Junta propone ayudas a la contratación desde 3.000 y hasta 8.500 euros en el caso de mujeres con alguna discapacidad
TOLEDO, 11 (EUROPA PRESS)
La consejera de Economía, Empresas y Empleo del Gobierno de Castilla-La Mancha, Patricia Franco, ha detallado el contenido de dos decretos aprobados por el Consejo de Gobierno y que plantean, mediante una inyección de 11,5 millones de euros, facilitar la consecución o conversión de hasta 1.800 empleos en indefinidos, casi 200 de ellos para personas con alguna discapacidad.
En rueda de prensa, Franco ha avanzado que el primero de los decretos aprobados es para impulsar la contratación indefinida o la transformación desde contratos temporales, una línea de 10 millones de euros para dar cobertura a cerca de 1.600 personas, tal y como ha detallado.
Se trata de una partida que “se incrementa considerablemente” con respecto a la última convocatoria, ya que multiplica por tres los guarismos de la anterior entrega, ya que en su día hubo una alta demanda y se prevé una alta participación.
En primer lugar, ayudas que excluyen contratos de la modalidad fija-discontinua, y va dirigida a personas desempleadas de larga duración, jóvenes, mujeres o mayores de 50 años, además de personas en riesgo de exclusión.
Otra novedad para por un nuevo perfil de usuarios, como son personas empleadas por empresas de trabajo temporal por al menos 90 días en los últimos meses.
La cuantía de las ayudas para contrataciones indefinidas será de 6.000 euros en el caso de nuevas contrataciones, 4.000 en el caso de transformación de contratos; con mil euros más en caso de que le beneficiaria sea víctima de violencia machista.
Si la empresa contrata de manera indefinida a una mujer que ocupará puesto directivo, la ayuda se incrementa también en mil euros; y se incorpora a jóvenes que quieran trabajar en oficios difíciles de cubrir con incentivos aún mayores.
MODALIDAD DE FIJOS-DISCONTINUOS
En esta ocasión, se contempla además la posibilidad de incentivar la transformación a contratos fijos de los fijos-discontinuos, con 6.000 euros de ayuda a la contratación. Esta ayuda “tiene que ver con el escenario de la nueva reforma laboral”, toda vez que con datos del mes de septiembre, un tercio de las contrataciones en la región han sido indefinidas.
Habrá, además, un llamado ‘cheque-transición’ para apostar por el empleo de personas que vengan de planes de empleo o del Plan de Garantía +52 del Gobierno autonómico. También serán 6.000 euros de ayuda para su contratación, con mil más para víctimas de violencia machista o personas en exclusión social.
La última de las cuatro líneas pasa por la conversión de indefinidos a tiempo parcial a indefinidos a tiempo completo, siempre que supongan aumentar la jornada al menos en un 25%, lo que contempla hasta 3.000 euros de ayudas para la persona contratante.
Habrá ayudas adicionales de entre el 20% y el 40% en virtud de la Ley contra la Despoblación, dependiendo de la densidad poblacional del municipio donde se oferte la plaza.
Se subvencionan los contratos desde noviembre de 2021 y será hasta el 30 de noviembre del presente año cuando se podrán presentar las solicitudes.
1,5 MILLONES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Otro millón y medio de euros va a parar al objetivo de contratar a 180 personas con algún tipo de discapacidad, dentro de un decreto que viene “a dignificar la vida de personas que lo tienen un poco más difícil”. Esta partida además beneficiará a personas autónomas más allá de las empresas, que también se podrán beneficiar.
Se subvencionará tanto la contratación indefinida como la transformación de temporales en indefinidos, con cuantías de hasta 8.000 euros, 500 más en el caso de mujeres.
La segunda línea de ayudas dentro de este decreto se dirige, con 1.000 euros, a dotar de equipos de protección o eliminación de barreras para permitir el acceso de personas con discapacidad a los puestos de trabajo.
La contratación indefinida de personas con discapacidad que vengan de alguno de los 90 centros especiales de empleo de la región tendrán también incentivos.
Como última línea, se plantea financiar los costes del preparador laboral de las personas beneficiarias, ya que sería necesario un seguimiento para coordinar el trabajo a desempeñar con la labor profesional.
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