El Plan Anual de Fiscalizaciones del Consejo de Cuentas ha sido aprobado esta tarde en sede parlamentaria
Los 17 nuevos informes ponen el foco en la educación, la financiación del gasto social, la sociedad digital y el papel de las entidades locales en la vertebración territorial
VALLADOLID, 3 (EUROPA PRESS)
El presidente del Consejo de Cuentas, Mario Amilivia, ha solicitado esta tarde a la Mesa de las Cortes “la imprescindible dotación presupuestaria para cubrir los medios personales y materiales que permitan desarrollar el cometido de la Autoridad Independiente en materia de corrupción con la establecida separación de funciones”.
Tal reivindicación la ha planteado Amilivia durante la presentación, en sede parlamentaria, del Plan de Fiscalizaciones para 2025 que, “desde una orientación constructiva, continúa profundizando en los fundamentos competenciales de la Comunidad, con nuevas fiscalizaciones que ponen el acento en la educación, la financiación del gasto social, la sociedad digital y el papel fundamental de las entidades locales en la vertebración territorial de Castilla y León”.
El Plan incluye 17 nuevos trabajos, con 16 fiscalizaciones y el informe anual de seguimiento de las recomendaciones, recogiendo además 34 auditorías de planes anteriores cuya finalización se proyecta en el presente ejercicio. En total, el Consejo tendrá este ejercicio 51 informes en distintas fases de tramitación.
Se trata de un programa de trabajos sometido esta tarde a la preceptiva ratificación de Comisión de Economía y Hacienda–ya que el Consejo no puede aprobarlo autónomamente–y que implica todos los recursos del Consejo, con una carga de trabajo que superará el año natural en su ejecución, si bien se parte del propósito de iniciar todas las actuaciones durante el presente ejercicio.
Antes de pasar a desgranarlo, Amilivia ha expuesto que la Institución trabaja afrontando “nuevos retos” como ha sido la creación en 2024 de la Autoridad Independiente en materia de corrupción de Castilla y León, adscrita orgánicamente al Consejo. Al respecto, el presidente ha recordado que, además del nombramiento de su titular, Luis Gracia, la Mesa de las Cortes aprobó una modificación de la plantilla del Consejo creando las seis plazas necesarias para la puesta en marcha de la Autoridad.
Hasta la fecha, ha precisado, se han cubierto dos de las tres plazas contempladas en el anteproyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad para 2025 (una de asesor y otra de letrado) cuyo coste asciende a 365.556 euros. Al prorrogarse las cuentas de 2024 y no quedar incorporada una dotación específica para estas nuevas plazas “se genera una disfunción en el presupuesto del Consejo de Cuentas, ya de por sí austero, que debe ser corregida para no comprometer su normal funcionamiento”.
También, ante las nuevas necesidades con su entrada en funcionamiento, se realizó un gasto de 85.000 euros que tampoco estaba presupuestado. A la vista de ello, el 23 de enero, por acuerdo del Pleno del Consejo, se remitió un escrito a la Mesa de las Cortes informando de esta situación y “solicitando la imprescindible dotación presupuestaria para cubrir los medios personales y materiales que permitan desarrollar el cometido de la Autoridad Independiente con la establecida separación de funciones, necesidad ya advertida hace un año en la comparecencia del Plan de Fiscalizaciones 2024”.
Amilivia ha precisado que “esta responsabilidad adicional hace aún más patente la necesidad de abordar las reformas normativas planteadas en los términos del acuerdo adoptado por el Pleno del Consejo de Cuentas el 14 de octubre de 2021, cuyo alcance conocen los grupos parlamentarios”.
En este sentido, ha incidido en “la conveniencia de reforzar la independencia en términos equiparables al resto de los órganos de control externo autonómicos”, manifestando que “el Consejo de Cuentas es el único que no aprueba autónomamente su plan anual al ser competencia de estas Cortes. Circunstancia que, por cierto, no pasa desapercibida en el ámbito de las instituciones fiscalizadoras”.
Empezando con la exposición del Plan, ha explicado que las cuatro fiscalizaciones legales permiten una visión amplia y homogénea de la gestión de las administraciones autonómica y local, permitiendo además la comparabilidad de los datos y su análisis evolutivo para un mejor conocimiento de las políticas públicas y su ejecución.
En cuanto a las 12 fiscalizaciones de carácter especial, cinco corresponden al ámbito de la Comunidad y siete al ámbito local.
Dentro del sector público autonómico, se volverá a analizar la situación económico-financiera y la ejecución funcional del gasto de la Comunidad, para obtener una perspectiva que permita constatar la evolución en las principales áreas como sanidad, educación o servicios sociales.
ESPECIAL ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN Especial atención tendrá en esta ocasión el ámbito educativo, con un análisis de la gobernanza en ciberseguridad de la Universidad de Burgos y la actualización de dos fiscalizaciones en marcha: una referida a los gastos de personal de las universidades públicas y otra a la gestión de los gastos de funcionamiento de los centros docentes públicos y concertados de enseñanza secundaria obligatoria.
Como ya se hizo en el plan anterior, de forma complementaria a la Cuenta General de la Comunidad se realizará otro informe para analizar detalladamente la situación y evolución del endeudamiento y verificar aspectos de legalidad como el cumplimiento de las reglas fiscales.
Pasando al sector público local, el Plan refleja como siempre la relevancia del municipalismo en una Comunidad de gran extensión y dispersión poblacional, que cuenta con cerca de 5.000 entidades. Así, Amilivia ha destaco las actuaciones programadas en seguridad informática, analizando la situación de los servicios que prestan las diputaciones a los municipios en esta materia y efectuando el seguimiento de la auditoría de ciberseguridad que se realizó al Ayuntamiento de Palencia.
Asimismo, se proponen dos auditorías sobre los ayuntamientos de las capitales de provincia, una sobre los costes y rendimientos derivados de los servicios públicos y otra sobre la contratación.
Por otra parte, se profundizará en los procesos de estabilización llevados a cabo para paliar las altas tasas de temporalidad en los ayuntamientos. Y, además, se acometerán auditorías específicas de los ayuntamientos de Medina del Campo y de Trabanca atendiendo a criterios de riesgo.
Finalmente, se realizará el informe de seguimiento de recomendaciones del ejercicio 2024.
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