VALLADOLID, 29 (EUROPA PRESS)
El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León, en su reunión de este jueves, ha aprobado una partida de 1.061.196 euros destinada al Consejo Comarcal de El Bierzo para la intervención en entornos de jóvenes infractores o prevención de violencia filio-parental y para financiar el Centro de Asistencia Ambulatoria.
De esta manera, el Consejo Comarcal de El Bierzo recibirá una subvención directa durante este año y el próximo para sufragar una serie de actuaciones en materia de protección a la infancia y las actividades del Centro de Asistencia Ambulatoria para drogodependientes.
En cuanto al ámbito de la infancia, una de las actividades subvencionadas está relacionada con la gestión de situaciones que puedan producir el desamparo del menor.
Además, la institución comarcal desarrollará un programa para poner en marcha aquellas actuaciones generales derivadas de la ejecución de medidas judiciales para jóvenes infractores y otro con medidas más especializadas a través del apoyo profesional en casos de violencia filio-parental.
Todos estos servicios están integrados en la Red de Protección de las Familias de Castilla y León afectadas por la crisis. El pasado año se atendió a 109 jóvenes, se ejecutaron 68 medidas con menores infractores –45 administrativas y 23 judiciales– y se intervino en 17 familias de 19 menores en casos relacionados con la violencia filio-parental.
Respecto a la atención a la drogodependencia, el objeto de financiación es el Centro de Asistencia Ambulatoria (CAD) especializada, destinado tanto a personas drogodependientes como a sus familias, gestionado por el Consejo Comarcal de El Bierzo. Unas instalaciones que forman parte de la Red de Intervención en Drogodependencias del Plan Autonómico sobre Drogas de Castilla y León.
SOBRE EL CENTRO
En este centro, durante 2022, se ha prestado tratamiento a 287 personas –54 de ellas mujeres, cuatro víctimas de violencia de género–.
De ese total, 153 precisó algún tipo de fármaco; se realizaron 123 informes en colaboración con la Administración de Justicia sobre personas con trastornos por uso de sustancias y problemas jurídico-penales y, además, se participó en 23 medidas alternativas a la privación de libertad y a sanciones. Por último, 33 usuarios participaron en actividades de orientación laboral y formación para el empleo.
Respecto de la plantilla necesaria para desarrollar estas actuaciones, se precisa del personal especializado y adecuado que permita obtener unos resultados satisfactorios. De este modo, en materia de protección a la infancia, deben prestar servicio dos psicólogos –que serán los responsables de los programas–, tres trabajadores sociales, dos educadores sociales –o tres, si han de trabajar a media jornada– y un auxiliar administrativo.
En cuanto al centro ambulatorio, todos los profesionales deben contar con formación específica en materia de drogodependencias. Allí se precisa de un médico, dos psicólogos, dos trabajadores o educadores sociales, dos enfermeros y un auxiliar administrativo.
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