Están acusados de un delito de tenencia de explosivos y se enfrentan a una condena de tres años y medio e inhabilitación para el manejo de tales artefactos
VALLADOLID, 20 (EUROPA PRESS)
La Audiencia de Valladolid sienta el próximo lunes, 24 de marzo, en el banquillo a un militar del Ejército de Tierra y un guardia civil, el primero como responsable de una empresa y el segundo en calidad de contratado, por impartir cursillos de desactivación de explosivos mediante el uso de material real, sin estar autorizados para ello, y poner por tal motivo en peligro la vida de los alumnos.
Los ocupantes del banquillo, Alberto G.G, apoderado de la mercantil Eoditec, con sede en el Polígono Industrial de ‘La Mora’, en La Cistérniga (Valladolid), y especialista en desactivación de artefactos explosivos (Tedax) del Ejército de Tierra, y Ginés C.S, guardia civil y jefe del Servicio de Desactivación de Explosivos (Sedex) de la Comandancia de Valladolid, están acusados de un delito de tenencia de explosivos e inhabilitación por idéntico periodo de tiempo para profesión u oficio relacionado con el manejo de sustancias o aparatos explosivos, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.
La empresa de Alberto G.G. fue constituida en julio de 2013 y su objeto social era, entre otros, el desminado humanitario y desmilitarización, junto con la demolición y preparación de terrenos y servicios de formación, ámbito en el que al menos en noviembre de 2014, con la ayuda del otro acusado, experto también en desactivación de explosivos, Eoditec organizó un cursillo de formación en detonación de artefacto, mediante el uso de material real, en concreto plástico PG2, que fue impartido para cuatro miembros de la Armada de Chile, “con el consiguiente peligro para todos los asistentes debido a la manipulación de tales explosivos y la ausencia de medidas de seguridad en el recinto”, tal y como sostiene la acusación pública.
La práctica, denominada ‘La Parrilla Acción y Aventura’, incluía actividades de ocio con armas de aire comprimido (airsoft) y fue efectuada el día 25 de noviembre de 2013 en un recinto situado en la carretera VP 223, entre los términos de Tudela de Duero y Montemayor de Pililla.
Fue en julio de 2016, tres años después, cuando Eoditec solicitó a la Subdelegación del Gobierno de Valladolid la obtención de consumidor habitual de explosivo civil para la investigación y desarrollo de nuevas tecnologías relacionadas con la eliminación, neutralización y desactivación de explosivos, así como tareas de formación e instrucción, incluyendo prácticas con explosivos. Sin embargo, el consumo de tales explosivos, además de exigir la correspondiente autorización administrativa, no está permitido en el ámbito de la seguridad privada.
La tramitación de la citada solicitud quedó paralizada a raíz de la inspecciones realizada a las instalaciones de la empresa que, como consecuencia de la petición de la mercantil, fue efectuada por el Servicio de Inspección de Zona de la Guardia Civil y en la que se pusieron de manifiesto los hechos relatados.
A los acusados se les aplica la atenuante de dilaciones debidas debido a que la causa estuvo paralizada por causas no atribuibles a ambos, en concreto desde el 12 de agosto de 2019, fecha en la que se acordó librar comisión rogatoria a Chile, hasta el 7 de noviembre de 2023, en que se recibió parcialmente el resultado de la referida comisión.
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