VALLADOLID, 17 (EUROPA PRESS)
“CSIF no va a tolerar que los políticos normalicen el mal funcionamiento de los servicios públicos, que es lo que están trasladando a la sociedad como algo inevitable para justificar su incapacidad como gestores y eludir responsabilidades”, ha advertido el presidente de dicha organización Castilla y León, Benjamín Castro.
“No vamos a bajar los brazos”, asegura. Va más allá. Alerta del caos y del bloqueo que se avecina en los servicios públicos de Castilla y León si la Junta no se toma en serio el gravísimo problema de la falta de personal y la necesaria mejora de las condiciones laborales de sus plantillas.
En el año 2023, los responsables políticos de las diferentes administraciones “han consolidado el mal funcionamiento y las deficiencias de los servicios públicos, y no lo vamos ni a consentir ni a permitir”, insiste Benjamín Castro, “como lo hemos visto en la sanidad estas pasadas semanas ante el aumento de contagios y de saturación en los centros sanitarios. O lo sufren los usuarios que tienen que acudir a las oficinas y servicios de la Administración General de la Junta; o también los ciudadanos que han necesitado de la Justicia o de las atenciones de la Administración General del Estado”.
El presidente de CSIF asegura que en 2024 van a trabajar para devolver a los servicios públicos su buen funcionamiento y acabar con su progresivo deterioro, que pasa por tres retos.
Uno es la equiparación y mejora salarial, otro el reforzamiento y rejuvenecimiento de las plantillas y el tercero la concreción “de acuerdos en Función Pública claramente beneficiosos y positivos, no como el pacto salarial de 2022 con el Gobierno o el convenio de laborales de la Junta de 2023, que CSIF no firmó por ser perjudiciales”.
La renovación de la Relación de Puestos de Trabajo de la Junta o la actualización de la Ley de Función Pública son acuerdos pendientes que, a juicio de CSIF, mejorarían las retribuciones y las condiciones laborales o revisaría las tareas competenciales.
Por todo ello, Castro hace hincapié en la trascendencia de las elecciones sindicales que se celebrarán el próximo mes de marzo en los sectores de Sanidad y de la Administración General de la Junta.Podrán votar unos 80.000 trabajadores, “que no deben mantenerse indiferentes, porque la cita es crucial para renovar la representación de los trabajadores, ante la grave situación de los servicios públicos”.
De entrada, CSIF ya ha solicitado a la nueva secretaria de Estado de Función Pública, Clara Mapelli, iniciar la negociación de un nuevo acuerdo retributivo para los empleados públicos, que tenga en cuenta la equiparación salarial, una petición que también se exige a la Junta de Castilla y León.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA JUNTA
El 32% de las plazas totales de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de la Administración General de la Junta está vacante en este momento, es decir, 5.613 puestos.
Ese porcentaje medio de puestos sin cubrir oscila entre el 96% de las plazas de categoría E (77), el 59% en C2 (2.369), o el 11% de las vacantes que intercambian los trabajadores A2-C1 (76). En Sacyl, la interinidad ronda el 23%· y en Educación el 21%.
Asimismo, la mitad de los empleados públicos de la Junta se jubilarán en los próximos diez años. Son 48.000 personas, más de 15.000 en los sanitarios y más 14.000 entre los docentes. Unos datos que, insiste CSIF, “debe hacer al Ejecutivo autonómico reaccionar con urgencia, planificación y responsabilidad. Es inaplazable”.
CSIF presentó el pasado mes de octubre al consejero de Presidencia, Luis Miguel González Gago, un ‘Plan para la reposición y cobertura de puestos de los empleados públicos de la Administración General de la Junta de Castilla y León’, para aplicar en el trienio 2024-2026.
Incluye propuestas y medidas que ayudan a cubrir las vacantes que hay en la RPT (un tercio del total); y para crear empleo suficiente mediante convocatorias de ofertas públicas de empleo (OEP) ágiles en los próximos tres años, que se lleven a cabo dentro del mismo año natural y eviten acumulaciones (de hasta tres años ahora). “Estamos pendiente de la respuesta de la Junta”, apunta Castro.
Otra propuesta hecha a la Junta por CSIF es la cobertura de los cientos de puestos periféricos y ultraperiféricos, que siguen vacantes en zonas rurales y de montaña de la Comunidad.
El convenio del personal laboral de la Junta es otra de las preocupaciones de CSIF en la acción sindical que llevará a cabo en 2024. “Poco tiempo hemos tenido que esperar para comprobar las negativas consecuencias de un acuerdo que nuestra organización independiente se negó a firmar, y que se aplica a unos 16.000 empleados”, apunta Castro.
CSI ya advirtió de la inseguridad jurídica que iba a generar y que se ha concretado ya en el despido de trabajadores de los centros de menores, “en la nula o escasísima mejora retributiva o el rebaje de la titulación en una veintena de titulaciones”, explica Castro, quien dice que la Junta se encuentra ahora en un callejón de difícil salida en la gestión de ese convenio.
SANIDAD
Los procesos de estabilización laboral en Sacyl será uno de los asuntos de atención de CSIF en los próximos meses. De momento, se han iniciado los concursos de técnicos especialistas, pero el sindicato independiente teme que la aplicación informática, con la que se está gestionando la estabilización quede colapsada, por su limitación en la admisión del número de peticiones, cuando llegue la solicitud masiva de los profesionales de las categorías numerosos (enfermería, TCAE, celadores).
El pago del complemento de los sábados de turnos ordinarios a todos los trabajadores de Sacyl o la extensión del solape a otros grupos que tienen derecho a ello son otras peticiones de CSIF, al igual que un nuevo decreto de carrera profesional en Sanidad, o reclamar más personal en los centros de salud y hospitalarios.
Además, está pendiente la reforma y mejora de Atención Primaria, una tarea que ha quedado paralizada, y para lo que -en su día- CSIF ya presentó un ‘Análisis de la situación de Atención Primaria en Castilla y León’ con diversas propuestas.
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