VALLADOLID, 4 (EUROPA PRESS)
El presidente de CSIF en Castilla y León, Benjamín Castro, ha asegurado que la Mesa del Diálogo Social en Castilla y León es la misma que hace 21 años, por lo que ha abogado por un cambio de modelo para hacerlo más “moderno, dinámico y participativo” porque es “fundamental”, según ha apuntado, “para mejorar la calidad de la democracia”.
Castro, en una entrevista concedida a Europa Press, considera una “grave equivocación” que el Diálogo Social, “en lugar de ser un foro de representación se haya convertido en un foro de negociación” y se utilice como un “cajón de sastre para modificar políticas de todo tipo y en cualquier momento”, cuando, a su juicio, “el Diálogo Social nunca puede suplantar, ni puentear, la negociación colectiva”.
El responsable regional de CSIF no sólo ha cuestionado contra el funcionamiento actual, sino que pone en entredicho el modelo desde la base.
“Está mal constituido en Castilla y León desde sus orígenes, hace ya 21 años, en la medida en que no se adapta a la realidad social ni económica de la Comunidad, y ni siquiera está representado el agente social más significativo en las administraciones públicas”, ha aseverado Benjamín Castro
“No tiene ningún sentido que la primera fuerza sindical dentro de la Administración autonómica y el gran sindicato en las administraciones públicas más allá de la Junta, que es CSIF, no tenga ni voz ni voto”, ha lamentado Castro, para quien se debe apostar por un “modelo más moderno, dinámico y participativo”, como elementos fundamentales para mejorar la calidad de la democracia.
Ante esta realidad, CSIF reclama al Gobierno autonómico, como ya lo hiciera en la anterior legislatura, la entrada de este sindicato en el Consejo del Diálogo Social para “llevar la voz de los 163.000 empleados públicos que no están representados”, aunque Castro ha dejado claro que no entrarían en el Consejo “a cualquier precio”.
“Solo entraremos si se modifica la ley y si sirve para algo más que para propaganda política”, ha enfatizado Benjamín Castro.
PARTIDAS RECORTADAS
Por otro lado, sobre el recorte de las partidas que reciben los sindicatos y la patronal que forman parte del iálogo Social, el responsable regional de CSIF ha aseverado que “lo importante no es a quién se dé el dinero, sino a lo que va destinado” ya que, según ha precisado, los fondos deben de servir para reforzar los servicios de mediación, arbitraje y conciliación, “porque han demostrado que funcionan”, la prevención de riesgos laborales, y al personal de inspección o a contratar más mediadores.
Por otro lado, sobre los problemas sanitarios, el responsable regional de CSIF ha alerta de que la situación en Castilla y León “no está igual que en España, está peor que en otras autonomías” y así ha puesto como ejemplo que el tiempo medio para ser operado es de 129 días, cuando a nivel nacional se sitúa en los 113 días o en los 65 días en la Comunidad de Madrid.
“Es la quinta con peores registros”, ha sentenciado Castro, quien ha añadido que la espera media para pasar por la consulta de un especialista supera los 65 días en Castilla y León, mientras en Madrid es de 51 días.
Por ello, cree que razones hay “más que sobradas” para movilizarse pero ha dejado claroque que “CSIF no saldrá a la calle porque políticamente interese a unos o a otros”, sino que saldrá a la calle para defender a los trabajadores de la Sanidad y por la mejora del servicio que reciben los ciudadanos.
En este sentido, como ejemplo del malestar de los trabajadores de la Sanidad, el dirigente sindical pone sobre la mesa que algunos colectivos de sanitarios de Castilla y León no van a percibir la productividad porque, según dice la Junta, “se ha superado el techo de gasto y no pueden pagar”.
“No pueden ser los que trabajadores sean de nuevo los paganos de la mala praxis de un Gobierno. Si se supera el techo de gasto, se deberían medir antes los desmanes y no quitar lo que es suyo a los empleados públicos”, ha aseverado Castro, quien ha recordado el compromiso incuplido del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, de incrementar el pago pago del kilometraje.
“Vamos a hacer un año desde la adquisición de dicho compromiso y los empleados públicos obligados a itinerar -fundamentalmente docentes y sanitarios- siguen financiado de su bolsillo la actividad de la Administración autonómica y del resto de administraciones locales”, ha dicho el lídes sindical,, quien ha recordado que la norma lleva sin revisarse desde hace 15 años cuando el precio de los carburantes costaba un 80 por ciento menos.
Igualmente, ha reclamado al consejero de la Presidencia, Jesús Julio Carnero, que cumpla el compromiso, negociado y firmado, de recuperar por fin la jornada de 35 horas semanales para todos los empleados públicos
Asimismo, en materia educativa, Benjamín Castro ha apuntado que se están preparando desde CSIF movilizaciones para exigir al Ministerio que adopte soluciones, con el consenso de los representantes de los docentes, a la aplicación de la LOMLOE que está ocasionando “un exceso de burocracia, de carga lectiva y una gran incertidumbre entre los profesionales por no saber cómo adaptar los contenidos a la nueva Ley”.
En esta lína ha lanzado un ultimátum a la Consejería de Educación: “Si antes de que convoque el grado ordinario de carrera profesional no está enmendado el artículo 3 de la Ley de Carrera Profesional de los empleados públicos, eliminando así la exigencia de elegir entre sexenios y carrera profesional, CSIF irá a los tribunales y convocará movilizaciones.
CRÍTICAS AL GOBIERNO CENTRAL
Sobre el Acuerdo Marco para al Administración del siglo XXI, suscrito por UGT Y CCOO, Benjamín Castro ha aseverado que el Gobierno de Pedro Sánchez, “insulta y se burla” de los empleados públicos” y les imposibilita negociar para el año que viene y para el siguiente”.
Es “insultante” porque la subida salarial plurianual para el periodo 2022-2024 no cubre ni siquiera la inflación de este primer año y es “una burla” porque se habla de las 35 horas, “sin introducirlo en la normativa básica”, o se llega al compromiso de implantar el teletrabajo “obviando que ya existe desde mayo un acuerdo para su implantación que no está cumpliendo”.
Para el presidente autonómico de CSIF, “CCOO y UGT regalan al Gobierno la tranquilidad de que en año electoral no tendrá que negociar absolutamente nada con los empleados públicos”, a lo que ha añadido que hay algunos “que se dedican a la política en lugar de dedicarse, como es su obligación, a la defensa de los empleados públicos”.
Por ello, Castro ha advertido de de que CSIF “no cejará” en su empeño de defender los intereses y los salarios de los empleados públicos, y asegura que nunca firmará “ni con este Gobierno, ni con ningún otro, un insulto a los empleados públicos”.
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