)
El consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha manifestado que la actividad de minería a cielo abierto que está solicitada en la zona nordeste de la provincia y que cuenta con el rechazo de la población y ayuntamientos de la comarca, recibirá o no su licencia de actividad de acuerdo a los dictámenes técnicos ambientales que marca la ley.
Suárez-Quiñones ha visitado Segovia para acompañar al candidato a la Alcaldía, José Mazarías, en un recorrido por las vías comerciales y de la ciudad.
En un encuentro con los medios de comunicación ha sido preguntado por este conflicto entre la solicitud de actividad extractiva en el nordeste de Segovia y el rechazo que han manifestado los ayuntamientos de la comarca y los vecinos, que ya ha sido transmitido a la propia Consejería a través de las alegaciones pertinentes.
Suárez-Quiñones ha comentado que “las actividades económicas han de estar amparadas en la legalidad y la Junta de Castilla y León no es una administración que otorga o niega licencias por capricho o voluntad política, sino que tienen que cumplirse los trámites”.
El consejero ha aludido al derecho constitucional de libertad de empresa, por el que cualquier persona o sociedad puede solicitar cualquier actividad empresarial, cumpliendo los filtros legales.
El consejero de Medio Ambiente ha definido esos filtros, en este caso medioambientales, como “muy exigentes, con una normativa europea, nacional y autonómica muy exigente, con exámenes ambientales y, en este caso, una declaración de impacto ambiental muy rigurosa, realizada con informes técnicos, no de políticos, sino de personal funcionario”.
Según el consejero, si la solicitud de actividad pasa el plácet de requisitos ambientales, “es un acto obligado el conceder autorización”.
Quiñones ha pronosticado qué sucedería en caso de no concederlas a pesar del informe técnico favorable, porque “los tribunales las concederían”, de la misma manera que si se concedieran sin el plácet ambiental adecuado, “los tribunales la echarán abajo”.
Sobre el mismo asunto ha opinado también el presidente de la Diputación, Miguel Ángel de Vicente, resaltando que “las cuadrículas mineras en las que trabajar, las aprueba el Gobierno de España”.
Según De Vicente, el mapa de cuadrículas mineras, los territorios en los que pueden desarrollarse proyectos de minería son propuestos y planificados por el Gobierno de España.
Por esta razón, Miguel Ángel de Vicente ha señalado que esta reivindicación sobre el por qué de una actividad minera en esta comarca “habría que hacerla, en primer lugar, al Gobierno de España”.
Según De Vicente, quienes han aprovechado ahora este relato sobre la minería para hacerse notar en época electoral, deberían pedir explicaciones, en primer lugar, al Gobierno de España, antes de intentar hacer recaer la responsabilidad en la Junta de Castilla y León.
De Vicente ha pedido que se explique “por qué no se pide, en primer lugar, al Gobierno de España, que las cuadrículas mineras se corrijan” .
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