VALLADOLID, 13 (EUROPA PRESS)
El presidente del Consejo de Cuentas, Mario Amilivia, ha trasladado este lunes en la Comisión de Economía y Hacienda que el sistema de financiación de la dependencia no se perpetúe “más allá” de la futura reforma de financiación autonómica y considera que la norma autonómica “adolece de una excesiva dispersión que dificulta su interpretación”.
Así lo ha trasladado en la Cámara autonómica donde ha presentado dos informes, por un lado, el análisis comparativo de los gastos no sanitarios de funcionamiento de los principales hospitales públicos de la Comunidad Autónoma y, por otro, el informe sobre la aplicación de la normativa en materia de dependencia en colaboración con el Tribunal de Cuentas.
El Consejo de Cuentas remitió a las Cortes el pasado mes de octubre el informe sobre la fiscalización de la aplicación de la normativa en materia de dependencia en colaboración con el Tribunal de Cuentas que verifica con referencia al ejercicio 2018 y en muchas cuestiones al 2019 la adecuación y eficiencia de los recursos públicos aplicados a los objetivos previstos en la Ley de 2006 de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia (LAPAD). Y el Consejo de Cuentas realizó 30 conclusiones que sustentaron la opinión de esteórgano de control externo.
Tras apuntar que el sistema de financiación de la dependencia no se puede extender con la próxima reforma de financiación autonómica, el presidente ha explicado que transcurridos más de 14 años desde que entró en vigor la Ley sobre Dependencia “no parece congruente mantener la financiación de un servicio público esencial como este al margen del sistema común de financiación de otros servicios igualmente esenciales”.
Por ello, el Consejo opina que el reparto de los fondos de nivelación debería tener en cuenta parámetros vinculados al número de personas dependientes atendidas, grado de dependencia, tipo de prestación, dependientes potenciales y dispersión territorial.
En esta clave, Amilivia ha trasladado que el Consejo considera que la normativa autonómica de dependencia “adolece de una excesiva dispersión que dificulta su interpretación y no es coherente con los principios de universalidad, igualdad y accesibilidad a los servicios previstos por el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD)”.
En Castilla y León, según ha apuntado, se contempla una resolución administrativa unificada, que incluye el reconocimiento de la situación de dependencia, el programa individualizado de atención (PIA) y el reconocimiento de la prestación concreta; con un plazo máximo de resolución de 6 meses desde el momento de la solicitud.
Además, el Consejo plantea que para “revertir los recortes estatales” realizados entre 2011 y 2012 se ha establecido una retroactividad de los efectos a los 3 meses de la solicitud no contemplada en la regulación estatal y se han aumentado considerablemente las cuantías máximas de la prestación económica vinculada a la prestación de servicios y de la prestación económica de asistencia personal fijadas por el Gobierno mediante Real Decreto. Asimismo, eprovechando el margen de maniobra que permite la LAPAD, se ha establecido un régimen de compatibilidades más amplio que el contemplado en la normativa estatal y una mayor intensidad de los servicios de promoción de laautonomía personal.
En opinión del Consejo de Cuentas, no existe tampoco adaptación a los criterios del Acuerdo del Consejo Territorial de julio de 2012 en el cálculo de capacidad económica de los dependientes y en la determinación de la participación de los usuarios en el coste de prestación de los servicios.
PLAZOS RECONOCIMIENTO DE LA DEPENDENCIA
En cuanto a la gestión de las prestaciones, el tiempo medio transcurrido desde la solicitud del derecho hasta el reconocimiento de la situación de dependencia asciende a 198 días, 16 días más respecto al plazo máximo legal de 6 meses. No obstante, Castilla y León se sitúa entre las que mejores tiempos de resolución obtienen junto con Ceuta, Melilla, País Vasco y Navarra, siendo el tiempo medio de tramitación a nivel nacional de 426 días.
Durante su exposición, Mario Amilivia significó que todas las recomendaciones realizadas por el Consejo de Cuentas en el informe sobre el análisis de los gastos no sanitarios de los principales hospitales públicos de la Comunidad han sido aceptadas por la Administración autonómica, bien mediante su toma en consideración, bien porque ya se están aplicando total o parcialmente.
Finalmente, con relación al control de las prestaciones, el Consejo considera que la Gerencia de Servicios Sociales no dispone de un programa presupuestario diferenciado para reflejar el gasto de dependencia ni tampoco de una contabilidad analítica que le posibilite diferenciarlo ni cuantificar el correspondiente a cada uno de los servicios del sistema.
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO NO SANITARIOS
Respecto a la auditoría sobre los gastos no sanitarios de funcionamiento de los principales hospitales del Servicio de Salud de Castilla y León, esta se ha limitado a la red de Centros de Referencia de Atención Especializada (CRAE), ha explicado el presidente del Consejo, que está integrada por el Complejo Asistencial Universitario de Burgos, el Complejo Asistencial Universitario de León, el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, el Hospital Clínico Universitario de Valladolid y el Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid.
En el caso del Complejo Asistencial de Burgos no fue posible obtener los gastos de funcionamiento no sanitarios objeto del informe ya que es la propia sociedad concesionaria quien inicialmente soporta y registra en su contabilidad dichos gastos. En los análisis de los centros, los datos referidos al Complejo Asistencial Universitario de Burgos se calcularon, en la mayoría de los casos, excluyendo el nuevo Hospital de Burgos, considerando únicamente el resto de los centros de dicho complejo de referencia.
Por esta circunstancia, el Consejo de Cuentas recomienda que la Gerencia Regional de Salud debería obtener información de la sociedad concesionaria del nuevo Hospital de Burgos relativa a los diferentes gastos de funcionamiento no sanitarios para así poder efectuar análisis comparativos yhomogéneos entre los diferentes centros.
El periodo estudiado abarcó desde 2013 a 2017, abordándose apartados de gasto como arrendamientos y cánones; reparaciones, mantenimiento y conservación de infraestructuras, edificios y locales, maquinaria o material de transporte; y material de oficina, suministros como la energía eléctrica o los combustibles y otros como comunicaciones, transportes, primas de seguros o tributos.
El Consejo de Cuentas señala entre sus conclusiones que, salvo para el nuevo Hospital de Burgos, no consta que en los complejos asistenciales existan actuaciones o instrumentos que posibiliten un seguimiento continuado de la aplicación de los recursos destinados a gastos no sanitarios de funcionamiento, que posibiliten la optimización de esos recursos disponibles y su mejora.
Por ello, recomienda que la Gerencia Regional de Salud o las Gerencias de Asistencia sanitaria deberían elaborar planes de gestión integrales o individuales de los principales bienes o servicios (energía eléctrica, gas, agua, vestuario, lavandería, productos alimenticios, limpieza, etc.) donde se realicen previsiones de demanda, se definan objetivos estratégicos a medio o largo plazo, se determinen los indicadores necesarios que posibiliten el seguimiento del grado de realización de los mismos y se establezcan mecanismos de revisión a la vista de los resultados.
Por últimio, Amilivia ha apuntado que todas las recomendaciones que hizo el Consejo de Cuentas fueron aceptadas por la Gerencia Regional de Salud y varias de ellas se hallan en aplicación.
- Te recomendamos -
