VALLADOLID, 27 (EUROPA PRESS)
La Junta de Castilla y León ha aprobado el proyecto de ley de coordinación de los servicios de Bomberos de entidades locales de Castilla y León para garantizar un servicio “homogéneo y eficiente” en la Comunidad, “alineado” con los estándares nacionales y europeos, tal y como anunció el presidente del Ejecutivo autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, durante el Debate de Política General.
Se trata de una “importanta” futura ley que ha pasado por unos trámites “complejos” a través de diversos órganos consultivos de representación y ha contado con un “arduo” trabajo para articular un texto final que se estructura en más de 50 artículos, según ha detallado este jueves el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.
Precisamente, el titular de Medio Ambiente ha destacado que los servicios de prevención, extinción de incendios y salvamento son calificados por la Ley de Protección Ciudadana en Castilla y León como servicios esenciales cuya concurrencia es necesaria en situaciones de emergencia, dada su disponibilidad permanente, pluridisciplinariedad o especialidad.
El anteproyecto de ley se estructura en 56 artículos, dos disposiciones adicionales, cuatro disposiciones transitorias y cuatro disposiciones derogatorias, mientras que la Ley de Protección Ciudadana de Castilla y León desarrolla la competencia autonómica en materia de protección civil, regulando los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS).
Entre los puntos de este texto destaca que su ámbito de aplicación, entre cuyos principios de actuación y coordinación con otras administraciones destaca la integración en el sistema europeo de respuesta a emergencias.
En el ámbito de naturaleza y funciones de este proyecto de ley se menciona que los SPEIS son servicios esenciales dentro del sistema nacional de protección civil, y su personal tiene carácter de agente de autoridad. Competencias locales y autonómicas.
De esta forma, los municipios de más de 20.000 habitantes deben prestar el servicio obligatoriamente, mientras que en los menores es voluntario, salvo que lo asuman las diputaciones provinciales, si bien la Administración autonómica coordina la planificación y establece criterios para la ubicación de parques de bomberos.
También se prevé la interoperabilidad tecnológica, un registro de SPEIS y una Comisión de Coordinación como órgano consultivo. Ordenación del personal y se establecen cuerpos y categorías, sistemas de acceso (oposición, concurso-oposición), bases comunes de selección y medidas para la igualdad de género.
En el ámbito de la formación se incluye la formación básica obligatoria y continua según un plan anual, mientras que en el apartado de derechos y obligaciones del personal se reconocen derechos como formación, equipo adecuado y seguro de vida, y obligaciones como permanencia en el servicio hasta el relevo y el mantenimiento de la preparación física.
En el régimen disciplinario se tipifican faltas leves, graves y muy graves con sanciones proporcionales y en el apartado del personal colaborador se incluyen voluntarios y personal de empresas privadas bajo dirección del servicio.
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