El vicepresidente y consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, ha inaugurado el XV Congreso de Juego de Castilla y León, donde ha manifestado que esta Comunidad puede servir de modelo para toda España sobre una adecuada regulación del juego privado y el mantenimiento de un volumen de actividad moderado y admisible socialmente. También ha destacado que uno de los objetivos de la política del Gobierno de Castilla y León sobre el juego y las apuestas es proporcionar un modelo de juego responsable para los consumidores y usuarios.
Representantes políticos de más de diez comunidades autónomas y del Estado se dan cita hoy y mañana en el Centro Cultural Miguel Delibes de Valladolid, junto a más de 300 empresarios de los sectores de máquinas de juego, salones, casas de apuestas, bingos y casinos de toda España en la 15 edición del Congreso de Juego de Castilla y León, donde se analiza en ponencias y mesas redondas toda la actualidad del sector del juego y de las apuestas.
El vicepresidente de la Junta y consejero de la Presidencia ha inaugurado esta mañana este Congreso y ha remarcado que la política del Gobierno de Castilla y León sobre el juego y las apuestas tiene dos claros objetivos: primero, proporcionar un modelo de juego responsable para los consumidores y usuarios y, segundo, ofrecer seguridad jurídica al sector empresarial de cara a que conozca con certeza las exigencias que la Administración le va a imponer en su actividad.
En lo que respecta al objetivo de juego responsable, De Santiago-Juárez ha destacado la necesaria protección de los derechos de los usuarios, la protección de la salud pública, con especial atención a los menores y a los colectivos de jugadores que puedan requerirla, y la prevención y la lucha contra el fraude en el juego.
Para conseguirlo, la actividad de juego está sujeta a la obtención de una autorización administrativa previa de la Administración autonómica, a la exigencia del depósito de unas garantías económicas para hacer frente a responsabilidades derivadas de su actividad, tanto del pago de premios como del abono de los correspondientes tributos, a la homologación técnica del material que se usa para garantizar un juego no trucado, a la sujeción de la oferta de juego a unos parámetros materiales limitativos de las cantidades invertidas, los premios ofertados o el tiempo mínimo de juego, y a la propia actuación de la inspección y control desarrollados por las brigadas provinciales de la Policía Judicial del Cuerpo Nacional de Policía.
En cuanto al objetivo de ofrecer seguridad jurídica al sector empresarial, el consejero de la Presidencia ha remarcado su complejidad, ya que es un sector caracterizado por su naturaleza innovadora y que incorpora continuos avances tecnológicos. No obstante, ha asegurado que esta seguridad se ha conseguido en Castilla y León aprobando una completa regulación de todas las modalidades de juegos y apuestas presenciales existentes, evitando situaciones de impunidad por alegalidad o falta de regulación. Además, se ha concretado que la totalidad de los juegos y apuestas se practiquen en establecimientos especializados de juego, debidamente regulados y al que acceden los clientes con los necesarios controles de acceso y práctica –con la excepción de las maquinas B que están en los bares y cafeterías- y se ha mantenido una correcta participación de las asociaciones empresariales en la Comisión de Juego y Apuestas de Castilla y León, donde junto con los representantes de los consumidores y usuarios y de otras áreas públicas como tributos, turismo, salud pública o seguridad ciudadana, se informan las medidas jurídicas más importantes que se adoptan en la materia.
Ni exceso de establecimientos de juego ni juego problemático
En su intervención, el consejero ha señalado que desde que se despenalizó el juego, en el año 1978, esta actividad no está prohibida ni debe ser proscrita. Es una actividad empresarial más que se realiza en libertad de mercado, generando empleo y recursos económicos que favorecen el desarrollo de la sociedad en libertad y está sujeta a una regulación completa y estricta que incluye importantes elementos de protección de los ciudadanos.
Las propias asociaciones de personas que padecen problemas con el juego reconocen que el mejor sistema es su adecuada regulación, no su prohibición, que conllevaría la aparición del juego clandestino.
En su intervención, De Santiago-Juárez ha afirmado que el juego privado presencial en Castilla y León está admitido socialmente, perfectamente regulado, muy controlado y se practica en un volumen de normalidad en personas jugadoras, en cuantías jugadas y en establecimientos existentes.
Respecto al número de establecimientos, en Castilla y León existen, a 31 de diciembre de 2017, un total de 117 establecimientos específicos de juego, tres casinos -en Valladolid, Salamanca y León-, 20 bingos, 76 salones de juego y 18 casas de apuestas. Se trata de uno de los territorios que menos negocios de este tipo tiene, lo que sitúa a Castilla y León en la posición 14 de 17 comunidades, sin perjuicio del número de máquinas de juego que está en 14.235, instaladas en bares, cafeterías y restaurantes.
Sobre el juego problemático, desde la Consejería de la Presidencia se considera que no existe significativamente. Para corroborar esta afirmación, el vicepresidente de la Junta ha ofrecido el dato de que en España el nivel oficial que se maneja del posible juego problemático se sitúa en torno al 0,3 % de la población entre los 18 y 75 años. Teniendo en cuenta que la población de residentes en Castilla y León mayor de edad es de unos dos millones de personas, a Castilla y León le deberían corresponder más de 6.000 afectados. Sin embargo, solo 613 personas, a petición propia o por decisión judicial, están inscritas en el Registro de personas que tienen prohibido el acceso al juego en Castilla y León a 31 de diciembre de 2017, gestionado por la Consejería de la Presidencia.
No obstante, el consejero ha reiterado el compromiso de estar atentos a las nuevas tendencias sociales y que, si surgen problemáticas especiales, la Junta de Castilla y León apoyará a estas personas y las protegerá a través del sistema público social y de salud.
Por último, Jose Antonio de Santiago-Juárez ha señalado que todos los establecimientos de juego han tenido reglamentariamente marcadas distancias respecto al alejamiento de centros educativos o similares desde hace 14 años -más de 100 metros- para evitar su reclamo por cercanía e, incluso, distancias mínimas entre establecimientos de juego cercanos -un mínimo 300 metros- para evitar su concentración, sin que durante estos años haya existido problemática alguna, por lo que no entiende ahora la alarma que se quiere generar con ello al haberse recogido estas distancias en la Ley de Juego de Castilla y León, dotándolas de más fuerza jurídica.
El Congreso de Juego de Castilla y León está patrocinado por las asociaciones regionales representativas de los diversos subsectores empresariales, ASECAL -Asociación de bingos-, SAJUCAL -Asociación de salones de juego-, casinos -Roxy de Valladolid, Tormes de Salamanca y Conde Luna de León- y FAOCALE y ASEOCYL -asociaciones de empresas operadoras de máquinas de juego- y colaboran el Ayuntamiento de Valladolid y la Diputación Provincial de Valladolid.
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