VALLADOLID, 8 (EUROPA PRESS)
El presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León, Mario Amilivia, ha dedicado su primera comparecencia del año en el Parlamento autonómico al informe de Fiscalización de la Cuenta General de la Comunidad correspondiente a 2021, en el que, entre sus ocho recomendaciones, aboga por que la dotación de los créditos en la elaboración de los presupuestos tenga en cuenta el importe de los gastos pendientes de otros años.
También ha aconsejado que la Administración autonómica determine reglamentariamente la tramitación de las modificaciones presupuestarias que afecten a dos o más entidades; que la Gerencia Regional de Salud debería complete la documentación justificativa a incorporar en los expedientes de gastos de personal, además de regular el procedimiento para la confección de la nómina, así como que el Instituto para la Competitividad Empresarial extreme los controles sobre los avales vencidos cuyos avalados se encuentren en concurso de acreedores.
Amilivia, en su intervención en la Comisión de Economía y Hacienda, ha subrayado la oportunidad de presentar uno de los informes de más reciente aprobación al estimar que puede resultar de “utilidad el análisis que ofrece para el debate que se abrirá próximamente con la tramitación parlamentaria prevista del proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad para el ejercicio 2024”.
En este sentido, ha destacado que esta es la primera ocasión en la que la comparecencia sobre la Cuenta General antecede al debate presupuestario planteando, con el mismo propósito, que la segunda comparecencia del año en curso podría estar dedicada al también reciente informe sobre el Análisis de la gestión de la Deuda Pública y su relación con el sistema de financiación y el gasto social.
SIN INVENTARIO DE BIENES Y DERECHOS
Sobre el seguimiento de debilidades, refiere el informe en primer lugar que la Comunidad sigue sin tener implantado un registro de inventario que recoja todos los bienes y derechos que integran su patrimonio.
El Inventario General únicamente recoge los bienes inmuebles y derechos sobre estos de la Administración General, de la Gerencia de Servicios Sociales y del Servicio Público de Empleo. Por su parte, el Instituto Tecnológico Agrario es la única entidad que incluye bienes muebles en su inventario.
En este apartado de seguimiento de debilidades, cuatro entidades como la Junta de Castilla y León, la Gerencia Regional de Salud, la Gerencia de Servicios Sociales y el Servicio Público de Empleo tienen saldos pendientes de contabilizar correspondientes a las liquidaciones a favor de la Tesorería General de la Seguridad Social por un importe total de 22 millones de euros. Al respecto, por parte de la Administración se ha declarado que se encontraban saldados en 2022.
Con relación a los ajustes, refiere el informe que las obligaciones reconocidas netas deben disminuirse en 27 millones de euros y, por tanto, el resultado presupuestario consolidado se ajusta de forma positiva en dicho importe, con lo que quedaría en -81 millones de euros.
En materia de modificaciones presupuestarias, el presupuesto inicial consolidado de las entidades del sector público de la Comunidad sujetas al régimen de contabilidad pública fue de 12.286 millones de euros, habiéndose autorizado modificaciones por importe de 631 millones, por lo que el presupuesto definitivo llegó a 12.917 millones, precisó.
En términos agregados, el importe de las modificaciones tramitadas disminuyó un 69% con respecto al ejercicio anterior, tanto por la financiación extraordinaria a causa de la COVID-19 como porque en 2020, debido a la prórroga de los presupuestos de la Comunidad, la actualización de los ingresos provenientes del sistema de financiación, que no estaba contemplada, se implementó a través de modificaciones de crédito.
Por políticas de gasto, los créditos que más se incrementaron a través de modificaciones fueron los correspondientes a Sanidad (un 45% del total), seguidos de Industria y Energía, con un 20%.
El expediente de mayor importe, 232 millones, fue tramitado por el Instituto para la Competitividad Empresarial, destinado a la financiación de ayudas directas a autónomos y empresas para el apoyo a la solvencia y reducción del endeudamiento del sector privado con el fin de reducir el impacto económico del coronavirus.
El crédito se minoró posteriormente, en 2021, por importe de 96 millones para reintegrar al Tesoro las ayudas no concedidas, bien por no cumplir los solicitantes los requisitos o bien por no haber sido solicitadas.
ENDEUDAMIENTO DE 13.000 MILLONES DEL SECTOR PÚBLICO
En el apartado de conclusiones sobre estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, precisó Amilivia que el endeudamiento del conjunto del sector público de la Comunidad a 31 de diciembre de 2021 fue de 13.215 millones de euros, un 2% superior al del ejercicio 2020.
En el contexto de suspensión de las reglas fiscales ratificada por el Congreso como consecuencia de la pandemia, la Junta de Castilla y León tuvo en el ejercicio 2021 un déficit de 79 millones de euros (0,10% sobre el PIB), coincidente con el límite de referencia inicialmente establecido. El volumen de deuda suponía el 22% del PIB regional, inferior al valor de referencia objetivo de deuda fijado inicialmente.
La Junta de Castilla y León incrementó el gasto computable en 921 millones a cierre de 2021, un 11% más que en el ejercicio anterior, siendo el objetivo de la regla de gasto inicialmente previsto para ese año del 3%.
Sobre la concesión de avales, en 2021 la Administración General concedió tres de estos por importe total de 127 millones y no canceló definitivamente ninguno. La cuantía del riesgo vivo de los 21 avales existentes al inicio del ejercicio era de 434 millones y de 451 la de los 24 avales a fin de ejercicio, incrementándose en un 4%.
Finalmente, con referencia al sistema de información trimestral Ley 15/2010, por la que se establecieron medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, el periodo medio de pago a proveedores en el ejercicio 2021 fue inferior al límite de 30 días señalado por la normativa sobre morosidad en once de los doce meses transcurridos.
Por sectores, los periodos medios de pago global a proveedores de educación son inferiores al resto de sectores de actividad, excepto en el mes de enero, donde el sector de los servicios sociales presenta el menor valor.
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