VALLADOLID, 20 (EUROPA PRESS)
Castilla y León ha contabilizado una “sobreocupación” del 38 por ciento en cuanto a la plazas en centros destinadas a la atención de menores migrantes no acompañados, en concreto actualmente la Comunidad cuenta con 130 plazas y en total se alojan actualmente 180 menores, por lo que cuenta con un problema de “límite superado”.
Así lo ha avanzado el consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, donde ha defendido la “transparencia” con la que actúa el Ejecutivo en torno a este asunto, en el que “se ha dado información con datos reales”.
De este modo, ha recordado que en 2024 la Comunidad llegó a acoger a 256 menores migrantes a lo largo del año, es decir, repartidos en diferentes momentos y “no todos a la vez”, sin embargo, a día de hoy, la Comunidad sí aloja a 180.
“Nosotros claro tenemos un problema de límite ya superado en la capacidad de plazas específicas que tenemos para estos menores, que lo hemos superado ya en un 38 por ciento en este afán de solidaridad y en este afán de acogimiento que tenemos en Castilla y León”, ha señalado el consejero.
Además, Fernández Carriedo ha defendido que la atención a más menores no se resuelve con “celeridad”, ya que no se trata únicamente de buscar un edificio sino que habría que avanzar en la búsqueda de profesionales, una atención de adecuada, capacidad educativa y servicios sociales. “Requiere un esfuerzo de adaptación que no es algo sencillo ni rápido”, ha explicado.
En este punto, ha afeado que el Gobierno de España quiera delegar sus competencias en inmigración a “los separatistas” y, sin embargo, quiera actuar en el resto de autonomías con “imposición” sobre sus competencias en Servicios Sociales. “Podemos resolver este problema y no la vía de la imposición que es la que opta el gobierno”.
“El Gobierno está muy acostumbrado a la imposición porque el Gobierno actúa por la imposición de siete votos”, ha criticado, tras lo que ha recordado que justo antes del Consejo de Ministros en el que se aprobó el Decreto que fija el reparto de menores no acompañados se celebrara una Conferencia Sectorial sobre inmigración en la que “el Gobierno no quiso dar ninguna información”.
“Nos tuvimos que enterar por el señor Puigdemont y por Junts de lo que se había pactado en Waterloo y que nos afectaba en Castilla y León, lo que se podría haber dialogado, acordado entre todos, planteado con un horizonte razonable, se ha hecho de forma absolutamente precipitada y por presión a cambio de siete votos”.
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