Han presentado una iniciativa parlamentaria conjunta para evitar traslados a otras comunidades y reforzar la seguridad de los abortos
SANTANDER, 14 (EUROPA PRESS)
Los grupos parlamentarios del PRC y el PSOE han presentado una proposición no de ley en el Parlamento de Cantabria para evitar las derivaciones a otras comunidades autónomas de las mujeres que deciden someterse a una interrupción voluntaria del embarazo (IVE) por el procedimiento quirúrgico, indicado entre la semana 9 y la 14 de gestación.
La iniciativa plantea además que los abortos farmacológicos, que se practican en el domicilio cuando el tiempo de embarazo es inferior, puedan realizarse en centros hospitalarios en el caso de mujeres pertenecientes a colectivos vulnerables, con el fin de “preservar su seguridad y su salud”.
Así lo han dado a conocer en un comunicado las diputadas Paula Fernández (PRC) y Nórak Cruz (PSOE), quienes confían en la “receptividad” de los diferentes grupos parlamentarios a su propuesta, con la que quieren garantizar que la interrupción voluntaria del embarazo se realice en su totalidad dentro del sistema sanitario público de Cantabria, sin que las mujeres tengan que salir de sus centros de referencia.
Asimismo, su objetivo es garantizar que las mujeres puedan elegir entre los métodos quirúrgico y farmacológico a la hora de interrumpir su embarazo, “en función de las circunstancias médicas o sociales de cada una”, e instan al Gobierno a promover campañas de información y sensibilización sobre los derechos reproductivos y la disponibilidad de servicios para la interrupción voluntaria del embarazo en el sistema público de salud, dirigidas tanto a los profesionales sanitarios como a las usuarias.
Ambas parlamentarias han recordado que la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo establece que esta prestación debe garantizarse en el sistema sanitario público “de manera equitativa y accesible”, una disposición que, según han denunciado, no cumplen aquellas comunidades autónomas, como es el caso de Cantabria, donde los abortos “siguen dependiendo en gran medida de la derivación a clínicas privadas concertadas”, sobre todo en el caso de los que se realizan por causas médicas o métodos quirúrgicos.
En este sentido y aunque reconocen los avances en la prestación mediante el método farmacológico en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, creen que sigue existiendo “un déficit en la vía quirúrgica”, que obliga a muchas mujeres a desplazarse a otras autonomías para recibir atención.
Según los datos que han dado a conocer, en 2023 se realizaron en Cantabria un total de 915 IVEs, un 5,9% más que el año anterior, de los que el 88,85% fue asumido por el sistema público. Sin embargo, 61 mujeres tuvieron que ser derivadas a clínicas privadas de otros territorios, lo que supone a su juicio “una barrera para el ejercicio de un derecho que asiste a las mujeres y que está reconocido por ley”.
Además, consideran que la falta de atención en centros públicos contribuye a “precarizar el derecho al aborto y a perpetuar las desigualdades territoriales en su acceso”.
Por todo ello, instan al Gobierno a tomar medidas para asegurar la prestación “íntegra, pública y en Cantabria” de este derecho y piden “transparencia” mientras se llega a esa situación, incluyendo la información sobre las derivaciones en el informe anual de la Dirección General de Salud Pública, para permitir así “un control y un seguimiento adecuado”.
“Garantizar el derecho de la mujer a la interrupción voluntaria del embarazo es una cuestión de equidad y justicia social. No podemos permitir que las limitaciones geográficas o administrativas condicionen las decisiones de las mujeres sobre su salud y su futuro”, han concluido.
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