“La Consejería de Sanidad defiende un sistema sanitario público, universal, gestionado públicamente, de calidad, eficaz, eficiente, suficientemente financiado, sostenible e inclusivo, que elimine cualquier discriminación“. Son palabras de la consejera de Sanidad, María Luisa Real, en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), donde ha agradecido públicamente a la ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Carmen Montón, “la reorientación de la agenda política sanitaria para recuperar los derechos perdidos en el ámbito de la protección de la salud“, un objetivo para el que Real ha ofrecido “máxima colaboración” porque desde el Gobierno de Cantabria se comparten los mismos valores y principios.
El departamento que dirige Real defiende el derecho a la protección de salud como un derecho humano fundamental, un derecho de ciudadanía que como tal debe estar recogido en la Constitución. Por eso, desde el comienzo de esta legislatura las líneas fundamentales de actuación han sido la lucha contra las desigualdades en salud y el fortalecimiento, modernización y mejora de la calidad del sistema sanitario público.
En este contexto, la consejera se ha referido al Real Decreto 16/2012 como el “mayor retroceso que ha sufrido nuestro sistema nacional de salud en toda su democracia y un ataque directo a sus ejes fundamentales como son la equidad, la igualdad y la solidaridad”. Un Real Decreto que expulsó, según ha dicho, a miles de personas, no solamente extranjeros, sino también nacionales, entre los colectivos más vulnerables.
Cantabria revertió esta situación, de tal manera que desde agosto de 2015 reguló la posibilidad de que la atención sanitaria se diera en condiciones de igualdad para todos los ciudadanos residentes en la comunidad independientemente de su situación administrativa “no por caridad, sino por una cuestión de justicia, dignidad y decencia, además de para evitar un problema de salud pública”.
Esta regulación, ha dicho Real, fue recurrida por el Estado y aún está pendiente de resolución judicial definitiva; por eso, la recuperación de la universalidad “aumentará la seguridad jurídica de los profesionales y de las administraciones de las Comunidades Autónomas”.
La consejera de Sanidad se ha pronunciado en estos términos durante la inauguración hoy del XI Encuentro interautonómico sobre protección jurídica del paciente como consumidor, que se desarrolla durante toda la semana en el marco de los cursos de verano de la UIMP, organizado por la Consejería de Sanidad en colaboración con los Gobiernos autonómicos de la Comunidad Valenciana, Andalucía, Cataluña y Asturias.
Junto a la consejera han tomado parte en el encuentro el vicerrector de Internacionalización y del Campus de las Llamas de la UIMP, Eduardo Vázquez; el subsecretario de Sanidad, Consumo y Bienestar Social del Gobierno de España, Justo Herrera, así como los codirectores del seminario, el catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad de Cantabria, Jorge Tomillo, y el jefe de servicio de Asesoramiento Jurídico de la Consejería de Sanidad, Joaquín Cayón.
Recuperación del derecho a la reproducción asistida de todas las personas
La consejera de Sanidad también ha hecho referencia la recuperación del derecho de acceso a las técnicas de reproducción asistida en el sistema sanitario público a las mujeres sin pareja con independencia de su orientación sexual, restringido desde 2014 “por cuestiones absolutamente ideológicas y no económicas como se argumentó”.
Un derecho que Cantabria se apresuró a restituir porque “es realmente sorprendente que una prestación clínica sanitaria, que va dirigida a las personas, se regule en función del modelo de familia” y, además, contrapone todas las resoluciones internacionales tanto la de Derechos Humanos de la ONU como la declaración de derechos fundamentales de la Unión Europea.
Cantabria también se congratula de la recuperación a nivel nacional de este derecho y “que evita una nueva discriminación“.
Programa científico
El XI Encuentro interautonómico sobre protección jurídica del paciente como consumidor reflexionará durante estos días sobre temas candentes de la tutela jurídica del paciente, haciendo especial hincapié en nuevos retos como los test genéticos directos al consumidor, la protección de los menores transexuales o los nuevos criterios jurisprudenciales de imputación en materia de responsabilidad médico-sanitaria.
Además, coincidiendo con el cuadragésimo aniversario de la Constitución, se estudiará su impacto en el derecho a la protección de la salud. Por último, se prestará especial atención a la protección de datos y los problemas que plantea en el ámbito sanitario como el big data o el debate sobre el anonimato del donante de gametos.
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