SALAMANCA, 23 (EUROPA PRESS)
El Ayuntamiento de Salamanca ha aprobado definitivamente este viernes, en un pleno extraordinario, las ordenanzas fiscales para 2023 con la incorporación de una de las alegaciones presentadas durante el proceso en torno a la tasa de terrazas.
Concretamente, según han explicado los ediles intervinientes en la sesión, se trata de una petición realizada por la Asociación de Empresarios de Hostelería de Salamanca que supondrá la reducción de un diez por ciento de la tasa de terrazas por ocupación de suelo público, además de la determinación de las calles aledañas a la Plaza Mayor en la próxima nueva reglamentación.
Sobre el conjunto de ordenanzas, tanto el portavoz del Grupo Popular, Fernando Rodríguez, como el de edil de Ciudadanos, Juan José Sánchez, cuyas formaciones conforman el equipo de Gobierno, han apuntado que lo aprobado permitirá la “congelación” de los cinco impuestos municipales, así como las tasas y tarifas, salvo las que incorporan en los contratos concesionarios la subida del IPC, como ocurre, por ejemplo, el del agua potable y alcantarillado.
Las ordenanzas han contado con el apoyo de los grupos de PP y Ciudadanos. En cuanto al resto de grupos, el PSOE se ha opuesto a todas al no incorporarse ninguna de las alegaciones presentadas por su formación y criticar falta de “progresividad fiscal”; las ediles del Grupo Mixto, Carmen Díez y Virginia Carrera, se han mostrado en contra en la mayoría de ellas, y el concejal no adscrito ha optado mayoritariamente por la abstención.
En la presentación de las ordenanzas, el concejal de Hacienda y portavoz del Grupo Popular, Fernando Rodríguez, ha destacado la congelación “por noveno año consecutivo” de los impuestos, tasas y tarifas salvo las que se ciñen a compromisos contractuales con empresas concesionarias.
La medida de “congelación” afectará a los cinco impuestos municipales (IBI, Plusvalía, IAE, ICIO y Vehículos), así como a la tasa por la recogida de residuos sólidos urbanos (tasa por la recogida de basura) y a las tarifas por el uso del autobús urbano y al aparcamiento de vehículos en zonas de estacionamiento regulado (ORA), al aprovechar en este caso la nueva licitación del contrato de gestión de este servicio, ha explicado.
No así en otros servicios, como el de agua y alcantarillado, depuración de aguas, servicios funerarios, piscinas municipales y la utilización del Multiusos Sánchez Paraíso y de las instalaciones de la Ciudad Deportiva de La Aldehuela, entre otros, donde los contratos de concesión recogen la revisión de precios según IPC.
El Proyecto de Ordenanzas mantiene “las bonificaciones que permiten a las personas y familias con menor capacidad económica beneficiarse de importantes reducciones en impuestos, tasas, precios públicos y tarifas municipales”, ha añadido.
ACTUALIZACIÓN AL IPC
Ante la petición de la oposición de no subir los precios y afrontar ese incremento que contemplan determinados contratos en algunos servicios, Fernando Rodríguez ha explicado que, de no realizarse estas actualizaciones, el Ayuntamiento tendría que compensar a las empresas gestoras de los servicios por la pérdida de ingresos, lo que supondría 1,7 millones de euros.
En concreto, se actualizarán en el 0,17 por ciento, según la evolución interanual (a noviembre de 2021) del índice nacional de precios de la subclase de servicios recreativos y deportivos, las tarifas por la utilización de las piscinas municipales, misma revisión que afectará a las tarifas por la utilización del Multiusos Sánchez Paraíso y por el uso de las instalaciones de la Ciudad Deportiva de La Aldehuela.
Por su parte, se actualizarán en un 8,7 por ciento, según la evolución interanual del IPC a mayo de 2022, las tarifas por la prestación del servicio de suministro de agua potable y alcantarillado, por la prestación de servicios funerarios y de los cementerios municipales, por la utilización de bienes e instalaciones del Mercado Central de Abastos, por el uso del estacionamiento vigilado del Centro de Transportes de Mercancías, y por la prestación del servicio de depuración de aguas residuales.
INTERVENCIONES
El socialista Marcelino García, en representación de su grupo, ha criticado “el estacazo a los salmantinos” con la subida del 8,7 por ciento en tarifas como la de agua potable y que supone “una subida histórica de la presión fiscal”, ante lo que ha incidido en que su grupo hubiese optado por que las arcas municipales afrontasen el incremento suscrito en el contrato. “Mejor en los bolsillos de los salmantinos que en los remanentes”, ha apostillado.
Marcelino García ha abogado por la “progresividad fiscal” y ha lamentado que no se hayan incluido las “alegaciones y reformas de mejora” presentadas, y que hayan hecho caso “a una determinada asociación y al resto de ciudadanos, no”.
El edil de Ciudadanos Juan José Sánchez ha defendido las ordenanzas fiscales presentadas “con cautela y responsabilidad” que inciden en la “contención fiscal” al “congelar” los impuestos y “con carácter general” de las tasas y tarifas.
En cuanto al resto de intervinientes, la edil de Izquierda Unida, Virginia Carrera, ha criticado que la política fiscal de 2023 llega “sin participación” social y con un proyecto “raquítico y sin ambición” con el que el equipo de Gobierno “sube el agua indiscriminadamente”.
La concejal de Podemos, Carmen Díez, ha incidido en la misma línea con referencias al incremento de la tasa del agua, que, como es obligación contractual, ha pedido que se asumiese desde el Consistorio. A este respecto, ha dicho que sería posible el abono desde el Ayuntamiento y, ante ello, ha puesto como ejemplo que supondría, según los datos del Ejecutivo, un desembolso de 1,7 millones y que esta cantidad sería menor a la realizada a los dos millones de euros que dejó “sin ingresar” la entidad local por la gratuidad de terrazas durante los dos últimos años de pandemia.
Asimismo, el miembro de la corporación no adscrito, Ricardo Ortiz, ha criticado que únicamente se hayan incorporado a las ordenanzas fiscales algunas de las peticiones realizadas por la Asociación de Empresarios de Hostelería, ante lo que el portavoz del PP, Fernando Rodríguez, ha avanzado que se debe a que 2023 será “un año complicado” y que, por ejemplo, “al comercio, también se va a apoyar”.
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