Los regionalistas reconocen que hay “indicios” de que se ha incumplido la ley y la oposición considera a Zuloaga “el máximo responsable”
SANTANDER, 13 (EUROPA PRESS)
Los grupos que sustentan al Gobierno regional, PRC y PSOE, han tumbado en el Pleno del Parlamento de este lunes una moción del PP que pedía instar al Ejecutivo a concluir en un plazo no superior a diez días la investigación interna iniciada de oficio por la Inspección General de Servicios en torno a las contrataciones que habría hecho Alicia Renedo, en sus etapas como directora general de Igualdad y de Juventud, a entidades relacionadas con una empresaria para la que trabajó.
Regionalistas y socialistas se han posicionado a favor de que esta supuesta “trama” se investigue, pero han votado en contra principalmente porque han considerado que el plazo de diez días era “imposible” de cumplir, teniendo en cuenta que aún se están recopilando todos los contratos del Gobierno y los ayuntamientos con esas sociedades –Ágora, Sórica e Imagina, ligadas a la empresaria gaditana María Luisa Rebolledo Deschamps– y que aún falta por citar y entrevistar a Alicia Renedo y emitir un informe de conclusiones.
De hecho, PRC y PSOE han presentado una enmienda de modificación a la moción del PP señalando que votarían a favor si se ampliaba el plazo a 20 días y se hacían algunos cambios más.
Por ejemplo, suprimían el punto en el que los populares instaban al Gobierno a pedir a los ayuntamientos una relación de los contratos realizados desde el año 2015 hasta la actualidad con la empresaria involucrada y recomendarles que realizaran sus propia investigación interna para aclarar si la contratación reiterada a ésta se hubiera podido realizar también por intervención de Alicia Renedo.
Estos cambios han hecho que el PP no haya aceptado la enmienda, lo que ha llevado a los socios de Gobierno –que tienen mayoría absoluta– a echar abajo la iniciativa, que sí ha contado con el apoyo de todos los diputados de la oposición –PP, Ciudadanos y Vox–.
Tanto el regionalista Pedro Hernando como la socialista Paz de la Cuesta han argumentado que los plazos son “irreales e incumplibles”, aunque los portavoces de los partidos socios en el Gobierno han ofrecido puntos de vista distintos respecto al asunto.
Y es que Hernando ha reconocido que, si bien “no cree que haya un entramado millonario” detrás del ya conocido como ‘caso Renedo’ que implica a sus socios socialistas, sí reconoce que existen “indicios razonables” de un posible “incumplimiento de la legalidad”.
Mientras, De la Cuesta ha defendido que Renedo dimitió simplemente por los “rumores” que la salpicaban, no por haber cometido irregularidades. “Se han asumido de forma inmediata responsabilidades políticas, dando ejemplo de ética”, ha dicho.
De hecho, los socialistas niegan que exista en el partido una trama de contrataciones “a dedo” a las sociedades relacionadas con María Luisa Rebolledo a pesar de que se hayan requerido sus servicios tanto desde las direcciones generales que encabezaba Renedo como desde algunos ayuntamientos porque, como ha venido defendiendo el vicepresidente cántabro y secretario general del partido, Pablo Zuloaga, también han sido contratadas en municipios gobernados por el PP, como Santander.
“Esto deja claro que no hay ninguna trama”, pues de lo contrario el PP “tendrá que pedir explicaciones a la alcaldesa de Santander, Gema Igual”, manifestó Zuloaga el viernes pasado, cuando respondió en comisión parlamentaria a las preguntas del diputado del PP Álvaro Aguirre sobre este asunto. Un argumento que el socialista ha repetido esta mañana, al ser preguntado por la prensa acerca del caso.
12 CONTRATOS “A DEDO”
Mientras, el PP insiste en que Alicia Renedo adjudicó entre 2016 y 2019 un total de 12 contratos menores, y por tanto “a dedo”, a las sociedades Ágora, Sórica e Imagina y a María Luisa Rebolledo por valor de 77.000 euros, y que trabajó para esta empresaria en la etapa en la que estuvo fuera del Gobierno regional, después de ocupar el cargo de directora general de Igualdad y antes de ocupar el de directora general de Juventud, ambos dependientes de la Consejería de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte que encabeza Pablo Zuloaga.
Es por ello que el popular Álvaro Aguirre ha reiterado en el Pleno que tanto Renedo como Zuloaga –por nombrarla y por no exigirla inhibirse– incumplieron la ley de incompatibilidades, que obliga a que transcurran dos años antes de pasar de un puesto público como el que ejercía la primera a una empresa privada.
“Hechos que son de vergüenza nacional”, ha denunciado Aguirre, para quien el asunto “trasciende” a la exdirectora y “se extiende al PSOE” y a los ayuntamientos en los que gobierna, donde ha habido “contrataciones masivas y en grandísima medida otorgadas a dedo” a las citadas sociedades.
Además, los populares quieren conocer las conclusiones de la investigación interna porque temen que lo que se sabe es “solo la punta del iceberg”.
Tanto Cs como Vox han compartido la postura del PP y han criticado la gestión de Zuloaga, a quien responsabilizan como líder socialista y titular de la Consejería. “¿Qué credibilidad tienen ustedes? Si el máximo responsable es Zuloaga y sigue ahí sentado”, ha criticado Aguirre.
“No es un gestor público ejemplar”, ha añadido el portavoz naranja, Diego Marañón, que ha recordado que en esta legislatura también “le han dimitido dos consejeros”: el de Sanidad, Miguel Rodríguez; y la de Economía, María Sánchez. “Si sus apuestas le han salido rana asuma las consecuencias”, le ha pedido.
Finalmente, desde Vox Armando Blanco ha apuntado que el socialista “no ha dado ninguna explicación de por qué Renedo ha dimitido si no forma parte de este entramado”, y ha considerado que PRC y PSOE han tumbado la moción porque instaba a los ayuntamientos a dar información sobre contratos menores y eso “sería un antecedente peligroso para que descubramos otras tramas”.
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