SALAMANCA, 13 (EUROPA PRESS)
Asaja Salamanca ha solicitado, en una carta dirigida al consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y León, Gerardo Dueñas, que asigne como “región de regadío” a las superficies incluidas en la nueva zona regable de la Armuña, que hasta la actualidad están como “secano”.
Así lo ha señalado la organización profesional, desde la que sus responsables, en una nota de prensa recogida por Europa Press, han asegurado que la petición es algo que “lo permite la ley estatal” y que “ésta es una situación que se adapta a la realidad, que no perjudicará a los regantes y tendrá una continuidad en el tiempo”.
Asaja Salamanca ha apuntado que “de no realizar el cambio, sería injusto y perjudicial para 850 regantes afectados” y ha subrayado que la Consejería está “a tiempo” para designar a estas parcelas “la región correcta sobre la que se cobrarán los futuros derechos de la Ayuda Básica a la Renta para la Sostenibilidad”.
La organización profesional ha subrayado que, en el año 2022, se asignaron las nuevas parcelas reconcentradas de la denominada ‘Zona Regable de la Armuña Primera Fase’, que se encuadra en parte de los términos municipales de El Campo de Peñaranda, Cantalpino, Poveda de las Cintas, Villaflores y Zorita de la Frontera, en la provincia de Salamanca.
“Previsiblemente en 2024, las pruebas, obras y últimos trámites harán que la nueva zona regable entre en funcionamiento a pleno rendimiento. Sin embargo, este año de 2023 incurre en una situación transitoria pero que fijará la región durante cinco años, hasta 2027”, ha continuado.
Sobre ello, ha explicado que el pasado 29 de diciembre de 2022 se publicó el Real Decreto 1045/2022, de 27 de diciembre, sobre derechos de ayuda básica a la renta para la sostenibilidad de la Política Agrícola Común; y, en el artículo 8, regula la región definitiva que se asignará a cada superficie, tomando como referencia la que se disponía en el año 2020.
Ante ello, Asaja Salamanca ha aludido que, “tal y como recoge la normativa”, en el caso de producirse una concentración parcelaria derivada de una actuación pública, “las comunidades autónomas deben realizar las actuaciones necesarias para asegurar una correcta gestión en el marco de la activación de los derechos de pago básico asignados previamente en estas superficies”.
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