GUADALAJARA, 30 (EUROPA PRESS)
El juicio previsto para este 30 de noviembre en el Juzgado número 1 de Guadalajara, en el que se iba a juzgar a ocho activistas antidesahucios que fueron detenidos el 5 de diciembre de 2017 por protestar ante una sucursal de Caixabank en Cabanillas del Campo (Guadalajara) para intentar paralizar un desahucio, ha quedado suspendido sin fecha aún prevista, debido a la huelga convocada en la Administración de Justicia.
A la salida de los juzgados y entre los gritos de ‘Libertad de reunión, sin entrar a la prisión’, cerca de medio centenar de miembros de la Plataforma Antirrepresiva de Guadalajara (PAG) acompañados también de algunos cargos políticos de formaciones como Unidas Podemos-IU y de Aike, han mostrado su apoyo a los acusados, y su “indignación” por las peticiones de pena solicitadas para los acusados, por una protesta que han calificado de “pacífica” en el interior de una sucursal de la citada entidad bancaria.
La Fiscalía pide para los acusados ochos meses de cárcel que podrían llegar a los 10 meses por los delitos de resistencia y desobediencia grave a los agentes y por allanamiento de un local abierto al público, mientras que por parte de CaixaBank se pide una condena de más de tres años y medio de cárcel por los delitos de allanamiento, coacciones, resistencia a los agentes y desórdenes públicos.
Los propios acusados, a través de uno de ellos, han vuelto a decir a la salida de los juzgados que “se les detuvo irregularmente, se les acusado ilegalmente, se destruyeron pruebas, y ahora alargan un proceso judicial que va a superar ya los cinco años”, una situación con la que creen que se pretende que se produzca “un desgaste” que no van a conseguir.
Así, han lamentado que hoy se pretendiera celebrar este juicio a puerta cerrada “sin presencia de observadores ni de organismos de Derechos Humanos” que habían solicitado su presencia, en referencia a Amnistía Internacional.
A juicio de la PAG se han vulnerado los derechos de los acusados, que tienen claro que “esta pelea la van a ganar”; han dicho satisfechos del nivel de acompañamiento que han tenido a las puertas de los juzgados y convencidos de que este es el camino a seguir “para que la protesta deje de estar penalizada en España”, ha indicado uno de ellos a la salida de los juzgados.
En diciembre del año 2017 los activistas de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Guadalajara (PAH), trataron de paralizar el desahucio de una vecina de Cabanillas del Campo y sus dos hijos. Ahora, cinco años más tarde, ocho de ellos podrían enfrentarse a penas de prisión que van desde 10 meses a tres años y siete meses de cárcel, acusados de delitos de allanamiento de establecimiento, resistencia a la autoridad, desobediencia, coacciones y desórdenes públicos.
Según ha denunciado la Plataforma Antirrepresiva de Guadalajara (PAG), el banco se había comprometido verbalmente a paralizar el desalojo a la espera de que se negociara un alquiler social, por intermediación del Ayuntamiento de la localidad, pero se negaron a dejar por escrito los términos de este compromiso, por lo que los activistas decidieron acudir a la sucursal a pedir los papeles necesarios para ayudar a la mujer.
Mientras, las viviendas habían sido entregadas a una gestora que, sin embargo, empezó a “hostigar y acosar” a las familias.
Desde la PAG ya han anunciado que agotarán todas las instancias judiciales españolas hasta llegar, si es necesario, al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, ha aseverado a Europa Press Nuria Ramos, una de las portavoces, para quien la detención de los compañeros que hoy se iba a juzgar fue “ilegal”. “Hace falta un punto y final”, ha abundado, lamentado la impunidad y las irregularidades que está habiendo en todo el proceso.
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