Aseguran que en la mercantil cumplían las “órdenes” de su padre sin plantearse que su actuación pudiera resultar delictiva
SANTANDER, 25 (EUROPA PRESS)
Las dos hermanas acusadas de impedir el cobro de una deuda de 739.000 euros contraída con la Seguridad Social por una mercantil, de la que una era administradora única y la otra era socia y apoderada, han argumentado que todas las decisiones sobre la empresa las tomaba su padre, ya fallecido.
“Él hacía y deshacía”, ha afirmado la hermana que ejercía de administradora única en el juicio que ha comenzado este martes contra ellas en la Audiencia Provincial y que está previsto que se prolongue hasta el jueves.
Esta acusada ha reiterado que, incluso después de que su padre dejó en 2012 de estar al frente de la compañía, y en el momento en que sucedieron los hechos de los que se les acusa –en 2017–, ellas hacían lo que él les “ordenaba”, algo en lo que también ha coincidido la otra hermana acusada.
Además, la administradora única ha afirmado, a preguntas de la fiscal, que en ningún momento se planteó que con las acciones que llevó a cabo la empresa, y que acabaron imposibilitando que la Seguridad Social cobrara la deuda, podían estar haciendo algo delictivo. “Si me lo hubiera planteado, no lo habría hecho”, ha aseverado la acusada, que ella “hacía lo que le mandaba su padre”, del que se “fiaba al 100%”.
Según la Fiscalía, cuando la Tesorería de la Seguridad Social declaró la deuda y acordó el embargo cautelar de algunas fincas propiedad de la mercantil, las hermanas, conocedoras del expediente y para impedir el cobro de ésta, acordaron reducir el capital social de la compañía, adjudicándose la titularidad de unas propiedades en el Sardinero –dos inmuebles y dos garajes– pertenecientes a la empresa y sobre las que había recaído una embargo cautelar por parte de Hacienda. Además, tampoco se pudieron embargar otras fincas ya que las acusadas formalizaron una hipoteca sobre las mismas.
Para el ministerio público, estos hechos constituyen un delito continuado de frustración a la ejecución, por el que solicita una pena de cinco años de prisión para cada una de ellas, así como una indemnización a la Tesorería General de la Seguridad Social en la cantidad que se acuerde en la sentencia en concepto de responsabilidad civil.
Por su parte, la Tesorería, que ejerce la acusación particular, solicita la misma pena.
La administradora única ha explicado que “para nada” esa operación de reducción de capital y adjudicación a ella y a su hermana de esas fincas –que eran sus propias viviendas y que las habían incorporado en 2015 a formar parte del capital de la empresa– fue para evitar que la Seguridad Social cobrara la deuda.
Ha señalado que recuperaron esas propiedades para sí para poder venderlas y hacer frente a una cantidad que les reclamaba Hacienda por la deuda de otra compañía.
Además, tanto ella como su hermana, cuestionadas si no fueron conscientes de que sacar del capital social estas fincas suponía una descapitalización importante para la empresa y le causaba perjuicio, han afirmado que consideraban que en la empresa poseía bienes “suficientes” para que la Seguridad Social pudiera cobrar la deuda.
La otra hermana acusada, la que era apoderada y tenía una participación en la empresa, ha asegurado que ella “no se enteraba mucho” de lo que pasaba en la mercantil pese a que era apoderada y tenía una participación en la misma.
“Mi padre nos ponía de socios en casi todo”, ha señalado esta acusada, que, como su hermana, ha señalado que “las órdenes las daba siempre mi padre” y ella “hacía lo que le mandaba”, “estuviera de acuerdo o no”.
El juicio ha arrancado a las 10.00 horas con las cuestiones previas, en las que tanto la defensa como el abogado que representa a la Seguridad Social han aportado una serie de pruebas documentales.
Tras ello, ha habido un receso de aproximadamente una hora para que las partes y los miembros de la Sala pudieran analizar esa documentación y después se ha retomado la sesión.
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