TOLEDO, 12 (EUROPA PRESS)
Un grupo de vecinas de Yedra 8 ha registrado este miércoles un escrito en la sede de la Empresa Pública de Gestión de Infraestructuras de Castilla-La Mancha (Gicaman) y la Delegación Provincial de Fomento en el que, una vez más, piden a la administración regional que cumpla con sus obligaciones y se siente a negociar para consensuar una solución que “haga efectivo el derecho a una vivienda digna, de forma que el artículo 47 de la Constitución no quede en papel mojado”.
Para ello, las firmantes del escrito vuelven a poner sobre la mesa su propuesta, ya conocida por la administración, y dejan claro que en ningún caso se niegan a asumir sus responsabilidades como inquilinas y la obligación que tiene Gicaman de solventar todas las deficiencias que arrastra desde hace ocho años esta promoción de 148 viviendas públicas.
Las vecinas firmantes, según informan en nota de prensa, recuerdan la infinidad de reclamaciones que han ido presentando en los últimos años por el “lamentable” estado en el que se encuentra la comunidad de Yedra 8, que “no cumple las exigencias mínimas que se debe pedir a la empresa pública que alquila dichas viviendas”.
Incluyen un resumen de desperfectos, sobradamente conocidos por la arrendataria, como la acumulación de basura en las zonas comunes; falta de luz en portales y escaleras, lo que obliga a las vecinas a alumbrarse con linternas o ascensores casi siempre averiados.
De igual modo, denuncian que no se hacen campañas de desinfección; las puertas suelen estar rotas o no se pueden cerrar, además de los problemas de inseguridad que vienen denunciando habitualmente. “También las viviendas acumulan muchos desperfectos estructurales que Gicaman nunca ha arreglado”, se quejan.
Por lo tanto, consideran que la reclamación de pago que realiza Gicaman “no se ajusta a derecho porque no se ha tenido en cuenta estos gravísimos incumplimientos por su parte”.
En este sentido, recuerdan que la parte que incumple sus obligaciones no puede exigir a la otra que las cumpla, y no se puede reclamar las cuotas de la comunidad por unos servicios que no se están prestando, lo que supone “un enriquecimiento injusto contrario a derecho”.
“Tampoco se puede mantener la misma cuota de alquiler por unas viviendas que no reúnen las mismas condiciones que tenían a la fecha de firma del contrato de arrendamiento”, añaden los vecinos.
Aseguran que las personas que tienen alquiladas estas viviendas de protección oficial de promoción pública son familias especialmente vulnerables, con escasos recursos. “No es de recibo que se estén reclamando unas rentas como si el disfrute de esas viviendas se realizara en estado óptimo”.
“La comunidad se está convirtiendo en una zona insalubre, que bien pudiera suponer un foco de infecciones para los vecinos de la zona”, han alertado desde el vecindario, que abogan por hacer un estudio pormenorizado de la situación de los habitantes habituales de cada vivienda (unidad habitacional), la adjudicación de las 96 vivienda vacías y la rehabilitación integral de la promoción que permita vivir dignamente.
“Para ello se debe contar con las vecinas y vecinos. Entendemos que esta rehabilitación es posible, puesto que existen fondos europeos de recuperación”.
De igual modo, reclaman integrar un equipo público y permanente de trabajadores y educadores sociales en el proceso de recuperación de la convivencia, cuyo trabajo mejoraría la calidad de vida de los vecinos, rebajaría la conflictividad social y mejoraría la convivencia.
Y por último piden que se lleve a cabo una gestión integral en todo lo relativo a la promoción. Para este proceso se contará con la participación de las vecinas y vecinos, que elegirán un representante por portal ante Gicaman.
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