Denuncian “engaño y afán de lucro” de la propiedad y se concentrarán los domingos en el parque La Bolera y en la plaza del Ayuntamiento
SANTANDER, 28 (EUROPA PRESS)
La Asociación Campistas Fijos-Camping Arenas de Ajo, que aglutina a más de un centenar de familias, ha denunciado la “grave situación” en la que se encuentran por el desalojo del lugar, tras una sentencia que ordena el cese de actividad y la demolición de parte de la instalación, y han anunciado movilizaciones y una querella contra la propiedad por un delito continuado de estafa.
“Se vulneran nuestros derechos y se pone en riesgo la inversión de cientos de personas”, señalan los afectados, en su mayoría vascos, en un comunicado remitido a los medios tras conocer el fallo, firme, del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) a través del alcalde, Pedro Prieto, que también se lo ha confirmado a Europa Press.
La resolución obliga al cese de actividad de las parcelas en suelo “ilegal” tras ampliaciones hechas -según los campistas- “sin permiso ni licencia” y de forma “clandestina” por la dirección desde 2008, a la que afean el “engaño”.
En concreto, por “ocultar” esa situación de ilegalidad en el momento de la venta de los ‘mobil homes’ (segundas viviendas) destinados a dicho suelo y, después, con el pago del alquiler anual por las parcelas “ilegales” que ocupan.
Esto supone un “perjuicio” para los campistas fijos y sus casas allí ubicadas, que han sufrido el corte del suministro de luz y agua del Ayuntamiento de Bareyo y pese a estar vigentes todos los contratos, como apunta la asociación.
Se constituyó en 2019 tras conocer que el camping se enfrentaba a resoluciones “adversas” de la Consejería de Turismo del Gobierno de Cantabria, pero aseveran que no han sabido hasta ahora “la magnitud ni la gravedad” de los problemas urbanísticos que han provocado la orden de cese.
AFÁN DE LUCRO
Frente a ello, denuncian, la dirección del camping “ha propiciado la venta y alquiler en la zona ilegal por un mero afán de lucro”, y lo ha hecho -apuntan- “exigiendo comisiones en efectivo y sin factura”, para autorizar la venta de los módulos o ‘móbil homes’, ascendiendo los cobros más recientes a “6.000 euros”.
Y además, añaden, ha impuesto subidas “abusivas” del alquiler anual, sin proporcionar “más y mejores” servicios, y el pago de la electricidad, que “no” figuraba en el contrato inicial, a un precio “tres veces superior” al mercado y emitiendo factura, lo que “incrementa el dolo y engaño” a los campistas fijos.
Afirman que el valor medio de sus propiedades en la zona ilegal es de 35.000 euros por unidad, con lo que el montante global supera los dos millones de euros. Sobre la retirada de las mismas, dicen que es “inviable” por el riesgo de pérdida parcial o total, así como por el “elevado” coste que supone y que muchos afectados no pueden asumir.
ACCIONES LEGALES Y CALENDARIO DE MOVILIZACIONES
“La situación de indefensión y vulneración de nuestros derechos fundamentales es evidente”, alegan para justificar la presentación de un incidente de nulidad de actuaciones ante el Consistorio para que se les reconozca como interesados directos en el proceso.
Además, están preparando una querella que presentarán “pronto” en los tribunales contra la propiedad del camping Arenas de Ajo por un delito continuado de estafa.
Y no descartan más acciones legales por la “inacción” de la dirección ante “los saqueos” de personal ajeno al camping en las propiedades en la zona ilegal. Finalmente, llaman a la solidaridad y apoyo de otros campistas y de la sociedad ante esta “estafa”.
Así, convocan a concentraciones en el parque de La Bolera a las 12.30 horas este próximo domingo, 2 de marzo, el día 23 y el 13 de abril, y el 21 de ese mes a la misma hora en la Plaza frente al Ayuntamiento.
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