Guijarro lo ve como una “revolución administrativa” al modificar ocho leyes sectoriales y revisar 200 procedimientos de la Comunidad Autónoma
TOLEDO, 28 (EUROPA PRESS)
El Consejo de Gobierno ha aprobado este martes el anteproyecto de Ley de Simplificación, Agilización y digitalización Administrativa, que ahora tendrá que pasar por el Consejo Consultivo por lo que en el mes de marzo el Ejecutivo castellanomancnego estará en condiciones de remitirlo al Parlamento regional.
Así lo ha avanzado en rueda de prensa el vicepresidente primero de la Junta, José Luis Martínez Guijarro, quien ha apuntado que este proyecto de Ley ha sido “profundamente debatido” en el seno del Gobierno regional y el conjunto de la Administración y se ha sometido también a un proceso de participación ciudadana “importante”.
“Ha pasado por seis órganos colegiados de asesoramiento de la comunidad autónoma y otras distintas comisiones internas de la región”, ha incidido Guijarro, quien ha apuntado que ha pasado también por distintos organismos de la Administración para evaluar su impacto presupuestario, en materia de género, en materia de unidad de mercado o en materia de reto demográfico.
Con todo, ha dicho que este anteproyecto cuenta con 93 disposiciones que están organizadas en seis títulos con 71 artículos, dos disposiciones adicionales, tres transitorias, una derogatoria y diez disposiciones finales que modifican ocho leyes sectoriales. “Por lo tanto, incide de una manera importante en el cuerpo normativo de la Comunidad Autónoma para simplificar y agilizar la tramitación administrativa”.
Bajo su punto de vista, se trata de una “revolución administrativa” porque este anteproyecto, aparte de modificar ocho leyes sectoriales, someterá a análisis y revisión 200 procedimientos administrativos de la comunidad autónoma que deberá producirse en el plazo de una año tras la aprobación de esta norma.
NOVEDADES QUE PLANTEA
Guijarro se ha detenido en las novedades que plantea esta ley a lo largo de sus 71 artículos, para destacar que establece que el criterio del silencio administrativo pasa a ser positivo en términos generales, salvo cuando una disposición de la Unión Europea o una normativa estatal prevea lo contrario.
“Regulamos también un doble silencio, que en una primera fase puede ser negativo, pero si hay un recurso de un ciudadano afectado y resuelven los plazos del recurso, se convierte también en positivo”, ha indicado, para agregar que contiene también una reducción de los plazos de resolución al ser de tres meses en términos generales, “salvo que una legislación prevea lo contrario”.
A ello ha añadido que el plazo de emisión de informes internos en un procedimiento administrativo que tenga que hacer cualquier órgano de la administración regional se reduce a diez días o que se procede a la sustitución de las autorizaciones previas para ejercer una actividad o para abrir algún tipo de instalación a las declaraciones responsables por parte del interesado.
“Además, para seguridad del propio ciudadano, de la propia empresa y la tranquilidad también de la administración, se prevé que esas declaraciones responsables vayan incorporadas o vayan acompañadas de informes de una entidad colaboradora de la Administración”, lo que el vicepresidente ha considerado la gran novedad que incorpora la ley, la de la figura de las entidades colaboradoras de la Administración.
Se trata, ha proseguido Guijarro, de un modelo de colaboración público-privada con entidades que están acreditadas por la Entidad Nacional de Acreditación y Certificación y por la Comunidad Autónoma para ejercer como tal. Se pueden elegir a petición del interesado, que podrá hacerlo de manera voluntaria para que su procedimiento administrativo se tramite con la colaboración de estas entidades y que puedan analizar el contenido del expediente y emitir informes.
Se han previsto así once grandes competencias en las que podrán intervenir estas entidades colaboradoras y la propia ley ya las incorpora “en siete de esas once”. Además, Guijarro ha señalado que esta novedad tiene un marco “muy garantista” para el ciudadano y para la propia Administración por los requisitos y el régimen de incompatibilidades que se incorpora a las entidades y a los profesionales que prestan servicio a las entidades.
LA INTRODUCCIÓN DE LA IA
Por último, ha manifestado, la ley contempla “un gran apartado” como es el de la administración digital, “clave para todo el proceso de agilización en la tramitación administrativa”. “Hemos llegado a la conclusión de que la gran apuesta para la agilización administrativa es la digitalización de los procedimientos y la utilización de nuevas herramientas”.
Entre ellas, ha mencionado la inteligencia artificial, por lo que se regulará su incorporación en los procedimientos administrativos y su uso para la tramitación de los expedientes. “Todo ello en el marco de las directivas de la Unión Europea en esta materia y para dar plenas garantías jurídicas hacia el empleado público y hacia el propio ciudadano”.
Asimismo, se incorpora en esta normativa otra herramienta como es el Espacio Ciudadano donde, a través de esta plataforma de servicios digitales, se incorporará toda la información que la Administración regional tiene sobre un ciudadano, así como todos los expedientes que se están tramitando o que se han tramitado.
Esto trae consigo otra novedad, ha afirmado Guijarro, como es la proactividad, ya que en función de los datos que la Administración tiene de un ciudadano si considera que puede ser beneficiario de una prestación o de un derecho, se le comunicará al ciudadano y, si éste activa esa comunicación, automáticamente se le concederá la prestación o tendrá reconocido el derecho a la misma.
El Espacio Ciudadano incorporará también el Canal Empresa, “que es lo mismo que estamos hablando de los ciudadanos pero para las empresas”, ha apuntado, para añadir que también habrá “toda una batería de ofertas” dirigida a las empresas para la generación de la actividad económica.
Un conjunto de medidas que para el vicepresidente primero de la Junta tienen el objetivo de incrementar las cuotas de agilidad en la tramitación de los expedientes, simplificar la relación de los ciudadanos y de las empresas con la administración regional y hacer una apuesta “muy clara” por la digitalización de la gestión de la Administración regional.
CRÍTICAS DE LOS SINDICATOS
Preguntado por las críticas de los sindicatos a la figura de la entidad colaboradora, Guijarro ha apuntado que en todo el proceso de participación de la ley y en los distintos órganos por los que ha pasado, hay representación de las organizaciones sindicales. “En esos órganos no hicieron ningún planteamiento que diera a entender que no les gustaba la figura”, ha añadido.
Así, ha señalado que la utilización de las entidades colaboradoras es “una fórmula más” de colaboración público-privada que utiliza la administraciones y que, por ejemplo, se lleva muchos años utilizando la Consejería de Bienestar Social para la adopción internacional.
“Hace muchos decenas de años que estamos utilizando esa figura y en ningún momento supone una dejación de funciones. Supone poner una herramienta a disposición de las familias que es voluntaria para facilitarles los trámites en los países de origen. Por lo tanto, es una figura que ahora lo que venimos es a regularla para el conjunto de la administración”, ha argumentado.
Por último, le ha llamado la atención que los sindicatos critiquen la utilización de esta fórmula pero defienda, al mismo tiempo, la colaboración público-privada para la prestación de la asistencia sanitaria a los empleados públicos que lo soliciten. “Es una incoherencia entre las organizaciones sindicales”, ha zanjado.
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