VALLADOLID, 3 (EUROPA PRESS)
El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha solicitado que en el nuevo Plan Estatal de Vivienda (PEV) se introduzcan en los criterios de reparto un correctivo por la extensión territorial, elevado número de municipios y de núcleos de población y su dispersión territorial, y no sólo se base el reparto de los fondos por número de unidades de vivienda.
Además, ha reclamado un aumento “decidido” del presupuesto y también recuperar en el nuevo PEV líneas que hubo en anteriores planes y fueron eliminadas, “como la promoción de viviendas de protección oficial con ayudas a la promoción privada, la línea de ayudas a la conservación de las viviendas”.
Así se lo ha trasladado a la responsable del Gobierno central en la materia, Isabel Rodríguez, durante la Conferencia Sectorial de Vivienda y Agenda Urbana, en la que se han tratado diferentes asuntos como este plan o la distribución de las ayudas financieras estatales del Bono de Alquiler Joven para 2024.
El consejero ha puesto de manifiesto a la ministra la protesta de la Junta tras las declaraciones realizadas semanas atrás sobre que las comunidades autónomas que no declarasen zonas tensionadas eran “insumisas en la aplicación de la Ley por el derecho a la vivienda estatal, y por la amenaza de recortarles fondos ordinarios”.
Así, ha reiterando el criterio expresado por los representantes de otras 12 comunidades autónomas y ciudades autónomas, para insistir en que “la intervención en el mercado limitando el importe de la renta produce una reducción de la oferta de alquiler y por tanto elevar los precios, por lo que siendo optativo en la Ley declarar o no esas zonas tensionadas, cumple la misma una comunidad autónoma que las declara como aquellas que no las declaran”.
El consejero ha recordado que la competencia en vivienda no es del Gobierno de la Nación sino de las comunidades autónomas, según recoge un comunicado remitido a Europa Press.
Respecto al nuevo Plan Estatal de Vivienda, el consejero ha pedido a la ministra que este esté presidido por una “voluntad real de consenso” con las comunidades autónomas y “por la voluntad de hacer de él una oportunidad para incrementar el peso de estas políticas para un tema de la máxima preocupación social como es el acceso a la vivienda, especialmente por los jóvenes y también especialmente en el medio rural”.
El consejero también ha puesto de manifiesto la necesidad de configurar en el plan, o en un plan independiente, unas ayudas a la rehabilitación para eficiencia energética con financiación suficiente dado que terminan los fondos europeos extraordinarios PRTR que “soportan ahora estas actuaciones”. Y también ha expuesto la necesidad de crear una nueva línea de financiación de rehabilitación y conservación de centros históricos para municipios del medio rural.
BONO ALQUILER JOVEN
Respecto al Bono de Alquiler Joven, el consejero ha recordado que esta ayuda se creó “sin ningún tipo de consenso con las comunidades autónomas, cuando son las competentes en la materia, y se hizo sin presupuesto, lo que provocó que en Castilla y León tres de cada cuatro jóvenes no pudieron recibir esta ayuda”.
Además, ha recalcado la bajada en la cuantía de la ayuda en la que Castilla y León este año recibiría 10,8 millones de euros, mientras que para la convocatoria anterior recibió 21 millones, lo que significa que “este año va a ser peor”.
Frente a ello, Suárez-Quiñones ha destacado las políticas de la Junta de Castilla y León, en las que las ayudas al alquiler “llegan a todos, jóvenes y no jóvenes” con el presupuesto que sea necesario para alcanzar ese objetivo, y que para las últimas de 2023 resueltas y pagadas en 2024 fue de 40,6 millones de euros.
“Este es el ejemplo que debería tomar el Gobierno de España, primero haber coordinado esa ayuda con las comunidades autónomas, dado que es nuestra competencia, y segundo, si lo hace por su cuenta y unilateralmente, que lo haga con dinero suficiente”, ha insistido el consejero.
Finalmente, Suárez-Quiñones ha instado a la ministra a que pasara “de las palabras de consenso o trabajo conjunto a los hechos para que sea efectivamente así”.
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