El coste de las subvenciones en 2022 fue el doble que en 2019 y se achaca sobre todo a que no coincidieron con las municipales
VALLADOLID, 26 (EUROPA PRESS)
El presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León, Mario Amilivia, ha animado este lunes a los grupos parlamentarios a crear una ponencia para estudiar la modificación de la Ley Electoral de la comunidad en términos de reducir gastos, clarificar cuales son los importes “elegibles o no elegibles” desde el punto de vista electoral, con dudas sobre la conveniencia del envío de “miles” de sobres y papeletas a los domicilios.
Amilivia ha comparecido este lunes ante la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes de Castilla y León para presentar los informes de contabilidad electoral de los partidos políticos en las elecciones autonómicas que se celebraron el pasado 13 de febrero.
Tal y como se había anticipado hace unas semanas, cuando se dio a conocer el resultado del informe, la fiscalización refleja que los partidos cumplieron la normativa electoral en materia de gasto justificable, si bien el órgano autonómico plantea una serie de recomendaciones, que como ha recordado Amilivia “se reiteran en el tiempo”.
Así sucede con intentar que se aclaren los gastos elegibles o no elegibles desde un punto de vista electoral y que se plantee en un sentido “más restrictivo”, intentar que la contabilidad que se presente se contemple de una manera “homogénea y cierta” o regular los microcréditos o el ‘crowdfunding’ para la financiación de los partidos.
A la vista de este informe y de los anteriores, Amilivia considera que sería conveniente crear una ponencia en las Cortes, pues “en principio” hay tiempo “suficiente” entre elección y elección para estudiar una modificación de la Ley Electoral en ese sentido.
Los gastos regulares justificados por las ocho formaciones políticas ascienden conjuntamente a 3.696.292,84 euros, de los cuales 2.610.919,64 son en concepto de gastos ordinarios y 1.085.373,20 en concepto de gastos por envíos directos de propaganda y publicidad electoral.
A ese respecto, precisamente, el Consejo considera conveniente evaluar la eficiencia material y económica de los envíos directos y personales a los electores de sobres y papeletas tal y como se realizan en la actualidad, teniendo en cuenta que la disponibilidad de estos está garantizada en las mesas electorales.
La mayoría de los grupos políticos se han mostrado plenamente de acuerdo con este planteamiento, especialmente el representante de Unidas Podemos en el Grupo Mixto, Pablo Fernández, el procurador leonesista del Grupo UPL-Soria ¡Ya! José Ramón García y el de Vox, Francisco Javier Carrera.
DESGLOSE DE GASTOS Y SUBVENCIONES
El desglose de los gastos totales es de 1.219.575 euros por parte del PSOE; 1.139.990 euros, del PP; Vox tuvo 704.596 euros; UPL, 86.568; Soria Ya, 32.644; Unidas Podemos, 176.290; Ciudadanos, 290.778; y Por Ávila, 45.852.
En función del gasto realmente justificado, el cumplimiento de los límites establecidos y la subvención teórica máxima correspondiente, la subvención total a percibir por las formaciones políticas conjuntamente asciende a 2.309.264,04 euros, de los cuales 1.223.890,84 euros corresponden a los resultados electorales y 1.085.373,20 a los envíos de sobres y papeletas.
En este caso, le corresponde al PSOE una subvención de 776.625,11 euros; al PP, 731.126,11 euros; a Vox, 429.475,07 euros; a Ciudadanos, 148.725,35 euros; a UPL, 86.568,31 euros; a Unidas Podemos, 64.440,03; Por Ávila, 39.659,88 euros; y Soria Ya!, 32.644,19 euros.
El importe de las subvenciones ha sido, como ha recordado la procuradora socialista Laura Pelegrina y como posteriormente ha aclarado Amilivia casi el doble que lo que se concedió en las elecciones autonómicas de 2019, cuando la cantidad fue de 1.194.000 euros, algo que el presidente del Consejo de Cuentas achaca fundamentalmente a que los comicios del 13 de febrero se celebraron “en solitario”, sin coincidir con las elecciones municipales.
La procuradora del Grupo Popular Leticia García Sánchez ha recordado que en procesos electorales en los que coinciden ambos comicios los partidos pueden imputar gastos de las autonómicas en las municipales.
Aun así, Amilivia ha matizado que en comparación con procesos como los de 2007 en los que solo tres partidos obtuvieron representación “se podría decir que el coste se ha reducido” ya que actualmente hay ocho formaciones en las cortes y el importe de las subvenciones ha sido similar: 2,3 millones este año y casi 2,2 en 2007.
En cualquier caso, tanto el PSOE como Vox, actualmente en el Gobierno autonómico, han mencionado el gasto que ha supuesto la decisión del Partido Popular de convocar elecciones anticipadas.
Laura Pelegrina ha reprochado la “irresponsabilidad” del presidente de la Junta y del Partido Popular, Alfonso Fernández Mañueco, tanto por su “coste político” al ser Castilla y León “la única comunidad con la ultraderecha en el Gobierno” como por el “coste económico” del que se ha hablado este lunes en sede parlamentaria.
Pelegrina también se ha mostrado de acuerdo con la conveniencia de “limitar los gastos” subvencionables a “lo imprescindible”. Su partido ha sido el que mayor importe ha recibido por los gastos en este proceso electoral, con un total de 776.625,11 euros.
La procuradora socialista ha destacado que el Partido Popular y especialmente Vox incrementaron en un porcentaje muy elevado el gasto electoral en comparación con las elecciones de 2019. El representante del partido de Abascal ha explicado que en su caso se debe al crecimiento que ha tenido la formación en estos años, al tiempo que ha insinuado que otros partidos recurren a créditos para financiar sus costes electorales.
EL COSTE ELECTORAL, “UN ESCÁNDALO” PARA VOX
También el procurador de Vox ha sumado a los 3,7 millones de gastos de los partidos los “seis millones de euros” que asegura que le costó a la Junta la organización de las pasadas elecciones y, en su conjunto, ha calificado el coste de “escándalo” si se compara con las situaciones que viven “los autónomos o los agricultores” de la comunidad.
“No podemos pedir a los ciudadanos sacrificios que luego los políticos no somos capaces de cumplir”, ha enfatizado.
Por otro lado, la procuradora del PP Leticia García también ha apuntado a los detalles de las subvenciones por envío de papeletas y ha considerado “evidente” que los partidos “que resultan más caros son los que menos escaños obtienen”.
La procuradora se ha referido especialmente a Podemos y Ciudadanos, que debido a la interpretación judicial tras un recurso presentado por la segunda de las formaciones, pueden obtener subvención por todo el ‘mailing’ llevado a cabo en las nueve provincias de la comunidad pese a que solo obtuvieran representación en una de ellas.
Así, la formación de izquierdas pasó de tener que recibir 17.800 euros por dicho concepto a una cifra final de 46.000 y Ciudadanos ha pasado de 17.800 a 130.800.
En su breve intervención de cierre, Mario Amilivia ha incidido en el mensaje sobre la ponencia de la Ley Electoral y ha añadido que “cuando corresponde” volverán a tratar un informe de este tipo, algo que, ha apuntado entre sonrisas, “en principio es cada cuatro años, pero ya veremos”.
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