VALLADOLID, 7 (EUROPA PRESS)
El consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, ha criticado este lunes la “notoria” brecha que hay en Castilla y León entre los servicios públicos que presta y lo que recibe en aplicación del actual sistema de financiación autonómica que ha urgido una vez más a reformar desde el convencimiento de que su “mal funcionamiento” penaliza especialmente a esta Comunidad por razones relacionadascon el envejecimiento de la población, la elevada extensión y la dispersión territorial.
Según ha informado en su comparecencia en la Comisión de Economía y Hacienda donde ha detallado las principales cifras que sustentan el proyecto de Presupuestos de la Comunidad para 2023, el presupuesto de las tres “consejerías sociales” alcanza los 8.630 millones de euros, frente a los 8.136 millones de las entregas a cuenta y la liquidación del sistema que, aunque suben, “siguen siendo insuficientes” para financiar los gastos ordinarios derivados de la prestación de losservicios públicos esenciales.
En total, ha precisado que el sistema de financiación deja sin cubrir casi 500 millones de los gastos de sanidad, educación y servicios sociales por lo que ha vuelto a insistir en la necesidad de una “reforma a fondo” del sistema que tenga en cuenta que los recursos están pensados para financiar los gastos vinculados al territorio.
“Y el nuestro es el más extenso de España”, ha evidenciado Fernández Carriedo para quien las circunstancias de un año como 2023, marcado por un contexto de “deterioro de las expectativas de crecimiento económico”, hacen “todavía más patente” la necesidad de reforzar los aspectos territoriales de la financiación autonómica.
Por otro lado, en su intervención para presentar los pormenores del proyecto de Presupuestos para 2023 ha reconocido que el bloque de recursos que más crece es el que tiene su origen en la Unión Europea, con un 62,35 por ciento y un total de 1.986 millones, un aumento que ve “frenado” por la disminución de las transferencias procedentes fundamentalmente del Estado en un 30,7 por ciento, tras la eliminación de los fondos COVID, que, según ha recordado, suponían 633 millones y ayudaban a financiar los servicios públicos que prestan las comunidades autónomas.
“Una parte de estos gastos siguen siendo necesarios y no podemos por tanto encontrar justificación al recorte que el Gobierno de España ha decidido aplicar a la financiación de los mismos”, ha criticado el titular de la cartera de Economía y Hacienda que ha defendido un proyecto de Presupuestos marcado por “menos impuestos” y por “mejores servicios públicos”.
En este punto, ha recordado que los ingresos derivados de los tributos propios de la Comunidad ascienden a 828 millones de euros, un 17,82 por ciento más, por el aumento de la recaudación por la recuperación de la actividad económica “bajando impuestos”, ha apostillado para demostrar que la reducción de impuestos es “plenamente compatible” con el aumento de las bases imponibles y de la recaudación tributaria.
Y ha recordado que en el caso concreto del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, la eliminación del impuesto para familiares directos ha derivado en un “incremento sustancial” del número de donaciones declaradas en la Comunidad hasta multiplicar en el primer año de vigencia por casi 10 veces el importe de la base imponible declarada, la causa de la “evolución favorable” en la recaudación de otros tributos, como el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales.
Finalmente, respecto al déficit ha advertido de que sólo uno de cada doce euros de la posibilidad de acudir a déficit que se ha reservado España corresponderá a las autonomías, “una cantidad desequilibrada,teniendo en cuenta que entre nuestras competencias están las de prestación de los servicios públicos más esenciales como los sanitarios, los educativos o los sociales”.
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