VALLADOLID, 1 (EUROPA PRESS)
Castilla y León vuelve a iniciar el año con el presupuesto prorrogado, algo que se repite por octava vez en la historia de la Comunidad, cinco en los últimos seis años, y con la particularidad, en esta ocasión, de que el Gobierno autonómico sí ha logrado sacar adelante el techo de gasto no financiero para 2025 que sustentaría las cuentas, que finalmente se han quedado en fase de anteproyecto de ley.
El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, presentó el citado anteproyecto de ley tras el Consejo de Gobierno Extraordinario del 15 de octubre que aprobó el techo de gasto no financiero por 13.490,50 millones de euros, un 3,82 por ciento más, e informó del borrador de las cuentas que crecían un 3,58 por ciento hasta los 15.084 millones de euros, “las más altas de la historia” y que el PP ha defendido en solitario tras la salida de Vox del Gobierno autonómico en julio.
De hecho, la Junta de Castilla y León ha sustentando en este anteproyecto de ley la negociación con los grupos parlamentarios –Vox no ha acudido a ninguna de las reuniones– para tratar de llegar a un acuerdo que permitiera aprobar el presupuesto en Consejo de Gobierno para su posterior registro en las Cortes, la premisa que han exigido precisamente los partidos para poder plantearse dar el visto bueno a las cuentas.
Esta falta de acuerdo y la decisión de la Junta de no aprobar el proyecto de presupuestos en Consejo de Gobierno ha obligado a iniciar 2025 con la prórroga de las cuentas de 2024, las segundas del entonces gobierno el coalición de PP y Vox por un valor de 14.562 millones de euros que vieron la luz el pasado 30 de abril ya que 2024 también comenzó sin presupuestos.
El Decreto de prórroga de las cuentas de 2024 para 2025 fue aprobado en el Consejo de Gobierno del jueves 26 de diciembre, publicado en el Bocyl del lunes día 30 y ha entrado en vigor este 1 de enero y establece que la disponibilidad de los créditos se supeditará en su cuantía al cumplimiento de la tasa de déficit público comunicada para 2025 del 0,1 por ciento del PIB regional.
La prórroga no afectará a los créditos para gastos correspondientes a actuaciones que hayan concluido en 2024 o que estén financiados con recursos finalistas cuya vigencia no se pueda prorrogar.
La norma está firmada por el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y por el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, que recuerdan que el artículo 89.2 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León establece que si el proyecto de Presupuestos no fuera aprobado antes del primer día del ejercicio económico correspondiente, “quedarán automáticamente prorrogados los del año anterior hasta la aprobación del nuevo”.
ANTERIORES PRÓRROGAS
La última prórroga presupuestaria fue precisamente en 2024 que comenzó con las cuentas de 2023, que sí habían visto la luz el 1 de enero, como acostumbra la tradición, pero sin Ley de Medidas Tributarias, Financieras y Administrativas que los acompañaran tras el “error” o “malentendido” de los dos grupos que sustentan a la Junta al aceptar las enmiendas parciales del PSOE en la última fase de la tramitación de la norma que rechazaron finalmente.
El anterior procedente a esa prórroga presupuestaria fue el de 2022 que comenzó con cuentas prorrogadas por la disolución de las Cortes y por el adelanto electoral que se produjo precisamente a dos días del pleno de debate de las enmiendas parciales de las cuentas que negociaba el entonces Gobierno conjunto de PP y Ciudadanos –negoció hasta el 20 de diciembre de 2021– con Por Ávila.
A diferencia de lo que ocurrió en 2019 o en 2020, cuando ni siquiera se tramitaron las cuentas, en esa ocasión la Junta de Castilla y León sí había llegado a presentar el proyecto de presupuestos de la Comunidad para 2022, que ascendían a 12.835 millones de euros.
De hecho, las cuentas de 2022 habían sorteado gran parte de la tramitación parlamentaria y sólo estaban a expensas del debate de las enmiendas parciales en el pleno de los días 22 y 23 de diciembre, 1.771 a las cuentas y 67 al articulado, debate que quedó truncado por la decisión del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, de disolver las Cortes, vigente desde el martes 21.
PRÓRROGAS ANTERIORES
Las anteriores prórrogas presupuestarias fueron: la triple prórroga del presupuesto de 2018 con el que echó a andar 2021 –otra situación inédita en la historia de la Comunidad–; la de 2011 para 2012 y la de 2016 para 2017, si bien en estos dos ejercicios las cuentas se aprobaron a mediados de año, algo que no ocurrió ni en el ejercicio de 2018 para 2019 ni en el de 2019 para 2020.
El expresidente de la Junta Juan Vicente Herrera optó por la prórroga en dos ocasiones, la primera en 2012, cuando José Luis Rodríguez Zapatero convocó elecciones generales a finales de 2011 sin dejar presupuesto para el siguiente año, y en 2017, tras la comunicación de que las entregas a cuenta que envió el Montoro variaron a la baja y el Gobierno de Rajoy llegó a Navidad sin aprobar ni el objetivo de déficit ni el de deuda y sin apoyos para aprobar las cuentas estatales.
El Decreto de Prórroga de los presupuestos de 2012 obligó a los consejeros a pedir autorización para hacer gastos previa elaboración de una memoria justificativa de su necesidad, oportunidad y posibilidades de financiación –las únicas excepciones fueron las Cortes, el Consultivo y la PAC– mientras que la segunda se optó por una prórroga presupuestaria “muy transitoria” y “blanda” para garantizar los gastos de funcionamiento de las consejerías.
Según explicó entonces la consejera de Economía y Hacienda, en 2011 la Junta tuvo que prepararse “con mucho cuidado y esmero” aquel Decreto de prórroga presupuestaria en el que se basó para el Decreto de 2016 “muy similar” en las instrucciones técnicas pero sin “tantas trabas” a determinados gastos ya que las circunstancias económicas y presupuestarias habían cambiado respecto a aquel año 2012 cuando la Junta declaró “indisponibles” tantos recursos como fueran necesarios para respetar el objetivo de estabilidad de ese ejercicio.
La prórroga de los presupuestos de 2011 se prolongó hasta el 25 de mayo aprobó el Proyecto de Presupuestos de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León para 2012 que ascendía a 9.720 millones de euros, un 3,24 por ciento menos, y se situó en niveles de 2007.
En el segundo caso (de 2016 a 2017) el nuevo presupuesto se aprobó el 23 de junio por un montante total de 10.293,18 millones de euros, un 4,7 por ciento más.
Y la tercera prórroga de ese ciclo se produjo de 2018 para 2019, entonces la Junta justificó la decisión de no presentar el proyecto en la falta de datos ciertos para elaborar una previsión de ingresos y gastos fiable ante la carencia, a su vez, del correspondiente proyecto de presupuestos generales del Estado.
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