Las ayudas por importe de 12,9 millones de euros aseguran la sostenibilidad del sistema de transporte público de viajeros por carretera en la Comunidad. Afectan a las líneas deficitarias y permiten la continuidad del servicio de transporte en el ámbito rural y la consolidación del transporte metropolitano de Burgos, León, Salamanca, Segovia y Valladolid.
El Boletín Oficial de Castilla y León publica hoy la convocatoria de las ayudas para compensar el déficit de explotación del transporte público de viajeros por carretera, por valor de 12,9 millones de euros. Estas ayudas permiten mantener el servicio de transporte en el medio rural y afianzar el transporte metropolitano de las provincias de Burgos, León, Salamanca, Segovia y Valladolid.
El déficit de los servicios de transporte previsto para el ejercicio de 2018 por la Junta asciende a 12.900.000 euros. Los beneficiarios de las subvenciones pertenecen al sector empresarial del transporte público de viajeros en la Comunidad, estructurado de forma muy irregular, en el que predomina la pequeña empresa y el empresario individual, sin excluir a las medianas empresas. En la actualidad, el sistema concesional de los servicios de transporte público, en todo o en parte deficitario, que se prestan en Castilla y León, se configura de la siguiente manera:
143 Concesiones o contratos de titularidad de la Administración Autonómica (VACL), 77 Autorizaciones Administrativas Especiales (AECL), 13 Taxis Rurales con reiteración de calendario y horario (TR) y 8 Concesiones o contratos de titularidad del Estado o de otras Comunidades Autónomas, que sirven relaciones de tráficos dentro de la Comunidad.
Servicios deficitarios
La situación actual de estas líneas regulares de viajeros que prestan servicios en la Comunidad presenta unos resultados de explotación negativos. En su inmensa mayoría son servicios deficitarios que atienden multitud de tráficos rurales que conectan localidades de escasa población con los principales núcleos urbanos. Su carácter de servicio público implica que el objetivo primordial sea garantizar el derecho a la movilidad de los ciudadanos. Para satisfacer dicho derecho, la Junta asegura, a través de la convocatoria de estas ayudas, la adecuada sostenibilidad económico-financiera del sistema de transporte público de su titularidad.
El transporte por carretera cubre en Castilla y León más del 90 % de los desplazamientos que se producen en el transporte interior de viajeros, siendo el transporte público regular de viajeros de uso general el que aparece como dominante por su vertibilidad, eficiencia, seguridad, capilaridad y rentabilidad social: llega a todos los municipios o poblaciones, cubre toda clase de demandas y es capaz de dar respuesta a las necesidades de movilidad de la población. En nuestra Comunidad Autónoma es vital como factor de cohesión y vertebración social y territorial y como garante del derecho de acceso de todos los ciudadanos a los servicios públicos esenciales.
El índice de ocupación media en cómputo anual de este tipo de transporte no llega a cubrir los costes de explotación; de un total de aproximadamente de 1.700.000 expediciones anuales, el 90 % son deficitarias. Evidentemente al tratarse de un servicio público esencial, debe seguir financiando este transporte deficitario, dado su carácter esencial y universal. En los últimos cinco años la Junta de Castilla y León ha realizado un importante esfuerzo financiero, destinando más de 61 millones de euros a las ayudas anuales a los servicios de transporte público de viajeros deficitarios.
Las especiales características de asentamiento de la población en núcleos con pocos habitantes y en su mayor parte dispersos y alejados de las localidades y ciudades que cuentan con los diversos servicios que demandan los ciudadanos, unido a la amplitud del territorio, han configurado una red de servicios de transporte público de viajeros por carretera que conecta con la capital de la provincia o la localidad de referencia de la zona, a través de itinerarios largos y expediciones con escasa ocupación de los vehículos, determinantes, por tanto, de una baja rentabilidad, en muchos casos deficitaria, que dificulta su mantenimiento, lo que obliga a la Junta de Castilla y León a realizar esfuerzos financieros para garantizar su continuidad.
La Administración autonómica viene trabajando en la adopción de medidas tendentes a favorecer y garantizar unas condiciones de movilidad seguras y sostenibles como servicio básico y fundamental para el acceso a otros muchos servicios como la educación, sanidad, cultura, o el ocio, mejorando la calidad del transporte que reciben las personas que residen en la Comunidad, especialmente en el medio rural, y armonizando dichas medidas a las características sociales, territoriales, económicas y ambientales de Castilla y León.
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