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El Consello Galego de Relacións Laborais emite un manifiesto de apoyo al SERLA de CyL

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UGT y CCOO advierten de que mientras en Madrid se ha registrado el III Acuerdo del Sistema de Solución de Conflictos Laborales

VALLADOLID, 7 (EUROPA PRESS)

La Comisión Permanente del Consello Galego de Relacións Laborais, por unanimidad, ha emitido una declaración institucional de apoyo al mantenimiento del Servicio Regional de Relaciones Laborales (SERLA) de Castilla y León, ante su posible extinción tras el anuncio del consejero de Industria, Mariano Veganzones, de acabar con su financiación.

Ante ello, el Consello Galego de Relacións Laborais, en esa declaración institucional recogida por Europa Press, recuerda que los mecanismos extrajudiciales de solución de conflictos de trabajo son clave, según la legislación laboral, para solventar todo tipo de controversias entre las personas trabajadoras y las empresas o sus respectivos representantes.

Al mismo tiempo, el modelo constitucional de relaciones laborales se basa en la autonomía de las organizaciones sindicales y empresariales para establecer su marco de relaciones mutuas, debiendo los poderes públicos otorgarles los medios adecuados para ello.

En ese contexto, el Consello Galego añade que los organismos con presencia paritaria de centrales sindicales y asociaciones empresariales surgidos a lo largo de los más de cuarenta años de democracia en todas las comunidades autónomas, bajo distintas coberturas jurídicas, para ejercer competencias de mediación, conciliación y arbitraje en cuestiones laborales han mostrado sobradamente la utilidad del servicio público que prestan.

Por lo expuesto, “desde la Comisión Permanente del Consello Galego de Relacións Laborais ponemos en valor los logros conseguidos por el SERLA, esperamos que no se consume su desaparición y nos solidarizamos con su personal y con las organizaciones que lo forman”.

MADRID Y CYL, DIRECCIONES CONTRARIAS

Por su parte, los sindicatos UGT y CCOO en Castilla y León, a través de un comunicado recogido por Europa Press, han confrontado la realidad de esta Comunidad con la de la madrileña, donde allí la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo ha registrado y publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, el III Acuerdo sobre mediación laboral suscrito por ambas organizaciones sindicales y la Confederación Empresarial de Madrid (CEIMCEOE).

El acuerdo reconoce el Instituto Regional de Mediación y Arbitraje de la Comunidad de Madrid (IRMA), semejante al SERLA de Castilla y León, como una herramienta que permitirá una mayor polivalencia a los medios de solución de discrepancias y una más rápida y eficaz solución de las controversias.

En el acuerdo de los agentes sociales se explica que transcurridos 28 años desde la creación del Sistema y cuatro desde la última actualización, CCOO Madrid, UGT Madrid y CEIM estiman “conveniente adecuar el texto a las innovaciones normativas que se han producido desde entonces y, principalmente, a los cambios experimentados en materia económica y laboral que han repercutido en nuestra Comunidad Autónoma”.

Se trata de un modelo de mediación laboral muy parecido al de Castilla y León en la forma y en el tiempo, recuerdan UGT y CCOO en Castilla y León. “Sin embargo, mientras en Madrid avanzan en la dirección adecuada para consolidar el sistema de arbitraje, en Castilla y León, la extrema derecha va en dirección contraria y el PP de Mañueco sigue agazapado esperando el momento para concretar la suya.

Con todo, el SERLA sigue adelante a pesar de que, desde el 1 de enero, no tiene financiación, porque la Junta de Castilla y León no consignó partida en el Presupuesto de 2023.

La actividad de este servicio, advierten ambas organizaciones sindicales, está generando una deuda que la Junta tendrá que asumir porque el servicio de mediación solo puede realizarlo el SERLA, ya que no hay otro organismo que pueda asumir sus funciones, tal y como recoge una sentencia del Tribunal Supremo.

De hecho, concluyen que fue la propia Junta la que recurrió al Supremo en casación para que el SERLA tuviera la exclusividad en el tratamiento de los conflictos laborales y el juez le dio la razón.


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