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Cuarta suspensión del juicio contra el corredor de seguros acusado de apropiarse del dinero de una clienta

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VALLADOLID, 28 (EUROPA PRESS)

El juicio contra Fernando M.V, un corredor de seguros acusado de quedarse con el dinero de una clienta y, además, elaborar una serie de pólizas ficticias con el fin de alcanzar los objetivos marcados por la compañía y cobrar así los incentivos correspondientes, ha quedado suspendido este miércoles como consecuencia de la huelga de funcionarios de Justicia.

Se trata de la cuarta suspensión de este juicio que inicialmente tenía que haberse celebrado el 31 de enero y que entonces no pudo iniciarse como consecuencia de la huelga de los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ).

Tampoco pudo celebrarse los días 10 de marzo y 10 de mayo y ahora este miércoles, 28 de junio, en todos los casos por los efectos de las huelgas mantenidas por distintos colectivos en el sector de Justicia, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

En su escrito de calificación provisional, el fiscal del caso tipifica los hechos como un delito de apropiación indebida y otro continuado de falsedad en documento mercantil y solicita un total de cuatro años de cárcel, a razón de dos años por cada uno de ellos, multa de 4.500 euros y, en concepto de responsabilidad civil, el pago de una indemnización en favor de la víctima por importe de 2.880 euros.

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El 21 de marzo de 2019 el acusado, Fernando M.V, de 54 años, suscribió con Mapfre España un contrato como agente de seguros exclusivo en el que se establecían una serie de comisiones a percibir en función de las distintas operaciones que el agente llevara a cabo.

Su supuesta víctima, L.R.E, quien a través de un compañero de trabajo había contactado con el acusado cuando éste era corredor de seguros de otra aseguradora, continuó con esta relación comercial, de modo que concertó con Mapfre los seguros de dos vehículos y uno de decesos a nombre de un familiar, si bien no recibió documentación alguna de las pólizas, tampoco localizada en las oficinas de la aseguradora, al argumentar Fernando M.V. que todo el operativo era digital y ni siquiera era preciso la firma de los asegurados.

Los pagos de esas pólizas se encontraban domiciliados en la cuenta de CaixaBank, titularidad de la víctima y su esposo, en la que, a partir de mediados del año 2018, debido a problemas económicos se produjeron descubiertos que afectaban al pago puntual de los recibos en cuestión.

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Ella puso esta circunstancia en conocimiento de su agente de seguros, el hoy acusado, quien le indicó la posibilidad de realizar él mismo el ingreso cuando la denunciante le entregara el dinero en metálico.

A partir de ese momento, la mujer le pagaba mensualmente 80 euros, hasta un total de 2.880 euros, pese a lo cual el corredor de seguros no ingresó esas cantidades en la cuenta de la compañía, como venía estipulado para los supuestos–excepcionales–de cobro en efectivo, sino que las hizo suyas, siembre según el relato de la acusación pública.

TIENE UN ACCIDENTE Y DESCUBRE LA REALIDAD

Así, la víctima descubrió que carecía de seguros vigentes después de sufrir un accidente con uno de sus vehículos, el 6 de julio de 2021, y ser informada en las oficinas de Mapfre de que los seguros habían sido anulados por falta de pago, y de la existencia de otras pólizas, a su nombre, de su esposo y su madre que en realidad no habían sido contratadas por ninguno de ellos y cuyos pagos habían sido rechazados por el banco en el momento de su giro.

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Y es que el acusado, presuntamente, para alcanzar los objetivos mensuales que en el programa “agente profesional de seguros” fijaba Mapfre, y percibir en la mensualidad siguiente los correspondientes incentivos, elaboró dichas pólizas ficticias en las que ninguna intervención, ni autorización existió por parte de quienes figuraban como tomadores y/o asegurados.

Algunas de esas pólizas estaban relacionadas con inmuebles con los que aquellos no tenían relación y vehículos que nunca les habían pertenecido en las que hizo constar direcciones de correo electrónico desconocidas, domicilios incorrectos, teléfonos ajenos a los supuestos contratantes, aparentando frente a la aseguradora que eran contratos reales.


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