Critican también los “recortes” en los equipos de orientación educativa
SANTANDER, 2 (EUROPA PRESS)
El Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Enseñanza de Cantabria (STEC) ha denunciado el “trato de favor” de la Consejería de Educación del Gobierno regional a los colegios privados y concertados al mantener unidades concertadas con unos volúmenes de matrícula “muy bajos”, que en la red pública serían motivo inmediato de “su supresión”.
Para el sindicato, la planificación del próximo curso no puede “seguir obviando” el descenso demográfico y la reducción de matrícula durante los últimos diez años en Cantabria; y “la otra red sostenida con fondos públicos (la de centros concertados) debe asumir también las consecuencias de la falta de matrícula”.
STEC ha explicado que mientras en los distintos niveles de Primaria en centros públicos se exige superar los 25 alumnos por aula para desdoblarla en dos grupos; en la privada se mantienen dos unidades concertadas, cuando suman una matrícula de 25 alumnos “o incluso con menos de 25”, algo que consideran “intolerable”.
Por ello, las representantes del sindicato Belén González y Míriam Gómez han pedido hoy en rueda de prensa una explicación pública de la Consejería de Educación sobre por qué mantiene “criterios diferentes, especialmente en la etapa de Primaria, a la hora de planificar (y financiar) la red pública y la privada”. “La Administración debería ser especialmente cuidadosa para no provocar los agravios comparativos que estamos denunciando”, han señalado.
Además, han asegurado que STEC ha formulado una denuncia por escrito en la Consejería, al igual que en los dos cursos anteriores, subrayando que habría que suprimir 25 unidades de la red privada concertada de Cantabria: 2 de la etapa de Infantil, 18 de Primaria y 5 de ESO.
“El ahorro que supondría la reducción de estos 25 conciertos para las arcas públicas de Cantabria sería de 1,17 millones de euros anuales y afectaría a 17 colegios, un tercio de la red privada concertada de Cantabria”, ha incidido González, quien considera que la situación “no tiene ninguna justificación”, y más cuando la enseñanza pública es cada vez más demandada.
En este sentido, ha detallado que en el curso 2006-2007 (curso en el que arranca el reciente estudio de STEC) la enseñanza pública escolarizaba, desde Infantil hasta Bachillerato, al 65,9% del alumnado de Cantabria, frente al 34,1% de la privada; “en el curso actual la correlación es 71,6% y 28,4% a favor de la pública”, ha afirmado González.
Por todo ello, STEC ha vuelto a hacer un llamamiento público a la Consejería de Educación para que “deje de sostener mediante conciertos las aulas de centros privados que no cumplen con los requisitos de matrícula”, y termine con el “trato de favor que viene dispensando a la red privada” de centros de Cantabria.
Además, en esta denuncia, STEC incluye la situación de los servicios de orientación educativa en general y, en concreto, el que se presta desde los equipos de orientación, ya que, según ha dicho Gómez, al finalizar el curso pasado y “sin ningún aviso ni negociación previa”, la Consejería tomó la decisión de empezar a concertar por primera vez en Cantabria la orientación de centros privados.
“La medida despertó una lógica indignación entre los profesionales que trabajaban en la red pública (orientadores o profesorado de Servicios a la Comunidad) porque suponía dejar en manos privadas una serie de aspectos muy sensibles del sistema educativo como los dictámenes de escolarización o los diagnósticos del alumnado, así como la pérdida de puestos de trabajo”, ha subrayado Gómez.
Además, ha criticado que la consejera de Educación, Marina Lombó, tras las protestas que se desarrollaron al final del curso pasado, se comprometió a que esta medida “no iba implicar la pérdida de ninguna plaza de la plantilla jurídica de los equipos de orientación”.
Al hilo de ello, la responsable del sindicato ha manifestado que acaban de tener conocimiento de que al menos en varios equipos de Cantabria se ha planificado, de cara al curso próximo, “la supresión de varios puestos” algo que ha considerado “vergonzoso”.
“Es vergonzoso que de nuevo se perjudique al servicio educativo público mientras se destina una parte de los presupuestos de Educación a sostener orientadores privados, y resulta igual de impresentable que todas las medidas que se están tomando relativas a la orientación se estén desarrollando a espaldas de los profesionales implicados en ellas y sin ningún tipo de negociación con los sindicatos”, ha sentenciado Míriam Gómez, quien ha avanzado que STEC pedirá una explicación de lo que está ocurriendo y exigirá que se abra una mesa de negociación para abordar estos temas.
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