VALLADOLID, 17 (EUROPA PRESS)
El informe del Consejo de Cuentas de Castilla y León de fiscalización del análisis del diseño de las ayudas y subvenciones vinculadas a la COVID-19 tramitadas por la Administración General e Institucional de la Comunidad Autónoma de Castilla y León en 2020 indica que la Junta, a fecha de 31 de diciembre, había pagado 377 millones de euros de los 454 que sumaban las subvenciones concedidas si bien la cifra que se ofertó en las distintas convocatorias era muy superior: 641 millones.
El presidente del ente, Mario Amilivia, ha presentado este informe de fiscalización en la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes de Castilla y León después de hacer lo propio con otro documento de evaluación del seguimiento de las recomendaciones que realizó este Consejo a diversos organismos de la administración en el año 2020.
En ese año, la pandemia de COVID-19 supuso un impacto que cambió las necesidades de gestión por parte de las administraciones, de modo que fue necesario habilitar numerosas líneas de financiación para atender las necesidades de atención sanitaria y también las creadas en los sectores que se vieron más afectados por los más de dos meses de confinamiento y por las restricciones a ciertas actividades que estuvieron vigentes hasta entrado 2021.
El marco temporal de la actuación fiscalizadora se limita, según ha explicado Amilivia, al periodo comprendido desde la declaración del estado de alarma, el 14 de marzo de 2020, hasta el 30 de septiembre de 2021, lo que se considera “un periodo suficiente para obtener información significativa en un plazo razonable, como estimamos que así se ha cumplido, al ser entregado el presente informe en estas Cortes transcurridos solo diez meses del periodo fiscalizado”.
En relación con las ayudas y subvenciones convocadas, diez entidades de la administración autonómica convocaron en 2020 y hasta septiembre de 2021, por motivo de la pandemia, ayudas y subvenciones por importe de 641 millones de euros, a través de 97 líneas distintas, de los que se concedieron 454 millones de euros, un 70 por ciento del importe convocado.
De ese segundo montante, a fecha del 31 de diciembre de 2021, se habían pagado 377 millones, un 82 por ciento del importe concedido y un 59 por ciento de lo inicialmente anunciado.
Ese porcentaje ha sido objeto de las críticas de los grupos de la oposición por el bajo nivel de ejecución de unas ayudas que en este caso iban destinadas a las personas y las empresas con mayores necesidades como consecuencia de la pandemia. “A gran parte de la ciudadanía no le han llegado las ayudas en un momento de extrema crisis económica y social. Y no es que lo diga un radical bolivariano comunista, lo dice un órgano como el Consejo de Cuentas”, ha apostillado el procurador del Grupo Mixto Pablo Fernández.
Por otro lado, la procuradora del Grupo Socialista Rosa Rubio ha defendido que el volumen de financiación para las necesidades generadas por el COVID-19 que llegó a los ciudadanos de Castilla y León fue principalmente del Gobierno de España, lo que ella ha cifrado en 1.816 millones de euros procedentes de las distintas tandas de fondos extraordinarios.
Frente a ello se ha referido a la “mala gestión” que considera que ha hecho la Junta de la “etapa del COVID” y ha señalado que, según los cálculos que ha hecho el PSOE de Castilla y León, la Junta de Castilla y León aportó “no más de 20 millones de euros del llamado segundo fondo COVID extraordinario”, y “alguna que otra subvención directa a entes privados”.
La segunda fuente de financiación fueron los Fondos Europeos, según Rubio, con más de 200 millones de euros, ya que se permitió destinar los fondos FEDER, por ejemplo, a compra de material sanitario.
Por ello, ha sugerido que el informe del Consejo de Cuentas debería diferenciar qué administración concede o gestiona las subvenciones, en todos estos casos la Junta de Castilla y León, y de cuál de ellas procede la financiación.
Por su parte, el procurador del PP Emilio José Berzosa ha defendido que en su opinión la gestión de algunas administraciones como la Junta de Castilla y León ha sido “más eficiente” que la del Gobierno de España y ello pese a que ha recordado las dificultades que supone la gestión de una comunidad con la extensión que tiene la castellanoleonesa.
EL 65% DE LAS AYUDAS NO SE PUBLICÓ EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA
Además, se ha criticado también que según este informe de fiscalización en el Portal de Transparencia de la Junta de Castilla y León, dentro del apartado específico de “ayudas COVID”, a 30 de septiembre de 2021, no constaban el 65 por ciento de las 97 líneas de subvención.
El informe señala que de las 27 líneas de acción previstas en el Plan de Choque para el Empleo de 11 de noviembre de 2020, 18 se instrumentalizaron a través de las ayudas o subvenciones relacionadas con la COVID-19. “Lo que no quiere decir que el resto de las medidas incluidas en el plan de choque no se realizaran, sino que no se encuentran en el alcance de esta fiscalización”, ha precisado Amilivia.
En lo referente al tipo de subvenciones o ayudas, el Instituto para la Competitividad Empresarial, con un 36 por ciento, y la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, con un 14 por ciento, fueron las dos entidades que concedieron un mayor importe de las diez que comunicaron subvenciones.
El 72 por ciento del importe concedido por la pandemia se tramitó mediante ayudas y subvenciones comunicadas como de nueva creación, siendo de este tipo la totalidad del importe concedido por cuatro de las diez entidades.
No obstante, tanto el Plan de Medidas Extraordinarias, como el Pacto para la Recuperación Económica, el Empleo y la Cohesión Social en Castilla y León sirven como soporte, aunque con un contenido incompleto, dada la excepcional situación y la necesidad de adoptar medidas urgentes y extraordinarias.
Se detectaron, por otra parte, 13 líneas de las 97, no incluidas en los preceptivos planes estratégicos de subvenciones, por importe total de 80 millones de euros.
“Los objetivos comunicados fueron coyunturales, al estar dirigidos a paliar las consecuencias de la pandemia, tanto desde el punto sanitario como económico y social, y se definieron de forma genérica. No se definieron objetivos para cinco líneas”, añade el informe.
Otros defectos son que “los indicadores, cuando se definen, son simples, numéricos y, en todo caso, de actividad, y no de impacto de la medida adoptada” y que “tampoco se aprecia una vinculación entre el objetivo de la ayuda y el indicador definido”.
Sobre la evaluación de las ayudas, añadió el presidente, a fecha de finalización de los trabajos, no consta la realización de informes de evaluación por parte los entes fiscalizados.
La administración, por ello, no puede valorar el efecto de las subvenciones comunicadas.
En este sentido, Amilivia ha lanzado el ‘guante’ relativo a que cuando se dé por cerrada la denominada ‘etapa’ del COVID-19 se pueda realizar un informe de fiscalización sobre todo el periodo y la utilidad y efecto de las subvenciones.
Entre las recomendaciones del Consejo, además de que la Junta debería establecer controles para asegurar que todas las ayudas y subvenciones quedan recogidas en su Portal de Transparencia, así como la conveniencia de seleccionar proyectos para posibilitar una evaluación de las distintas iniciativas, se apunta que “los pagos deben agilizarse lo máximo posible por parte de los gestores para aumentar la efectividad de las ayudas concedidas, especialmente en aquellos sectores que han sufrido las mayores caídas de ingresos, principalmente si los beneficiarios son empresas de pequeña dimensión, ya que la supervivencia de éstas puede depender en gran medida de la liquidez aportada por las ayudas concedidas”.
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