Hay casi 2.300 afectados y no se han revisado desde hace 17 años
VALLADOLID, 28 (EUROPA PRESS)
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha remitido un escrito a la consejera de Educación, Rocío Lucas, demandando la necesaria actualización de la normativa de itinerancia y, por tanto, de las compensaciones económicas que se pagan por kilometraje y otros complementos, que han quedado completamente desfasados después de 17 años sin revisarse.
Esta circunstancia supone una pérdida importante de poder adquisitivo para el docente afectado. En Castilla y León, hay 2.283 plazas de docentes itinerantes, de las que 1.510 forman parte de plantillas estables y 904 corresponden a puestos temporales que pueden cambiar cada curso. Además, el 39% de los centros públicos tienen puestos de carácter singular itinerante.
Por ello, CSIF insiste en que es “improrrogable” actualizar la normativa completa de indemnizaciones económicas por trabajar poniendo a disposición el vehículo particular, que ofrece cuantías “irrisorias, indignas y vergonzosas” que no se han revisado desde hace 17 años y que, por tanto, “no se sostienen en la actualidad”.
CSIF exige incrementar el cobro a 0,31 euros el kilómetro, porque el 0,23 que ha aprobado la Junta resulta “claramente insuficiente” para compensar el precio del combustible y el desgaste y mantenimiento que sufre y requiere el vehículo.
Asimismo, ve urgente actualizar los tres factores (conocidos como A, B y C) que contemplan la norma educativa para docentes que ponen su vehículo a disposición de la administración.
Esos tres factores incluyen una cantidad mensual fija de 9,02 euros; un segundo complemento que va de los 10,22 euros (hasta 200 km. recorridos) y un máximo de 106,38 euros (cuando el desplazamiento supone hasta 1.200 kilómetros); y una tercera compensación para puestos itinerantes que realicen jornada de tarde con movilidades de 30 kilómetros o más.
Esa actualización de la compensación económica del kilometraje, a 0.31 euros, también se reclama a las gerencias de las universidades públicas de Castilla y León, por los desplazamientos que tiene que realizar el personal docente investigador y de administración y servicios del ámbito universitario, igualmente afectado.
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