TOLEDO, 14 (EUROPA PRESS)
La portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Blanca Fernández, ha secundado este miércoles las declaraciones del presidente del Ejecutivo regional, Emiliano García-Page, sobre la reforma del delito de malversación, que tanta polémica han generado.
Preguntada por los medios durante la rueda de prensa que ha ofrecido este para comunicar los acuerdos aprobados por el Consejo de Gobierno de este martes en Ocaña (Toledo), Fernández ha señalado que las declaraciones de García-Page se corresponden “no solo con lo que piensa él, sino con lo que piensa una buena parte de la ciudadanía, por no decir la mayoría”.
“Nadie entiende, o muy poca gente puede entender en Castilla-La Mancha que se haga un traje a medida a los independentistas que delinquieron”, ha declarado la portavoz del Ejecutivo regional.
“Es lógico que haya malestar en la sociedad, y es lógico que haya quien la exprese”, ha añadido, poniendo en valor la lealtad del presidente autonómico a “los intereses de España”.
Con todo, Fernández se ha mostrado convencida de que las consecuencias de las declaraciones de García-Page serán positivas, “porque permiten a la gente conocer lo que opina el presidente de Castilla-La Mancha”.
Dicho esto, ha puesto en valor el ejercicio de “transparencia” que, su entender, el titular del Ejecutivo regional ha hecho “al margen de los efectos electorales que pueda producir”.
La portavoz del gobierno de Castilla-La Mancha ha defendido que la intención del presidente autonómico era “poner pie en pared y decir hasta aquí”, así como transmitir una opinión “muy contundente, sincera, muy preocupada y muy meditada”.
Preguntada por los medios presentes en la rueda de prensa sobre si el Gobierno regional teme efectos sobre algunas decisiones dependientes del Gobierno de España como el Plan Hidrológico del Tajo, la portavoz ha negado tajantemente esa posibilidad. “No se nos pasa ni por la cabeza”, ha afirmado.
Además, Fernández ha recordado que el actual plan del Tajo se ajusta a las exigencias establecidas en las sentencias del Tribunal Supremo, que de no respetarse serían materia de acciones legales.
“No creemos que vaya a ser necesario en ningún caso porque desde la Vicepresidencia de Transición Ecológica se entiende que hay que proteger al Tajo. Y no contemplamos que haya ninguna represalia, bajo ningún concepto”, ha concluido.
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