CUENCA, 20 (EUROPA PRESS)
El Partido Popular de Cuenca pide la suspensión temporal del macrovertedero de Almonacid del Marquesado y que se depuren las responsabilidades políticas que puedan derivar una vez que la planta se ha visto involucrada en una investigación internacional de tráfico de residuos, algunos de ellos peligrosos.
El presidente del PP conquense, Benjamín Prieto, el portavoz de la formación en la Diputación de Cuenca, Cayetano Solana, y la alcaldesa de Tresjuncos, Marisa Ramírez, han comparecido en rueda de prensa para informar de una reunión que han mantenido con representantes de quince ayuntamientos de la comarca para valorar las posibles consecuencias negativas para los pueblos.
Tras este encuentro, al que han acudido alcaldes y concejales ‘populares’ y de la formación independiente que gobierna en Almendros, desde el PP solicitan la suspensión temporal de las actividades que se están llevando a cabo en el vertedero de Almonacid porque no se está cumpliendo con lo que marcaba la declaración ambiental, según los datos que han recabado de la propia Consejería de Desarrollo Sostenible y porque consideran que se está superando la cantidad máxima de residuos, que era de 300.000 toneladas al año.
Para obtener información sobre los efectos en la zona van a pedir a la Diputación que elabore, aprovechando su convenio con el Instituto Geológico Minero un estudio exhaustivo y pormenorizado de cuál es la situación de las aguas del subsuelo, de las propias tierras, del entorno del vertedero y del aire, así como un estudio de todos los expedientes que ha sufrido el vertedero desde su puesta en funcionamiento “con el objetivo de que se depuren responsabilidades políticas de todos aquellos que han estado haciendo la vista gorda en los últimos años”, ha denunciado Solana.
El portavoz del PP en la Institución provincial ha repasado distintas irregularidades que se han producido en esta instalación desde su puesta en funcionamiento, entre ellas que estuvo un tiempo operando sin planta de valorización y que hubo un incendio que provocó daños en la celda de vertido.
Solana ha denunciado el funcionamiento “opaco” de esta planta, que han intentado visitar a través de peticiones a la empresa que no han tenido respuesta.
También han remitido numerosas preguntas sobre el vertedero tanto en el ayuntamiento de Almonacid como en el propio vertedero y en las Cortes de Castilla-La Mancha.
“Llevamos años pidiendo al alcalde Álvaro Martínez Chana que la empresa se ajuste a la legalidad y no concebimos que prefiera defender a una empresa delictiva que hace negocios con la mafia napolitana en vez de proteger la salud pública de los vecinos de su pueblo”, ha criticado el portavoz del PP, quien ha reprochado al también presidente de la Diputación que, en sus declaraciones sobre la operación policial, celebrara que la planta siguiera funcionando con normalidad.
COMISIÓN EUROPEA
Por su parte, el presidente del PP conquense y alcalde de Fuentelespino de Haro, pueblo próximo a Almonacid, ha insistido en la “opacidad y la inseguridad” que han rodeado estas instalaciones desde su puesta en funcionamiento.
Prieto ha invitado a los periodistas a acercarse a la zona cualquier día del año para comprobar cómo llegan al vertedero en torno a ochenta camiones procedentes de España y, según se ha desvelado ahora en esta investigación de la Guardia Civil, también de Europa.
El presidente del PP considera que hay que depurar responsabilidades públicas “porque la administración no está cumpliendo con el control de las prácticas que una empresa puso en el expediente” y por ello los pueblos han solicitado una reunión con el alcalde de Almonacid “ya que su postura sigue siendo inamovible respecto a lo que allí se hace”.
Respecto a estas responsabilidades, Prieto ha apuntado que “aquí hay una competencia clara que no se está llevando a cabo desde el Gobierno del señor Page, tanto desde la Delegación de Desarrollo Sostenible como desde la Consejería, que es la del cuplimiento de la declaración ambiental”, pero también ha señalado que la Confederación Hidrográfica del Guadiana, “que es quien tiene que velar por la calidad de las aguas del acuífero afectado”.
Los alcaldes de la zona tienen pensado trasladar preguntas sobre esta investigación a la Comisión Europea y los servicios jurídicos de los ayuntamientos están recabando informes de cara a posibles acciones legales.
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