CIUDAD REAL, 17 (EUROPA PRESS)
El vicepresidente segundo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero, ha defendido el derecho de los municipios a rechazar plantas de biometano, poniendo como ejemplo al Ayuntamiento de Carrión de Calatrava en su gestión para evitar la instalación de una planta en su término municipal, a través de la modificación de su normativa urbanística, y ha pedido al Ayuntamiento de Torralba de Calatrava que actúe en su mismo sentido.
Así lo ha señalado este lunes el vicepresidente segundo de la Junta, a preguntas de los periodistas, tras las manifestaciones que se han producido en estos municipios del Campo de Calatrava y donde dos empresas están interesadas en poner en marcha dos plantas de producción de biometano.
Antes de nada, Caballero ha recordado que el Ejecutivo autonómico apuesta por las energías renovables, incluido el biometano, siempre que haya “consenso social” y se garantice su compatibilidad con el entorno.
En este sentido, ha subrayado que el biometano es un gas limpio generado a partir de residuos del sector agroalimentario, como las vinazas de las bodegas, los alpechines de las almazaras o los excrementos del ganado.
“Igual que defendemos la energía solar y eólica, defendemos también el biometano. Ahora bien, el problema es la ubicación de estas plantas y ahí los ayuntamientos tienen un poder de decisión importante para que, junto con las empresas, decidan dónde instalar esas plantas”, ha señalado.
Como ejemplo, ha citado el caso de Carrión de Calatrava, donde el alcalde ha determinado que la ubicación propuesta no era la adecuada y ha iniciado la modificación de las normas urbanísticas para impedir su construcción.
Por ello y ante el rechazo social de la construcción de la planta en el término municipal de Torralba de Calatrava, el vicepresidente segundo ha pedido a la alcaldesa de este municipio, la ‘popular’ María Antonia Álvaro, que “escuche a sus vecinos” y siga la misma línea de actuación que ha seguido el Ayuntamiento de Carrión, el cual ya ha iniciado los trámites para modificar su normativa urbanística con el fin de evitar la implantación de este tipo de industrias en su término.
“Desde la Junta lo que pedimos es consenso social. Nosotros tramitamos los proyectos que nos llegan, pero la decisión sobre la ubicación concreta es suya, y estamos en condiciones de escuchar lo que decidan”, ha aseverado.
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