VALLADOLID, 6 (EUROPA PRESS)
CCOO CyL ha presentado esta mañana un despido colectivo con el que se concluye el Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) presentado el pasado 3 de mayo que afecta a 58 trabajadores, cerca del 60 por ciento de la plantilla.
Esta decisión, justifica la organización sindical que preside Vicente Andres a través de un comunicado recogido por Europa Press, “es consecuencia de la ilegalidad de las políticas que aplica Vox en la Consejería de Industria, Comercio y Empleo de la Junta de Castilla y León y que CCOO ya ha denunciado en los tribunales”.
Comienza así el marco de negociación del despido colectivo con la pretensión de llegar a un acuerdo con el Comité Intercentros. La propuesta del sindicato afectaría a la plantilla y a los trabajadores vinculados a los programas públicos, que venía desarrollando en todas las provincias de Castilla y León, de manera semejante a la planteada en el ERTE registrado el pasado 3 de mayo.
CCOO recuerda que ha transcurrido casi un año y medio desde que el PP permitió no sólo la entrada en el Gobierno de Castilla y León a Vox, sino que le cedió la Consejería de Empleo desde donde su titular, Mariano Veganzones, “no ha cejado en su empeño de, contraviniendo la propia Constitución Española y la legalidad vigente, destruir a las organizaciones sindicales en esta comunidad”.
Como consecuencia de esa “política ilegal y demoledora”, CCOO tiene abiertos hasta seis procesos judiciales contra la Junta de Castilla y León que confía se resuelvan satisfactoriamente en breve.
A pesar de esta “política sectaria, de acoso y derribo de la extrema derecha”, CCOO asegura que seguirá trabajando, como primera fuerza sindical, por los derechos laborales en esta comunidad.
Recuerdan que la afiliación sigue creciendo así como el número de delegados y delegadas, elegidos democráticamente en los procesos electorales en las empresas. Actualmente, hay cerca de 70.000 afiliados y afiliadas a CCOO en Castilla y León y más de 6.100 delegados y delegadas.
De hecho, las cuotas de esas 70.000 personas permiten mantener la actividad del propio sindicato, no así la gestión y desarrollo de programas públicos dirigidos a diferentes sectores de la sociedad.
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