VALLADOLID, 17 (EUROPA PRESS)
El presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León, Mario Amilivia, ha realizado una serie de recomendaciones a la Diputación de Ávila entre las que se encuentra impulsar acciones y garantizar el respeto del principio de legalidad en diferentes ámbitos como en la aprobación y el conteniodo de la relación de puestos de trabajo (RPT), su oferta de empleo público, las plantillas y los anexos y registro de personal.
Esta es una de las recomendaciones que ha explicado el presidente del Consejo durante su comparecencia en la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes, donde ha presentado el informe que analiza el nivel de prestación y asistencia de la Diputación de Ávila a los pequeños municipios en el periodo 2019-2022.
Dentro de esta recomendación genérica de impulsar acciones para garantizar el respeto del principio de legalidad también se incide en que se aplique a la canalización de subvenciones a través de convenios y planificación estratégica o el cumplimiento de las obligaciones de transparencia, mediante la comunicación a las correspondientes instancias de la información relativa a subvenciones, contratos, convenios y costes efectivos.
Asimismo, se recomienda una coordinación de servicios obligatorios, cooperación jurídica, económica y técnica a los municipios y el cumplimiento del plazo legal de rendición de cuentas.
Como segunda recomendación, Amilivia ha señaldo que la Diputación “debe priorizar el ejercicio de las competencias sobre cooperación jurídica, económica y técnica” con los municipios en cuanto instrumentos necesarios para alcanzar uno de los fines principales a los que, por imperativo legal, debe orientar su actuación la provincia, en cuanto agrupación de municipios, de forma que se asegure la prestación integral y adecuada en la totalidad del territorio provincial de los servicios de competencia municipal bajo los principios de solidaridad y equilibrio intermunicipales.
En tercer lugar, el Consejo considera que la Institución provincial debe adaptar su funcionamiento y dimensionamiento a los cambios introducidos en el ordenamiento jurídico derivados de las modificaciones legales sobre racionalización y sostenibilidad de la Administración Local.
OTRAS RECOMENDACIONES
Asimismo, el informe señala que la Diputación debe mejorar la regulación del plan provincial de cooperación a las obras y servicios de competencia municipal y otros planes o instrumentos específicos de asistencia y cooperación para la realización de inversiones, actividades y servicios municipales en la que se incluyan las adecuadas medidas de planificación estratégica.
Por otra parte, en su informe, el Consejo de Cuentas también dirige una recomendación a la Junta, la cual considera que se deberían dictar las medidas dirigidas a asegurar la coordinación de los diversos planes provinciales, de acuerdo con lo previsto en los artículos 36.2.a) y 59 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
Amilivia ha destacado que el informe, publicado el pasado mes de junio, ha comenzado a tener “efectos positivos” porque, aunque la diputación abulense rindió su cuenta fuera de plazo en los cuatro ejercicios fiscalizados, la Cuenta General de 2023 ha sido ya rendida por la institución dentro del plazo legalmente establecido, de forma que ha dado cumplimiento así a una de las recomendaciones realizadas.
Asimismo, ha explicado que la liquidación del ejercicio 2023 refleja gastos por 78 millones de euros, un 21 por ciento más que en el ejercicio precedente, un saldo de tesorería de 51 millones y un endeudamiento al cierre del ejercicio de 19 millones.
En el informe, los resultados de la fiscalización se recogen en 69 conclusiones sobre la estructura organizativa de la provincia, personal de la corporación provincial, análisis presupuestario, funciones de coordinación de los servicios públicos municipales, prestación de servicios y ejercicio de actividades en los municipios de la provincia, análisis de los costes efectivos de estos y el ejercicio de otras competencias por la diputación con incidencia en el ámbito municipal y a servicios de carácter supramunicipal.
A la vista de todo ello, el Consejo efectuó cinco recomendaciones, cuatro dirigidas a la diputación y una a la comunidad autónoma.
DIEZ INFORMES
El informe presentado es el primero de un total de diez, uno por cada una de las nueve diputaciones provinciales y otra par ael Consejo Comarcal de El Bierzo con el objetivo de analizar si dicha asistencia está alineada con lo establecido por la normativa de régimen local.
El de la Diputación de Ávila es el primero de los diez previstos, mientras que el resto se encuentran en distintas fases de realización, ha informado el Consejo.
Así, el referido a la Diputación de León se está finalizando y los del Consejo Comarcal y la Diputación de Burgos se aprobarán en este primer semestre. En el segundo se publicarán los de las diputaciones de Palencia y Salamanca, y en cuanto al resto, se hallan en fase inicial.
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