MADRID/TOLEDO, 13 (EUROPA PRESS)
La organización Greenpeace ha lamentado que Castilla-La Mancha es, sin duda, la comunidad que mayor porcentaje de sus regadíos tiene sobre zonas en las que el regadío debería reducirse de manera prioritaria. Es la comunidad autónoma con más áreas tensionadas para el regadío en términos relativos, un 36,1%. Se trata de casi 120.000 hectáreas que se localizan principalmente en la cuenca del Guadiana.
También es la comunidad autónoma “con mayor extensión de zonas críticas en términos relativos, un 21,27%, por encontrarse en esa grave situación de insostenibilidad por el mal estado de las aguas subterráneas, por situarse sobre zona vulnerable a nitratos y, además, haber sufrido ya un cambio de clima”.
Estas zonas críticas se concentran especialmente en Ciudad Real Oriental, Cuenca occidental y Toledo sudoriental. En la provincia de Ciudad Real se encuentra el Parque Nacional de las Tablas de Daimiel. “Este Parque está muy comprometido, por la presión que, sobre el acuífero subyacente, suponen las extracciones del regadío”, ha informado Greenpeace en nota de prensa.
La organización considera “necesario” recortar el volumen de agua del regadío en España, “racionalizarlo” en aras de una “necesaria transición hídrica justa” para lograr un reparto de los recursos hídricos que garanticen la supervivencia de todos, ya que en la actualidad “no hay agua para tanto regadío”.
Así lo ha reclamado la directora ejecutiva de Greenpeace España, Eva Saldaña, durante la presentación del informe ‘La burbuja del regadío en España’ que explica las zonas con mayor riesgo y que alerta de la “insostenibilidad del regadío”, al tiempo que en este contexto electoral pide a los partidos que expliquen su política hídrica.
El trabajo recuerda que desde 2004 a 2021 los regadíos “legales” han aumentado al menos en 536.295 hectáreas; de las que 14.884 hectáreas de riego se realizan en invernaderos. En total, en España ser riegan 3,97 millones de hectáreas lo que, según Saldaña supone que la extensión de regadío ha aumentado un 16 por ciento entre 2004 y 2021.
El documento precisa que las comunidades autónomas con mayor superficie de regadío son Andalucía, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Aragón, Comunidad Valenciana, Extremadura, Cataluña y Región de Murcia. De hecho, las tres primeras suman el 56 por ciento de todo el regadío en España.
Durante la rueda de prensa, el responsable de la campaña de agua de Greenpeace, Julio Barea, ha advertido de que las señales de alarma son evidentes ya que España es el segundo país con más estrés hídrico de Europa, ya que tiene un 75 por ciento del territorio en riesgo de desertificación.
“No podemos permitirnos regar como si nada”, afirma Barea que considera que este informe de Greenpeace pone “el cascabel al gato” al regadío, el mayor consumidor de agua de España.
En este contexto, recuerda que el 80 por ciento del agua se destina a la agricultura y la ganadería; otro 15 por ciento a consumo urbano y el 5 por ciento a uso industrial. Sin embargo, destaca que el ahorro en el consumo se centra en el uso urbano e industrial y no en la agricultura.
Barea ha incidido en que el regadío se concentra cada vez en menos manos, lo que implica que no ayuda al fortalecimiento rural sino al enriquecimiento de cada vez, menos personas a costa de la futura escasez de la mayoría. “Si seguimos con este modelo y crecimiento desmedido está en peligro de desaparecer nuestra agricultura tradicional”, advierte.
Así, insiste en que “no hay agua para tanto regadío” y por ello es necesario recortarlo. El trabajo indica además cuáles son las zonas prioritarias de reducción ya que a pesar de que la ciencia estima que España cada vez tendrá menos agua, la planificación hidrológica del Ebro, Duero, Gudiana y Segura recoge aumentos en regadíos.* Asimismo, Barea denuncia que el 16,2 por ciento del regadío está en zonas con acuíferos en mal estado o vulnerables a nitratos y un 3,7 por ciento de ese regadío está en zonas donde ya ha cambiado el clima.
En definitiva, la ONG afirma que el agua es escasa, contaminada y mal gestionada y que el regadío en España es “insostenible”. En el marco de su campaña ‘Salvar el Agua’, precisa que el 32,88 por ciento de las zonas sobre acuíferos tienen un “mal estado cuantitativo”; el 45,52 por ciento del regadío sobre acuíferos presenta un “mal estado químico”; el 56,69 por ciento son zonas con elevados niveles de nitratos y en el 15,83 por ciento de las zonas se ha producido una evolución climática.
El trabajo apunta que en total el 16,23 por ciento de los regadíos españoles están en áreas tensionadas, por lo que son, esas zonas las que Greenpeace considera preferentes de reducción, empezando, en primer lugar por los regadíos ilegales. Además, ve conveniente hacer un análisis socioeconómico de las explotaciones con los afectados.
Por cuentas, las que peor situación reflejan, según el informe de Greenpeace, son el Guadiana, con un 38,06 por ciento, Segura, 27,44 por ciento; cuencas de Baleares, 26,88 por ciento; Júcar, 25,78 por ciento; Mediterráneas Andaluzas, 25,44 por ciento; las cuencas internas catalanas, 24,91 por ciento y Guadalquivir, 19,34 por ciento.
Igualmente, por comunidades autónomas, la peor situación se da en Castilla La Mancha, Comunidad Valenciana y Región de Murcia. En estas tres comunidades, alrededor de una tercera parte de los regadíos ya se sitúan en zonas tensionadas.
El trabajo estima que el 13,8 por ciento de los regadíos están sobre zonas que afectan a espacios naturales protegidos y de gran interés ecológico, como el Mar Menor, las Tablas de Daimiel y Doñana, donde su estado es “algo crítico”.
Ante estas “señales de alarma evidentes”, Barea ha insistido en que es posible regar “como sin nada” y además el regadío está concentrada en pocas manos por lo que “no ayuda” al fortalecimiento rural sino al enriquecimiento de, cada vez, menos personas a costa de la futura escasez de la mayoría. “Si seguimos con este modelo y crecimiento desmedido está en peligro de desaparecer nuestra agricultura tradicional”, reitera.
De este modo, ante el contexto de elecciones generales del 23 de julio, Greenpeace observa que es una “buena oportunidad” para que los partidos definan su postura ante este problema para que el electorado sepa cuáles son las propuestas que protegen el agua, a las personas y los ecosistemas y pide a los ciudadanos a exigir un “compromiso medioambiental inequívoco a sus dirigentes”.
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