Suponen un incremento de un 3,4% para los servicios de atención residencial y diurna, y de un 2,9% para el servicio de transporte garantizado para grandes dependientes
El Boletín Oficial de Cantabria (BOC) publica la orden por la que se fijan los nuevos precios públicos de las prestaciones y servicios del Instituto Cántabro de Servicios Sociales destinados a la atención a personas en situación de dependencia y que entrarán en vigor a partir de mañana.
Entre las principales novedades, destaca el incremento de un 3,4% para los servicios de atención residencial y diurna, y de un 2,9% para el servicio de transporte garantizado para grandes dependientes.
Así, el precio que el Ejecutivo paga por una plaza en una residencia de 24 horas de un dependiente moderado aumenta de 40,64 a 42,02 euros por un día; en un centro de día, de 33,53 a 34,57 euros, y en una residencia de discapacidad física, de 62,48 a 64,50 euros.
Tales incrementos tendrán aplicación retroactiva desde el 1 de enero de 2018 y suponen una inversión de 2,4 millones de euros, lo que supone un aumento de la brecha con la financiación de la dependencia del Estado, que el año pasado aportó 20,8 millones frente a los 81,2 de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
Con la actualización de los precios actuales, en vigor desde enero de 2014, la vicepresidenta regional y consejera de Universidades e Investigación, Medio Ambiente y Política Social, Eva Díaz Tezanos, “cumplimos el compromiso” con las empresas proveedoras del sector de la dependencia de poner al día los precios que el Gobierno regional paga por las 7.051 plazas públicas que tiene concertadas entre centros residenciales, de día, ocupacionales, de rehabilitación psicosocial, viviendas tuteladas o alojamientos supervisados.
“Mejoramos la sostenibilidad de un sector económico muy importante para el buen funcionamiento del sistema público de la dependencia”, ha destacado Díaz Tezanos, quien defiende la necesidad de proceder a la fijación de nuevos precios públicos a fin de adecuarlos a la situación actual, “sin generar desequilibrios para las entidades prestadoras de los servicios”.
La vicepresidenta ha insistido en que este aumento de los precios públicos supondrá una mejora de la calidad de vida de las personas que viven en los centros y de las condiciones laborales de los trabajadores del sector.
Una mejora “relevante” que se suma al conjunto de medidas puestas en marcha a lo largo de esta legislatura por su departamento en materia de dependencia, tales como la reducción de los copagos en un 18%, la recuperación de la gratuidad de la dependencia, el incremento de la atención domiciliaria y varios planes de mejora en la atención en las residencias de mayores.
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