ALBACETE, 17 (EUROPA PRESS)
El alcalde de Albacete, Manuel Serrano, ha lamentado y mostrado su rechazo ante la “imposición” del Gobierno de Castilla-La Mancha que obliga a todos los ayuntamientos de la región a implantar “un nuevo impuesto que hará que tengamos que pagar una factura del agua más cara desde el 1 de enero de este año”. Por ello, ha anunciado que reclamará a la Junta que devuelva al Ayuntamiento todo el dinero que recaude en la ciudad.
En una rueda de prensa en la que ha estaso acompañado por los concejales del equipo de Gobierno Alberto Reina y Carlos Calero y el director gerente de Aguas de Albacete, José Belda, Serrano ha criticado que la implantación de este nuevo impuesto “se hizo con nocturnidad y alevosía”, una vez que la Junta publicó el 31 de diciembre de 2024 la resolución para la aplicación y recaudación de este nuevo canon medioambiental con efectos del día siguiente, 1 de enero de 2025, tras meses postergando su puesta en marcha, según ha informado el Ayuntamiento albaceteño en nota de prensa.
Serrano ha asegurado que la implantación de este nuevo impuesto “va en contra de los intereses de Albacete y de los albaceteños” que tendrán que hacer “un esfuerzo suplementario” para “pagar un nuevo canon implantado por la Junta”, del mismo modo que es “injusto” recordando que “ya pagamos otros impuestos por abastecimiento como la planta de tratamiento de agua potable (ETAP), que acabamos de terminar de pagar a Acuamed; la ósmosis, por la que se paga un canon a la Confederación Hidrográfica del Júcar; también tendremos que pagar la nueva depuradora que se está construyendo; pagamos nuestra potabilización; nuestras obras de saneamiento y la mejora de todas las redes de agua”.
El alcalde ha anunciado que el Ayuntamiento de Albacete reclamará la devolución de la totalidad del dinero recaudado en la ciudad para poder acometer “lo que viene haciendo hasta ahora, como es la renovación de todas nuestras redes de saneamiento, abastecimiento y alcantarillado para ser más eficientes”.
CARTA DEL ALCALDE
Además, junto a la próxima factura del agua, Manuel Serrano ha señalado que los albaceteños recibirán una carta del alcalde explicándoles que ni Aguas de Albacete ni el propio Ayuntamiento son los responsables de este nuevo impuesto que recibirán en el recibo del agua, sino que “estamos obligados a su aplicación, siendo la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha la única responsable de la aplicación y posterior gestión de la recaudación tal y como recoge en la legislación aprobada”.
El alcalde de Albacete ha explicado que la Junta obliga a los ayuntamientos a iniciar la aplicación de este nuevo impuesto “sin resolver un gran número de dudas que se plantean al respecto”, como por ejemplo “la manera de aplicar las bonificaciones, no se sabe tampoco dónde se tienen que dirigir los ciudadanos para solicitar las bonificaciones o resolver las reclamaciones sobre la aplicación de este canon”.
Según ha señalado Manuel Serrano, el Consistorio albaceteño “está obligado por ley a cobrar más a los albaceteños por beber la misma agua”, explicando que “se estima que tendremos que recaudar y enviar a la Junta desde el Ayuntamiento de Albacete cerca de 4 millones de euros al año para que nos devuelva apenas el 25 por ciento de lo recaudado para realizar inversiones, según las previsiones realizadas por Aguas de Albacete”.
RECAUDACIÓN DE MÁS DE 3 MILLONES
Concretamente, el alcalde ha detallado que según estas estimaciones se calcula que el Ayuntamiento tendrá que recaudar 2,2 millones de euros más de los hogares albaceteños, 800.000 de las zonas industriales, 280.000 del comercio y hostelería, casi 100.000 más de grandes consumidores y 600.000 del propio Ayuntamiento.
Un canon que, tal y como ha señalado Manuel Serrano, tenían previsto aplicar antes de las pasadas elecciones municipales y suspendieron su entrada en vigor por un mero “cálculo electoral”, asegurando que “la Junta justifica esta subida en temas medioambientales para hacer inversiones en las redes para que sean más eficientes, pero lo cierto y verdad es que de los casi 4 millones de euros que va a recaudar en la ciudad Albacete, solo devolverá 800.000 euros para acometer inversiones”, asegurando que “el objetivo y la prioridad fue siempre recaudar”.
Manuel Serrano ha afirmado que “absolutamente todos notaremos esta subida en la factura del agua que será sangrante para las familias que ya están bastante exprimidas por los numerosos impuestos que se han venido implantando e incrementando en los últimos años”, explicando que por ejemplo un hogar de cuatro miembros, con un consumo medio de 21 metros cúbicos, notará una subida de hasta el 15 por ciento, lo que se traduce en unos 24 euros al año”.
El alcalde ha asegurado que, si las familias se verán muy perjudicadas por la aplicación de este canon medioambiental, el tejido empresarial también, en especial aquellos que necesitan un mayor consumo de agua, como lavaderos de coches o peluquerías, que tendrán que pagar hasta 130 euros más al año con incrementos cercanos al 14 por ciento, así como lavanderías, con 10.000 euros más de gastos al año, y el sector hostelero, con hasta 800 euros más al año en consumo de agua.
Manuel Serrano ha explicado que las que más verán afectadas sus cuentas serán las grandes empresas, especialmente las que requieren de un mayor consumo de agua como compañías de congelados, que tendrá que pagar casi 65.000 euros más al año, empresas de reciclaje con 58.000 euros más al año, matadero de pollos con 33.000 euros más, los hoteles, que podrían superar los 12.000 euros anuales de incremento, y un centro comercial hasta 7.000 euros más que sin la aplicación del canon medioambiental.
Del mismo modo, el Sescam tendrá que pagar 15.000 euros más de consumo de agua y para una gran comunidad de vecinos podría alcanzar hasta los 12.000 euros, e incluso algunas de nuestras asociaciones sociosanitarias podrían ver incrementada su factura anual hasta en 2.500 euros o el propio Ayuntamiento, que tendrá que pagar 600.000 euros más por el consumo de agua durante 2025.
Manuel Serrano no entiende cómo el Gobierno autonómico ha decidido aplicar este nuevo impuesto entre los castellanomanchegos “cuando el 13 por ciento de la población tiene dificultades severas de llegar a fin de mes y el 43 por ciento está en riesgo de pobreza o exclusión social, según datos que se desprenden de la Encuesta de Condiciones de Vida de 2024 que acaba de publicar el Instituto Nacional de Estadística”.
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