A Grandastur 2007 SL, con sede en Avilés, por obras de ascensores que dejó sin terminar, y por las que también hay tres autónomos afectados
SANTANDER, 26 (EUROPA PRESS)
Una treintena de comunidades de vecinos, la mayoría de Cantabria pero también de Asturias, han denunciado a una empresa con sede en Avilés por una “estafa” de cerca de tres millones de euros, por obras de instalación de ascensores cobradas e iniciadas pero que, según aseguran, dejaron sin acabar.
En concreto, esta situación se ha producido en al menos 26 comunidades cántabras, de Castro Urdiales, Laredo, Santoña, Colindres, Noja, Ajo, Reinosa, Santander y Arce, en Puente Viesgo, y en cuatro asturianas, dos de Oviedo y otras tantas de Avilés, y se han visto afectados además tres trabajadores autónomos, han traslado los denunciantes a Europa Press.
Según han explicado a esta agencia, el asunto está ya en manos de abogados y se han interpuesto las primeras demandas en la vía judicial.
Destacan al respecto que la “estafa” ha sido realizada por Grandastur 2007 SL, una empresa “con trayectoria” y, además, “de la mano” de una multinacional, OTIS, que “parece que después de recomendarla se quiere limpiar las manos”.
A juicio de los demandantes, la firma líder mundial en fabricación e instalación de ascensores sería responsable civil subsidiario de lo ocurrido, pues “fue quien mandó” la subcontratación de la empresa de Avilés para la obra civil.
Uno de los vecinos afectados, de una comunidad de las dos comunidades de Castro Urdiales que han denunciado lo ocurrido, ha detallado a esta agencia que en noviembre de 2022 celebraron sendas juntas, la primera para pedir presupuestos para instalar ascensores y mejorar la accesibilidad en sus edificios y la segunda para evaluar la oferta presentada por Grandastur “de la mano” de OTIS.
Decidieron aceptar esta propuesta y en diciembre de ese año abonaron la primera mensualidad de la derrama, que continuaron pagando a lo largo de 2023 y sin que se iniciaran las obras.
Los trabajos comenzaron en enero de 2024 y se prolongaron durante “un mes” en el que “destrozaron” el acceso a los edificios y luego “desaparecieron” y “dejaron de contestar” a los afectados, que se han visto obligados a acudir a la vía judicial.
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