VALLADOLID, 9 (EUROPA PRESS)
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha anunciado que saldrá a la calle el día 17 en Valladolid en una manifestación en la que reclamarán “salarios dignos” y evidenciarán la “parálisis negociadora” tanto del Gobierno central como del autonómico.
“Sin presupuestos, sin negociación y sin un salario digno, sobran las razones para salir a la calle a alzar la voz contra el Gobierno y contra la Junta”, ha justificado el presidente autonómico de CSIF en Castilla y León, Benjamín Castro, según recoge un comunicado remitido a Europa Press.
Para Castro, “es hora de actuar contra la “parálisis negociadora del Gobierno y de la Junta, contra el inmovilismo de sus dirigentes y contra la falta de presupuestos generales y autonómicos, ya que, sin ellos, se asistirá a un progresivo hundimiento” en la calidad de los servicios públicos que se prestan, no habrá ofertas de empleo público para reforzar plantillas, se acentuará la pérdida de poder adquisitivo de los empleados públicos y privados de Castilla y León y no habrá políticas que generen crecimiento económico y empleo en la Comunidad”.
“Si el Gobierno y la Junta se niegan a escucharnos en los despachos, nos oirán en la calle”, ha añadido Castro durante la rueda de prensa, “harto de juegos de artificio, de promesas vacías”, mientras se asiste en Castilla y León a acuerdos del Diálogo Social que “ni se tratan ni se acuerdan en las mesas de negociación correspondientes”, y a leyes “que blindan los servicios públicos olvidándose de ‘blindar’ a unas plantillas que cada vez están más mermadas y tensionadas por la sobrecarga de trabajo, que son unas de las peor pagadas del país y que sufren una elevada temporalidad”.
O en España, ha apostillado, se asiste a acuerdos parlamentarios que “no benefician”, en referencia a la “primacía” de los convenios colectivos autonómicos sobre los nacionales que, según ha sostenido, “rompen el mercado laboral o el concierto catalán que rompe con el principio de solidaridad interterritorial e imposibilita la financiación de los servicios públicos, y con ello la igualdad entre territorios”. Ante esta situación, el dirigente autonómico de CSIF ha sido contundente: “No permitiremos que los castellanos y leoneses seamos ciudadanos de segunda”, ha zanajado.
‘LIMBO’ NEGOCIADOR
Para terminar con el “limbo” en el que, a su juicio, Gobierno y Junta mantienen a España y a Castilla y León, CSIF ha exigido que la negociación comience con un acuerdo salarial que garantice “salarios dignos”, una vez que ha caducado el suscrito con los sindicatos de clase y que, en palabras de Castro, “tanto empobreció a los empleados públicos”.
En la Comunidad, que se avance en los complementos autonómicos para limar “ese agravio comparativo” que sufren los empleados públicos de Castilla y León, y se abra la negociación colectiva en entes públicos en empresas.
Además de la “urgente” equiparación salarial entre administraciones y territorios, CSIF reivindica “nuevas leyes” de la Función Pública, de carácter nacional y autonómico; que se recupere la estructura salarial previa a 2010, que se acabe con las tasas de reposición, se negocien las ofertas de empleo público, se refuercen las plantillas, se recuperen efectivos para así asegurar la prestación de los servicios y se implante la carrera profesional, allí donde aún no se ha hecho.
“Solo se logrará”, a juicio de Castro, “retener y atraer talento a Castilla y León” si se producen unas “sustanciales mejoras salariales, se establecen medidas de conciliación familiar, así como posibilidades de promoción y ascenso, se mejoran las condiciones de los puestos de difícil cobertura”. “No hay nada que vertebre más la Comunidad, que asiente población y promueva la actividad económica, que el despliegue de unos servicios públicos de calidad”, ha sostenido.
Castro ha aprovechado para hacer un llamamiento no solo a los empleados públicos, sino a toda la sociedad castellanoleonesa para que se sume a esta movilización. “La defensa de los servicios públicos es la defensa de una sociedad más justa e igualitaria. No podemos permitir que se sigan deteriorando los servicios de Sanidad, Educación o Servicios Sociales, entre otros, por la falta de inversión y de compromiso político”, ha concluido.
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