VALLADOLID, 4 (EUROPA PRESS)
Castilla y León es la tercera comunidad autónoma que obtiene mejor índice DEC de Servicios Sociales, al obtener una puntuación de 6,7 y tan sólo superada por País Vasco y Navarra,, además de que destaca por una “gran eficiencia del sistema” y “muy equilibrado” en sus tres dimensiones”: reconocimientos de derechos y ordenación del sistema, relevancia económica y cobertura de prestaciones.
Así se desprende de la publicación este jueves del Índice DEC de 2023,realizado por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, y que ofrece una radiografía de la prestación de los servicios sociales en las diferentes comunidades.
Según este Índice, los derechos y la decisión política puntúan un máximo de 1,5 puntos; la relevancia económica hasta 3 puntos y la cobertura de servicios hasta 5,5 puntos y según los datos publicados sólo seis de las 17 Comunidades–Andalucía, Canarias, Cantabria, Cataluña, Madrid y País Vasco– mejoran su puntuación global en 2023 respecto al año anterior.
Las once que empeoran es debido, en gran medida, a unaa mayor exigencia en algunos de los indicadores y al hacer más exigente la escala de valoración en el ratio de habitantes por profesional.
Así, desde 2017, Castilla y León sigue ocupando una de las tres primeras posiciones en la clasificación de las comunidades autónomas en el desarrollo del sistema de Servicios Sociales, y el descenso en la puntuación en 2023 se debe a la pérdida de relevancia económica, ya que, según el informe, ha descendido el gasto que las administraciones públicas (Junta, diputaciones y ayuntamientos) es “el punto débil”.
El gasto por habitantes en servicios sociales descendió un 2,3 por ciento en 2022 respecto al año anterior, al pasar de 519,3 a 507,2 euros, por debajo de la media nacional que es de 512 euros, además de que bajó “ligeramente” el presupuesto destinados por las administraciones públicas, del 10,9 al 10,7 por ciento. Igualmente, se redujo el porcentaje del gasto de las administraciones públicas en relación con el PIB regional, pasando del 2,12 por ciento en 2021 al 1,87, aunque está por encima de la media nacional del 1,81 por ciento.
Por contra, en ordenación del Sistema y cobertura efectiva de prestaciones y servicios Castilla y León mantiene el liderazgo en el conjunto de las regiones españolas.
En cuanto a la cobertura de prestaciones, destaca en la Comunidad la atención a la Dependencia, con 8,9 puntos en la escala del Observatorio de la Dependencia, siendo la media estatal 5,1; así como en plazas residenciales para personas mayores de 70 años, con una cobertura de 8,22 por, más del doble de la media estatal del 3,91 por ciento.
Igualmente, Castilla y León sobresale en servicios residenciales para personas con discapacidad, con una cobertura del 4,5 por ciento (1,7 por ciento de media estatal); los centros diurnos y ocupacionales, con 6,5 plazas por cada 100 personas con discapacidad frente a la media estatal de 3,1 plazas; las plazas para mujeres víctimas de violencia de género, con 21,1 plazas por cada 100 mujeres (14,2 de medida nacional) y plazas de alojamiento para personas sin hogar, 82,9 por cada 100.000 habitantes (58,5 de media nacional).
Asi, el informe recoge que Castilla y León muestra un sistema “muy equilibrado en sus tres dimensiones, que incluso ha mejorado desde su aplicación inicial en 2012” ya que ofrece una de las mejores ratios entre cobertura y gasto, es decir, “una gran eficiencia del Sistema”, que sin duda alguna se debe a la colaboración y al protagonismo que tienen las entidades locales, así como a “decisiones estratégicas adecuadas”.
Así, en el apartado de Ordenación del sector, Castilla y León obtiene un 1,4 de un máximo de 1,5; en relevancia económica un 1,60 de un máximo de 3 y en obertura efectiva de prestaciones y servicios un 3,79 de un máximo de 5,5. Y según el informe, la Comunidad esta a la cabeza en el índice de derechos reconocidos, al conseguir la mejor puntiación, un 9,33.
No obstante, a pesar de estos resultado, la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales ha advertido de “la eficiencia que Castilla y León viene mostrando en la gestión de sus servicios sociales no será suficiente para que pueda mantener su liderazgo en la oferta de prestaciones y servicios a la ciudadanía, si prolonga su pérdida de relevancia económica”.
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