VALLADOLID, 10 (EUROPA PRESS)
La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco Llamas, ha vinculado los retrasos que “acumula” la valoración de la discapacidad en los Servicios Sociales de Castilla y León con el cambio en los baremos “aprobado por el Gobierno de Pedro Sánchez”, algo que “no esta funcionando” y que causa un problema a las comunidades autónomas.
Así lo ha apuntado Blanco en respuesta a una pregunta parlamentaria en el Pleno de este lunes por parte de la procuradora del PSOE Yolanda Sacristán, que ha advertido de que estos retrasos afectan a personas en situación de vulnerabilidad y también ha criticado la reducción de personal en “prácticamente” todas las unidades de valoración.
La consejera ha incidido en que las comunidades ya advirtieron de lo complejo del nuevo baremo en las diferentes comisiones delegadas y en las reuniones del Consejo Territorial de Servicios Sociales celebradas en 2021 y 2022 y, ahora, asevera que se dan retrasos en Castilla y León y “en toda España”.
Desde entonces, ha recordado Blanco, la comunidad ha reforzado las unidades de valoración, pero con la ampliación de los plazos de tres a seis meses ha complicado más la situación.
Pero además, ha reprochado que con ese nuevo sistema hay personas que tienen “menos grado de discapacidad” que anteriormente y, por lo tanto, “menos derechos”, de tal modo que asegura que la Junta de Castilla y León mantiene el grado que les correspondería.
La consejera del PP ha precisado que la Junta ha puesto en marcha un “plan de choque” que incrementa la formación de los profesionales, que consolida a quienes ya se encargan de las valoraciones, y con la previsión de incrementar en 48 profesionales los destinados a estas tareas.
Además, conjuntamente con Sanidad se trabaja en los informes para que existan “pasarelas” que conecten adecuadamente Sanidad y Servicios Sociales.
En cambio, la procuradora socialista Yolanda Sacristán ha culpado de esta situación a la Junta, porque se dan excesos “sin justificación”, con personas vulnerables que más allá del plazo de seis meses “tienen que esperar a ser valorados en algunos casos hasta dos años”.
Además, asegura que “en prácticamente todas las provincias” las unidades de valoración “no pueden más”, reciben un volumen “anormal y desproporcionado de llamadas”, en muchos casos para pedir una explicación por los retrasos, o que no responden a las reclamaciones.
El “denominador común”, a juicio de Sacristán, es “la falta de personal”, que asevera que ha llevado a “cerrar el registro de Valladolid por falta de recursos humanos, lo que ha provocado lógicamente un mayor retraso en las resoluciones”.
Sin embargo, reprocha que “lejos de dar usted una solución a esta situación reforzando los equipos de valoración”, según la procuradora socialista la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades “amortiza 36 puestos de trabajo” porque, ha ironizado, “le sobra el personal”.
- Te recomendamos -
