ALBACETE, 10 (EUROPA PRESS)
Este viernes ha comenzado en la Audiencia Provincial de Albacete, con la elección del jurado popular, el juicio contra dos acusados –F.M. e I.F–, del homicidio de un anciano en Alborea (Albacete), tras entrar a robar en su casa en 2014, por el que el Ministerio Público pide un total de 18 años de cárcel –15 por homicidio y tres por un delito de robo con violencia con grado de tentativa–.
Tras la elección del jurado popular, las partes han desarrollado sus alegatos y, a lo largo de la semana que viene, se realizará la presentación de pruebas y testigos y el interrogatorio de los dos acusados a la espera de una sentencia.
Las defensas de los dos acusados del homicidio han pedido la absolución de sus clientes afirmando que los hechos descritos por las acusaciones “no se corresponden con la realidad”.
El abogado de F.M. ha rechazado la acusación de delito de robo debido a que “es imposible demostrar que se hubiera robado bien alguno de ese domicilio, que era un estercolero porque su dueño padecía síndrome de Diógenes”.
El abogado de I.F. ha insistido al jurado en que se “base sólo en certezas” para evitar que personas inocentes puedan acabar en la cárcel. “Es su labor escuchar a los testigos, valorar las pruebas y decidir su credibilidad y veracidad”, les ha recordado.
La acusación de la Fiscalía, dirigida por el Fiscal Jefe de la Audiencia Provincial –quien en el momento en que se abrió instrucción era el fiscal del Juzgado de Instrucción de Casas Ibáñez encargado de la investigación– ha mantenido que ambos acusados se trasladaron a Alborea con la intención de cometer un robo.
“Eran conocedores de que esta persona de 70 años, huraña, que vivía sola, tenía tierras, contrataba jornaleros y pagaba siempre en efectivo. Debieron pensar que tendría una buena cantidad económica en su domicilio y que podrían apropiarse de ella de manera ilegal con poco esfuerzo”, ha argumentado el fiscal.
Según ha expresado, los dos sospechosos entraron en la casa de la víctima, J.Ñ.V, situada en el número 72 de la localidad albaceteña de Alborea, en la noche del 11 de noviembre de 2014 a través del patio de la vecina y sin consentimiento alguno. Una vez dentro “se produjo un imprevisto al encontrarse con la víctima” y le propiciaron una brutal paliza acorde a las múltiples contusiones y fracturas con las que se halló el cuerpo. Después “se le abandonó a su suerte”, produciéndose el fallecimiento a causa del ataque entre 12 y 72 horas después, lo que en su opinión evidencia “un desprecio por la vida de la víctima”.
El fiscal ha recordado que el “arduo procedimiento de investigación llevado a cabo por la Guardia Civil y la Policía Nacional” se prolongó durante más de ocho años y se inició días después del homicidio, cuando el cadáver fue encontrado por un sobrino de la víctima que acudió a la vivienda ante las alarmas de los vecinos del pueblos debido a la ausencia en el pueblo del anciano.
Algunas de las principales pruebas esgrimidas han sido los restos de ADN de I.F. encontrados en las uñas de la víctima y un testigo que los vio abandonar la vivienda en la noche de los hechos. Respecto al delito de robo, el fiscal ha detallado que “sólo se ha podido demostrar la intencionalidad debido a que el estado de la vivienda y el desconocimiento de lo que contenía impiden saber qué pudo ser sustraído”.
CRIMEN PLANIFICADO
La Fiscalía pide un total de 15 años de prisión por el delito de homicidio y tres años por el delito de robo, así como seis años de libertad bajo vigilancia una vez cumplidos y una indemnización de 90.000 euros para la hermana del difunto. Por su parte, la acusación particular que dirige el letrado de la familia de la víctima pide 14 años de cárcel, ocho de libertad vigilada y una indemnización de 120.000 euros por ambos delitos.
El Ministerio Fiscal considera que la víctima “era un objetivo de un crimen planificado” y que cuando se topó con los acusados “los reconoció”, lo que los llevó “sin ningún género de dudas a acabar con su vida, que era lo que buscaban los autores”.
De su lado, la acusación particular ha incidido en el hecho de que los sospechosos “eran personas que se dedicaban a ejecutar robos por todo el territorio español” y que fueron identificados gracias a un detallado proceso de investigación por parte de médicos forenses y los agentes de la Guardia Civil.
F.M. e I.F. de 39 y 49 años de edad, ciudadanos rumanos, fueron detenidos en Reino Unido y Rumanía en el marco de la operación Avalon en noviembre de 2022 a través de la colaboración de la Interpol y las fuerzas de seguridad británicas y rumanas, después de ocho años de investigación. Ambos fueron extraditados y puestos a disposición del Juzgado de Instrucción de Casas Ibáñez, con un decreto de prisión provisional comunicada y sin fianza.
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